Poder Judicial y AFI: “Nos proponemos el reordenamiento de la Justicia Federal”

“Apostamos a una democracia profunda y a una mejor calidad institucional. Como lo anuncié el día de mi asunción, tenemos la decisión irreversible de terminar para siempre, para siempre, con los sótanos de la democracia”.

“Con ese propósito dispuse la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia. Allí terminamos con el oscurantismo que imperó en estos años. Pusimos fin a la norma que tornó secreto el financiamiento del organismo. La Sindicatura General de la Nación se sumó como contralor público de la administración de la agencia. Ahora, como consecuencia de todas esas medidas, más del 90 % del dinero que el gobierno anterior había declarado como fondos reservados, se han transparentado y han vuelto a ser públicos”.

“Debemos construir consensos para un nuevo diseño del Sistema de Inteligencia Nacional. Mientras tanto, queriendo reponer el orden que se ha perdido, esta misma semana que iniciamos dictaré un Decreto de Necesidad y Urgencia que modifique la Ley de Inteligencia impidiendo a los organismos de inteligencia realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, cumplir funciones policiales o desarrollar tareas de investigación criminal como auxiliares de la Justicia. No habrá excepción alguna que quiebre esa resolución”.

“Esa calidad institucional que pregonamos, solo se logrará si todos ayudamos a conocer la verdad. Por eso, a veintiseis años del atentado a la AMIA, ordenaré a la Agencia Federal de Investigaciones desclasificar los testimonios secretos brindados por agentes de inteligencia en los juicios en los que fuera investigado el hecho y la responsabilidad de funcionarios del Estado en el encubrimiento del mismo. Lo mismo haremos con toda documentación reservada que exista en el organismo sobre el tema”.

“De esta manera, a paso firme, estamos poniendo fin al secretismo con que se manejan parte de los fondos públicos, a la influencia de la inteligencia estatal en las investigaciones judiciales y a cualquier forma de espionaje político interno“.

“Quiero anunciar también otra transformación que es complementaria a la anterior. La reforma de la justicia federal. Como Presidente de la Nación, ante esta Asamblea Legislativa, vengo a asumir un compromiso inquebrantable. En este tiempo de la Argentina en el que nos toca gobernar, venimos a ponerle fin a la designación de jueces amigos, a la manipulación judicial, a la utilización política de la Justicia y al nombramiento de jueces dependientes de poderes inconfesables de cualquier naturaleza”.

“Nos proponemos impulsar un reordenamiento de la Justicia Federal que evite el cajoneo o la activación de expedientes en función de los tiempos políticos, que impida la construcción de falsas causas, que acabe con la arbitrariedad en materia de detenciones y que impida para siempre que la discrecionalidad judicial reemplace a las normas del derecho“.

“Con tal propósito, propiciamos la creación de un nuevo Fuero Federal Penal, que unificará a fueros penales que hoy tienen jurisdición en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

“De ese modo, los delitos contra la administración pública en los que incurran funcionarios del Estado Nacional, dejarán de estar en manos de unos pocos jueces, para pasar a ser juzgados por más de medio centenar de magistrados. Estamos terminando para siempre en la Argentina con la manipulación de sorteos y la concentración de procesos que el oligopolio de los jueces federales ha permitido”.

“Los problemas de la Argentina no se resuelven con menos justicia sino con una mejor justicia.
Asimismo, de la mano de la puesta en marcha del nuevo sistema acusatorio penal, vamos a impulsar un fortalecimiento de toda la actuación de la justicia federal penal en las zonas más críticas donde el crimen organizado ha logrado desarrollarse a través del narcotráfico, especialmente en la zona de influencia de Rosario y Santa Fe”.

“El reordenamiento que impulsamos tiene un profundo sentido federal: consolida por un lado la autonomía de la ciudad de Buenos Aires con su justicia penal local, y aumenta la actuación de jueces y fiscales en la zona de Rosario y Santa Fe“.

“En esta última provincia, vamos a impulsar la creación de una nueva sala y una Secretaría de Narcotráfico en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Para fortalecer el Ministerio Público Fiscal y la aplicación rápida del código acusatorio, vamos a reforzar la creación de nuevos cargos auxiliares fiscales y asistentes fiscales bajo la órbita de un fiscal coordinador de distrito”.

“Propondremos la creación de un juzgado federal, una fiscalía y una defensoría federal en la ciudad de San Lorenzo que también va a estar orientada a la investigación de la trata de persona, el lavado de dinero y el narcotráfico”.

“En el ámbito de la justicia contencioso administrativa de la Capital Federal, que resulta otra área clave para resguardar los intereses patrimoniales del Estado y de todos los argentinos, también vamos a impulsar una profunda transformación, que estará basada en su unificación con los valiosos recursos existentes en el área de la justicia civil y comercial federal”.

“Se trata de agilizar las causas, de evitar onerosas cuestiones de competencia y de optimizar el funcionamiento de los mejores recursos humanos del Poder Judicial”.

“Queremos desterrar para siempre las componendas entre el poder político y el poder judicial, sean del color partidario que sean. No nos merecemos como Argentina continuar con este deterioro”.

“Por eso, más allá de estas reformas puntuales que estaremos impulsando en los próximos días, he decidido la conformación de un Consejo para Afianzar la Administración de Justicia en la República Argentina.
Estará integrado por las más prestigiosas personalidades del mundo académico y judicial, y será un cuerpo consultivo del Poder Ejecutivo para el impulso de otras transformaciones de fondo en nuestro Poder Judicial.
Debemos optimizar el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia; repensar el alcance del recurso extraordinario, mejorar el trabajo del Consejo de la Magistratura; instaurar el juicio por jurados cumpliendo el mandato constitucional; modernizar el código penal de la Nación; y fortalecer el rol del Ministerio Público.
Todos los proyectos que proponga este Consejo serán enviados a consideración del Congreso de la Nación”.