Un financista que aparece de un día para el otro con un boleto de compraventa, un Poder Judicial que toma el reclamo y autoridades políticas que parecen avalar la maniobra. Esa es la situación que enfrenta la Cooperativa 1° de Mayo de General Roca, Río Negro, que resiste una orden de desalojo tras más de 10 años de actividad y una ley de utilidad pública que avala el funcionamiento de la cooperativa.
Aprietes de un juez, de las autoridades políticas y fuerzas policiales. Eso es lo que está sufriendo la Cooperativa de Trabajo 1° de Mayo encargada de gestionar un aserradero en General Roca, provincia de Río Negro. Vienen resistiendo a una orden de desalojo motorizada por el financista, Mario López, al que apuntan tener estrechos vínculos políticos en la región. De producirse la medida, peligran los 38 puestos de trabajo.
Vale la pena repasar la historia para comprender mejor el cuadro de situación. El origen de la cooperativa se remonta a hace más de 10 años. Uno de sus integrantes, Omar Carrasco, da los detalles: “El vaciamiento comenzó en 2009. El dueño de lo que entonces era Embalajes S.A. dejó de pagar salarios, aguinaldos y vacaciones. A fines de 2009 un día aparece, cierra las puertas de la empresa y se va. Nos dijo, ´no les voy a pagar, hagan lo que quieran´. Ahí agarró el auto, se fue y nunca más volvió”.
“En ese momento los compañeros comenzaron a trabajar y estuvieron 3 meses hasta poder ganar un peso. En 2010 se inscriben en el INAES como cooperativa, en el 2012 la provincia de Río Negro declara la ley de utilidad pública, en 2014 lo mismo en General Roca“, puntualiza para destacar los pasos legales que avalaron el funcionamiento durante todos estos años.
“En 2015, el entonces gobernador Alberto Weretilneck, firmó una ley de expropiación (5031), por lo cual pasan los bienes de Embalajes S.A. a la Cooperativa de Trabajo 1° de Mayo. Aunque, finalmente, el gobierno provincial no cumplió en regularizar la ley”, indicó.
“En 2016 aparece Jorge López, un financista de General Roca que es testaferro de varios políticos de acá, presentando un boleto de compra venta diciendo que es el dueño de la tierra. La Cámara de Apelaciones (en lo Civil, Comercial, Familia y de Minería) de General Roca le da lugar a su reclamo cuando tuvimos un juicio en 2016 con la jueza María del Carmen Villalba que ya había fallado que no presentaba los papeles adecuados para reclamar las tierras”.
“El nuevo juez, Darío Soto, le dio lugar al pedido de López diciendo que nosotros estamos usurpando las tierras cuando hay una ley de utilidad pública que nos avala“, puntualiza Carrasco.
Para sumar más hechos de amedrentamiento, la Policía Federal realizó un allanamiento días atrás en lo que los trabajadores interpretan como un apriete. “Vinieron con armas en la mano, pidiendo documentos, sacando fotos. El argumento fue que habíamos roto los protocolos por Covid-19, cosa que no era cierta. No le tomaron la temperatura a nadie, no hicieron listados, ni da que tenga que ver el Covid. Cuando se fueron le pedimos constancia del procedimiento y nos respondieron que no porque la Policía no deja constancia”, relata Carrasco.
El financista Jorge López, que busca desalojar a la Cooperativa, “es testaferro de varios políticos de la zona”.
Consultado sobre la actuación de María Emilia Soria (Frente de Todos), intendenta de General Roca, ex diputada nacional, contó que los “recibió, nos apoyó y se sumó a la problemática que tenemos“.
Sobre la actuación del juez Soto fue lapidario. “Nos convocó a una audiencia donde cuando quería responder a lo que decía la otra parte, me decía que me calle, que yo no le puedo hablar a un abogado porque no tengo estudios”. Un juez de los que inclina la cancha.
También se refirió a la gobernadora de la provincia, Arabela Carreras: “El jueves pasado me escribió un mensaje diciendo que no entendía lo que reclamábamos. Es raro porque ella fue una de las que firmó la ley de expropiación como legisladora”. Una intervención llamativa.
Vale destacar que en el proceso, la Cooperativa 1° de Mayo tuvo el acompañamiento de gremios de la región y el apoyo del Vasco Murúa, Director Nacional de Empresas Recuperadas que depende del Ministerio de Desarrollo Social.
Por último, Carrasco pidió, “queremos que se cumpla la ley, ¿qué nos queda si no se cumple? Está en peligro la comida de 38 familias que integran la cooperativa”.
- Entrevista por Lucas Molinari (Punto de Partida – Lunes a Viernes de 8 a 10)
- Redacción: Leonardo Martín
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