Por Fernando Gómez *
La policía de la Provincia de Buenos Aires es la fuerza civil armada más grande de la Argentina. 90.000 efectivos desplegados en el territorio más vasto del país en los distintos cuerpos y dependencias que la integran en su compleja estructura funcional.
Si bien la Policía no es una fuerza castrense si no civil, al sólo efecto de cotejar su volumen, vale mencionar que el Ejército Argentino, apenas cuenta con 50.000 efectivos.
La dimensión y estructura de “la bonaerense” le otorga una particular complejidad a su abordaje. Los años acumulados de prácticas “paralegales” le suman al abordaje de los conflictos que se suscitan en su interior, una complejidad inédita.
La coyuntura política
La conducción política de la fuerza, al menos desde el retorno de la democracia, ha sido tolerada solo si acepta convivir con su función “de facto”. Es decir, si la conducción política no reconoce las actividades recaudatorias “por protección” que le imponen a comercios y empresas de logística como impuesto clandestino, si no autorizan la incorporación de nuevas actividades a la recaudación “legal” por el camino de adicionales, lo cierto es que el enfrentamiento es inevitable.
Ha sido ese el camino escogido a lo largo de los años por la Policía Bonaerense para disciplinar el poder político de turno. Lo que sucede en esta particular coyuntura tiene un cariz distinto.
Sergio Berni arribó a la autoridad del Ministerio de Seguridad no con el objetivo de disciplinar las actividades “paralegales” de la policía Bonaerense. Muy por el contrario, reivindicó la institución y sobreactuó su pertenencia. Por muchos insultos que reciba durante el conflicto, el desapego con la autoridad política actual, no subyace en la vocación transformadora del Ministro, si no en el desprecio a la política en general que atraviesa el sentido común de la fuerza.
La coyuntura salarial
Tal y como venimos sosteniendo, el ingreso de los cargos jerárquicos “con territorio” es decir, con arraigo en el despliegue funcional de la Bonaerense se compone del salario legal en una mínima parte, y de la recaudación “paralegal” en un componente mayor.
Los cuadros inferiores de la fuerza, reciben migajas de la “recaudación” y su salario legal se complementa con jornadas adicionales para cobertura de espectáculos deportivos, en boliches nocturnos o eventos artísticos. Nada de eso funciona durante la fase de aislamiento social, preventivo y obligatorio.
El salario básico de la policía, deteriorado enormemente por causas de la falta de recomposición adecuada, resulta hoy el único ingreso de la enorme mayoría de la policía bonaerense.
La ausencia de “adicionales” o de recaudación ilegal, han detonado un conflicto que se agrava por la ausencia de conducción institucional creíble dentro de la propia fuerza.
Los agravantes del conflicto
La atomización absoluta del conflicto dificulta el diálogo, y además arroja postales que son propias de actos sediciosos que no parecen estar en la voluntad final del grueso de la fuerza.
La ruptura de la cadena de mando institucional, como se vio en la localidad de Adrogué donde personal de calle se insubordinó al mando del destacamento, o insultos de inspectores a la figura del subcomisario, no marcan descontento con la conducción política del conflicto sino descomposición de la cadena de mando interna de la fuerza.
Eso no hace más simple el problema para resolverlo. Al contrario, lo complejiza.
La falta de coherencia en el reclamo o cohesión interna de la protesta, desnuda una segunda y más grave dificultad. ¿Cómo se dialoga? ¿Cómo se llega a una respuesta adecuada a la satisfacción de los intereses de la fuerza?
Si hubiera una conducción del reclamo, ningún policía hubiera desaprovechado la posibilidad de encausar diálogo con el Presidente de la Nación. La negativa original al encuentro, marca un desafío a la autoridad impropio para la resolución del conflicto, y un infantilismo soberbio de pensar que la institucionalidad puede desafiarse con una bravuconada televisiva.
El tercer agravante, es la falta de profesionalismo absoluto de la fuerza policial bonaerense.
