Río Colorado. Tensión por la represa Portezuelo del Viento

La Pampa y Mendoza atraviesan, desde 1947, un conflicto de índole territorial, acuífero y ambiental. La construcción de la represa “Los Nihuiles” en el año 1947, comenzó a generar lo que hoy es el desierto de La Pampa. La desviación del Río Atuel llevó a que el caudal se redujera al punto de no existir, lo que produjo, al mismo tiempo,el desequilibrio de los ecosistemas en la provincia céntrica. “Cuando se terminó de construir la represa Los Nihuiles, en 1947, se comenzó a producir un proceso de desertificación en la provincia de La Pampa”, precisó el ingeniero Lastiri.

Al respecto de la conflictiva interprovincial, y como ya lo hemos comentado en Radio Gráfica, Lastiri señaló que “hubo y hay un autoritario uso del agua, por parte de Mendoza, sobre el Río Atuel, que terminó afectando a toda la población”. En este sentido, el desviamiento de los ríos produjo la baja del caudal del mismo, por lo tanto, la cantidad de agua que llega a las provincias del este (camino al mar) es menor. Sin embargo, la unilateralidad de las decisiones, “condujo a un gran daño ambiental, llevando a grados de sequía altamente riesgosos para el territorio nacional”, advirtió Néstor Lastiri.

“Hubo y hay un autoritario uso del agua, por parte de Mendoza, sobre el Río Atuel, que terminó afectando a toda la población”

Asimismo, y pese a las sentencias firmes y resoluciones judiciales de la Corte Suprema de Justicia, “Mendoza nunca acató la orden de recomponer el ecosistema”, denunció el ingeniero. “En el año 1987 se declaró al Atuel como río interprovincial. En el 2014, ante la persistencia del corte del río, y ratificado en el año 2017, se resolvió que se establezca un caudal hídrico apto para recomponer el ecosistema del noroeste de La Pampa”, continuó.

Pese a ello, abre un nuevo debate en términos discursivos. El sentido construido alrededor del significante “agua” implica el entendimiento de la misma como un bien común y no como una mercancía. “Es una decisión jurídica que se nutre de nuevos conceptos: el agua como un bien público, un bien común que no tiene propietario”, comentó Lastiri. Este señalamiento persigue un paradigma en donde lo natural representa algo más allá de una propiedad social, sino un par humano con el cual se debe convivir y no despreciar.

Ahora bien, el eje de conflicto está puesto en la eventual construcción de la Represa “El Portezuelo Del Viento” sobre el Río Colorado. Ya es conocida la cuestión crítica del cauce del río, pero ahora se le suma la eventual puesta en marcha de una obra que, en caso de concretarse, tendría un gran impacto en el ecosistema de la región. “La construcción de la represa en Mendoza implicaría un gran desastre ambiental y soberano, porque una provincia no puede ser dueña de un río que atraviesa a todo el país”, comentó Lastiri.

“La construcción de la represa en Mendoza implicaría un gran desastre ambiental y soberano”

En relación a ello, el ingeniero sostuvo que “la represa debe someterse a la Ley de Obras Hídricas y a la Ley General de Protección del Ambiente, norma que obliga a llevar a cabo estudios de impactos en toda la zona y las cuencas”. Sin embargo, la instalación de la represa no tendría en cuenta que la problemática llegaría hasta la provincia de Buenos Aires, pasando por Neuquén, Río Negro y La Pampa. “Nuestra lucha tiene que ver con que no se puede hacer una represa en un lugar donde hace más de 20 años, el caudal de agua no supera los 70 metros cúbicos de agua por segundo”, aseveró Lastiri.

El equilibrio del ambiente es la clave para sostener la sustentabilidad de las relaciones humanas y también sociales. No puede pensarse el crecimiento de una región sin tener en cuenta la gravedad de los impactos ambientales que representa una obra de semejante envergadura. Dicho esto, el ingeniero concluyó que “no puede ser que estemos con programas contra el hambre, y que vayamos a gastar 1.027 millones de dólares en una represa que no tiene agua”, en donde advirtió que, habiendo proyectos más importantes que implementar, por la urgencia que representan, la construcción de una obra de esta índole “representaría un gran desastre ambiental”.

Si bien no hay comunicados oficiales al respecto, Lastiri señaló que desde los ministerios del Interior, de Ambiente y de Obras Públicas “se están celebrando acuerdos en donde se reconoce la situación de gravedad y se llama a un relevamiento del impacto ambiental en toda la cuenca”. 

La conclusión deviene material y concreta: es importante manifestar la gravedad de lo que representa una obra de esta índole. Lastiri, en comunicación con Radio Gráfica, comunicó que deben realizarse los estudios de impacto necesarios antes de llevarla a cabo. De lo contrario, el futuro de la región pampeana puede llevar a la desertificación y al desequilibrio ambiental.

JPM/GF/RG