Dentro de los anuncios, Alberto Fernández, indicó que presentará un Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo “que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar”.
“Quiero ahora abordar un tema que llevamos mucho tiempo debatiéndolo entre nosotros. Se que para muchos, es un tema que tiene profundas implicancias personales.
La situación de las mujeres gestantes en Argentina presenta aspectos diversos. Distintos son los desafíos que enfrentan las mujeres que desean tener a su hijo de aquellos que asumen las que deciden interrumpir el embarazo.
Un Estado que cuida debe acompañar a todas las mujeres para que estos procesos se desarrollen accediendo plenamente al sistema de salud.
La legislación vigente no es efectiva. Desde 1921 la Argentina penaliza la interrupción voluntaria del embarazo en la mayoría de las situaciones. Cien años después, la jurisprudencia da cuenta de lo ineficaz que resulta la norma desde un criterio preventivo. Está visto que son muchas las mujeres que no se sienten conminadas por la pena prevista para el aborto y que recurren a el para interrumpir sus embarazos.
La existencia de la amenaza penal no solo ha sido ineficiente demostrando que el devenir social transcurre más allá de la misma norma. También ha condenado a muchas mujeres, generalmente de escasos recursos, a recurrir a prácticas abortivas en la más absoluta clandestinidad, poniendo en riesgo su salud y a veces su vida misma
Todos saben de lo que estoy hablando. El aborto sucede. Es un hecho. Y es solo esa hipocresía que a veces nos atrapa, la que nos hace caer en un debate como este.
Un Estado presente debe proteger a los ciudadanos en general y obviamente a las mujeres en particular. Y en el siglo XXI toda sociedad necesita respetar la decisión individual de sus miembros a disponer libremente de sus cuerpos.
Por eso, dentro de los próximos diez días, presentaré un Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar.
Simultáneamente, desde el Poder Ejecutivo Nacional, lanzaremos un contundente programa de educación sexual integral y prevención del embarazo no deseado.
Nuestro propósito es también llegar a las mujeres de nuestro país en situación de vulnerabilidad social en la etapa que más necesitan la presencia del Estado: durante el embarazo, nacimiento, puerperio y primeros años de crianza.
El Estado debe estar presente en esos tres momentos trascendentales de la familia para acompañar y brindar cuidado y protección: durante el embarazo de la mujer, en el nacimiento del hijo o hija y en el desarrollo de la primera infancia del recién nacido. Para ello necesitamos un Estado activo, con fuerte presencia, capaz de articular políticas públicas sustentables y que pueda asistir a las familias que necesitan su apoyo.
En nuestro país existen ya numerosas políticas públicas para entender estas necesidades. Ahora necesitamos una coordinación más efectiva de ellas para optimizar sus beneficios.
Seremos ambiciosos y buscaremos alcanzar un mayor número de mujeres y niños o niñas nacidas a fin de evitar la desprotección del Estado.
Junto a la ley que buscará legalizar el aborto, enviaremos al Congreso Nacional un proyecto de ley que instaure el Plan de los 1000 días, para garantizar la atención y el cuidado integral de la vida y de la salud de la mujer embarazada y de sus hijos o hijas en los primeros años de vida.
Por esa vía queremos reducir significativamente las tasas de mortalidad y desnutrición, proteger los vínculos tempranos, el neurodesarrollo y la salud de madres e hijos de manera integral.
Estamos seguros que de este modo estamos ampliando los derechos de la mujer y dando protección a las que necesitan más apoyo en el momento del embarazo.
Discusión acerca de esta noticia