Sustraer los móviles y el armamento a la afectación legal específica del instrumental que asegura la seguridad ciudadana, nace de la brutalidad con la que convive una generación policial diezmada de profesionalismo.
Cualquier policía sabe que resulta inevitable un sumario y la eventual exoneración por sustraer de los pertrechos a la fuerza a la que pertenece.
Es tan grave para el conflicto, que ahora los pliegos de demanda incorporan al reclamo salarial el pedido de impunidad para los actos desplegados durante el conflicto. Algo que, si primara el sentido común, la autoridad política y la propia cadena de mando, no debieran permitir.
Los oportunistas del golpismo virtual
El clima golpista es alimentado por la fuerza que goberanara este país hasta hace cuatro años. Una suerte de conglomerado de dirigentes con escaso territorio y fuerte arraigo en la defensa absoluta de los intereses económicos más concentrados del país, que en pos de sostener su protagonismo político, asumen cualquier asonada mediática para mejorar su estridencia discursiva.
Lo peligroso de Juntos por el Cambio es su desapego con la realidad. A excepción de los vínculos ilegales de Cristian Ritondo (ex Ministro de seguridad bonaerense) con mandos medios de la fuerza -mayormente aquellos vinculados a actividades ilícitas- es el único punto de contacto serio y razonable que los vincula con el conflicto.
Lejos están de poder conducirlo. Ayer nomás, uno de los voceros policiales narraba que el gobierno de María Eugenia Vidal había sido el peor desde el retorno de la democracia. Cuando concluyó su discurso, fue aplaudido por sus compañeros de armas.
El clima destituyente que promueve Cambiemos, tampoco está consensuado con los representantes de los grupos económicos en el país, a excepción de Clarín. Los beneficiarios del acuerdo de reestructuración de deuda, los beneficiarios de las políticas de subsidio a la rentabilidad energética, aquellos que se benefician de la especulación financiera y cada uno de los balances que se han incrementado durante la pandemia por haber logrado concentrar y cartelizar aún más sus negocios, no confían en Cambiemos para conducir los destinos políticos del país.
La falta de conducción política
Luego de largas horas de conflicto policial, el límite más grande que desnuda la protesta es la ausencia de conducción política capaz de preverlo y, menos aún, de resolverlo velozmente para evitar una escalada innecesaria.
Las autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que dilapidan tiempo en la autopromoción de un Ministro que se asume militar, pero es médico y que trata a la fuerza como castrense y no policial, se jactan de su capilaridad sobre la institución.
El conflicto, fundamentalmente su incapacidad para preverlo, desnuda la ausencia de conducción política y de inteligencia mínima sobre la fuerza. Difícil que, aquella autoridad que argumenta virtualmente tener mando y control, pueda en la vida real ser la misma que resuelva definitivamente el conflicto.
De allí que las autoridades nacionales, para evitar un efecto contagio en las fuerzas federales y de las restantes provincias que comenzaron con conatos de insubordinación, hayan asumido la responsabilidad política e institucional de resolver el conflicto.
Se empezó mal, convocando sin inteligencia previa a un grupo de policías poco representativos a dialogar con el Presidente, lo que llevó a postales golpistas inocultables.
Sin embargo, se espera que en las próximas horas el conflicto pueda retomar un sendero razonable de resolución.
Quedará latente el desafío a la autoridad, el debilitamiento institucional que deja la insubordinación policial, la profecía golpista en las mentes afiebradas de quienes sueñan con un tiempo fuera de la democracia y un fuerte dilema en el gobierno para resolver: recuperar la conducción política, ordenar un programa económico que permita dar respuesta a los conflictos salariales; debatir un programa para ordenar de los desafíos futuros y avanzar decididamente en consolidar volumen político a la gestión de lo público, para que el Estado y su capacidad de vertebrar política, recupere poder.
* Periodista de infonativa.com, abogado penalista y militante político.
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