Un mar de operaciones mediáticas. Desde que se conoció el fallo Violini, muchas han sido las especulaciones acerca de un “plan sistemático” para liberar presos. Sin embargo, no existe tal proyecto, y tampoco el conocimiento de lo que realmente está sucediendo. Para darle luz al tema en cuestión, la diputada provincial del Frente de Todos Susana González, dialogó con Gabriel Fernández y explicó cuál es el fondo de este entramado, que nuclea posicionamientos ideológicos en disputa, campañas comunicacionales y política nacional.
La noticia acerca de la liberación de los presos corrió con más incertidumbre y desconocimiento que con información. También posicionó, ideológicamente, a miembros del mismo oficialismo. El ministro de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, indicó que “si fuera por mí, no sale ninguno”. Esto provocó que el ex Juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, le responda que “su discurso de populacherismo vindicativo había llenado las cárceles”. La polarización de estas visiones funciona, en principio, como medidor de opinión social.
Al respecto, la diputada señaló que “no todos en el gobierno pensamos lo mismo, y eso está bien, porque sino, no tendríamos capacidad de hacer autocrítica en las decisiones que vamos tomando”. Además, añadió que “los contrastes no tienen que ser motivo de preocupación, ya que eso hace a un sistema republicano de gobierno como el que tenemos nosotros”. Sin embargo, opinó que “no tenemos que funcionar como un péndulo, es decir, no debemos ir de un extremo a otro”.
La funcionaria comparó a los extremos con las posiciones de Berni y de Zaffaroni. En sus términos, González señaló que “la opinión de Sergio (Berni) me parece muy pendular, en donde dice “que si fuese por él no saldría nadie”; así como la postura de Zaffaroni, que en gran parte si fuera por él, la mayor parte de los que están privados de su libertad no estarían hoy en las unidades carcelarias”. En este marco, la entrevistada señaló que hay que llegar al punto medio, y este es aquel en donde “el que cometió un delito, debe cumplir su condena”. En esa dirección precisó que para evitar la aglomeración, se puede disponer la domiciliaria a quienes cometieron delitos leves. Aclaró que todas las decisiones son adoptadas por la Justicia.
Siguiendo su razonamiento, la diputada comentó la situación de crisis por la que pasa el Sistema Penitenciario: un 60% de población carcelaria bajo la modalidad de prisión preventiva, la recepción de un promedio de 4.000 reclusos por año durante los últimos 5 años, superpoblación en las cárceles y comisarías, entre otras. En este escenario, González expresó que el abandono de la estructura se debe a que “es un tema que no recauda votos, que a nadie le gusta trabajar en la política porque hay posiciones encontradas en la sociedad”. Sin embargo, indicó que “hay que empezar a trabajar seriamente”.
Vale la pena mencionar que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires asumió con una provincia altamente endeudada, y que además tuvo que enfrentar la huelga de hambre más grande en el Sistema Penitenciario Provincial. “Lo que el gobierno de Axel Kicillof está haciendo es empezar a trabajar con medidas a corto, mediano y largo plazo”, declaró la funcionaria, y añadió que “se empezó a trabajar en medio de una pandemia que nadie esperó”.
Siguiendo con el tema, González detalló alguna de las medidas adoptadas en el Sistema Penitenciario frente a la pandemia del COVID-19. Uno de los hechos llevados a cabo es reforzar el sistema de comunicaciones entre los reclusos y sus familiares, a través del acceso a la telefonía celular, y de esta forma no perder contacto con las familias. “Pasito a pasito, se intentó regularizar la situación que estaban atacando el sistema penitenciario: pago a proveedores, recuperación de mercadería, recuperación de insumos”, expresó la Diputada.
“Siempre y cuando esos delitos fueran leves”
Por otro lado, hay que remarcar que las medidas que se están llevando a cabo se entretejen con un conjunto de recomendaciones esgrimidas por los Organismos Internacionales de Derechos Humanos y de Salud, quienes indican que el hacinamiento carcelario puede ser perjudicial para el recrudecimiento de la enfermedad, aumentando el riesgo de contagio. “Por lo tanto, han exhortado a todos los países a que tomen medidas de morigeración de pena que tengan en cuenta a los grupos de riesgo”, detalló González, y añadió que se trata de “delitos menores que puedan ser controlados por fuera del sistema carcelario”.
Al respecto, la funcionaria detalló qué personas accederían a esta modalidad, en qué condiciones y en qué instancia procesal y penal se encuentra su causa: “Son personas que pueden estar bajo arresto domiciliario, personas que pueden ser dadas en libertad bajo la forma de libertad condicional, o personas que ya venían gozando la libertad transitoria, siempre y cuando esos delitos fueran leves, y siempre y cuando esas personas tuvieran dolo”.
A partir de allí, la entrevistada aclaró que el fallo del Dr. Violini dió lugar a un amparo colectivo presentado por los Defensores Oficiales y los Organismos de Derechos Humanos. Este fallo determinó que “los jueces van a tener que atender y analizar los pedidos de morigeración teniendo en cuenta que sean personas que se encuentran dentro de grupo de riesgo, que los delitos tienen que ser leves, y que en cada uno de los casos hay que notificar a la víctima del delito”. En este sentido, lo que el Juez dictaminó tiene que ver con el acatamiento a un exhorto de índole internacional, que atraviesa a todas las naciones afectadas por la pandemia, y que alejado está de representar un plan sistemático de liberación de reclusos.
“Esta operación no solo la están realizando los medios, también agentes internos, como el Procurador de la Corte y algunos jueces que están dando arrestos domiciliarios que han cometido abuso sexual, o a un genocida”
Es por ello que González recalcó la importancia de reconocer la separación de los poderes del Estado: “Son tres poderes diferenciados. El Poder Ejecutivo puede aconsejar u opinar en alguna materia, el Poder Legislativo puede hacer normas de procedimientos, y el Poder Judicial es el único que tiene a su cargo, el poder de policía de coacción, es decir, determinar que una persona es culpable y cumplir tantos años de prisión”, explicó. Además, indicó que “si el Gobierno Nacional y Provincial pudieran disponer de la libertad de las personas, todos nuestros presos políticos hubieran obtenido la libertad”.
Pese a disponer de esta información, desde diversos sectores se instaló la versión de que este escenario representa un plan nacional de “liberación sistemática de presos”. Sin embargo, es un fenómeno de escala mundial. Para la diputada González “esta operación no solo la están realizando los medios, también agentes internos, como el Procurador de la Corte y algunos jueces que están dando arrestos domiciliarios que han cometido abuso sexual, o a un genocida”. Además, indicó que si alguna irregularidad se llegase a presentar, las víctimas deben “es apelar el fallo para que la Cámara de Apelaciones o Casación (en última instancia) revoquen los arrestos domiciliarios, y además pedir un Jurado de Enjuiciamiento, para aquellos jueces que han procedido a morigerar penas de delitos que no corresponden”.
Por último, González indicó que “no hay ningún plan estratégico para otorgar libertades a todos y a todas”. Además, reflexionó acerca del futuro de la pandemia, y detalló que allí será el momento de “llevar a cabo cada una de las propuestas que tuvimos como gobierno”. Y concluyó: “Hoy están explotando las economías del mundo, y el sistema sanitario. Incluso, el de aquellos que nosotros mirábamos como grandes potencias”.
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