Por Ramiro Coelho *
Luego de un mes de intensos conflictos en varias localidades del país en torno acceso a la tierra para vivir y producir, el desenlace de proceso de relocalización de lxs vecinos del Barrio Bibiana II en el Municipio de Moreno muestra otra cara del rol que puede cumplir el Estado a la hora de garantizar el derecho a la vivienda, sin vulnerar el derecho a la propiedad.
El gobierno de la intendenta Mariel Fernández, a través de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, logró mediar en un conflicto suscitado en noviembre del año pasado, a partir de la ocupación de un predio por parte vecinxs que reclamaban un espacio donde vivir. “Era una toma heredada de la anterior gestión, pero ni bien asumimos nos pusimos a trabajar en su resolución“, contó Noelia Saavedra, secretaria de Desarrollo Comunitario, en Radio Gráfica.
La jueza Celina Ardohain, a cargo del Juzgado de Garantías Nº 3 de Moreno – General Rodríguez, había emitido un fallo a favor de la empresa Bell Agro SA, que reclamaba la posesión del predio. A partir de entonces, el Municipio comenzó a desarrollar una estrategia de relocalización en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, la Defensoría de Pueblo del mismo distrito y el Ministerio de Seguridad con el fin de relocalizar a lxs vecinxs en los Barrios Manantiales Sur y Cascallares a fin de cumplir el fallo y, al mismo tiempo, garantizar el derecho a la vivienda.
“El proceso contó un importante trabajo articulado entre las diferentes reparticiones municipales y provinciales con el fin de llegar a una resolución pacífica a través del diálogo”, expresó Saavedra.
La población incluida en este proyecto está integrada en su mayoría por trabajdorxs de la economía popular de desarrollan actividades laborales no registradas, lo que les impide acceder a un alquiler en condiciones legales y, mucho menos, a un crédito para la vivienda. El otorgamiento de créditos para el pago los terrenos con urbanización y el apoyo en la construcción, solo fue posible a través de la acción del Estado, que logró garantizar tanto el derecho a la vivienda, como el derecho a la propiedad privada de la empresa en conflicto.
La respuesta estatal difiere diametralmente a las dadas por el Municipio de Guernica, que puso en primer plano el derecho a la propiedad de la empresa Bellaco, SA, la cual mantiene deudas impositivas ante el Estado. Cuestión que pone en duda su legitimidad y abre la discusión respecto de la doble vara que algunas administraciones usan para resolver conflictos de este tipo, ante la presión de sectores empresariales poderosos, desoyendo el reclamo de amplios sectores sociales por el derecho a la vivienda.
(*) Columnista de economía popular en Abramos la Boca.
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