El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, firmó la resolución 1/2019 y puso en vigencia la actualización del Protocolo de la interrupción Legal del Embarazo (ILE). El objetivo es ofrecer una guía a los equipos de salud para que cumplan con su responsabilidad y garanticen el derecho contemplado en el marco normativo vigente. “Es un imperativo de la política sanitaria nacional en salud sexual y reproductiva”, esboza el Boletín Oficial.
El nuevo protocolo es similar al que había impulsado el ex secretario de salud, Rodolfo Rubinstein, y que fue derogado por Mauricio Macri. Incorpora las recomendaciones internacionales acerca de los procedimientos para garantizar la ILE como así también refuerza la importancia del acceso rápido. Hace hincapié en la no intromisión de la Justicia y remarca la necesidad de actualizarlo de acuerdo al avance científico.
“Esta actualización trae seguridad a las prácticas de los profesionales de la salud que garantizan derechos”, expresó Patricia Bustamante Quintero, abogada integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, en Radio Gráfica.
El acceso a la interrupción legal del embarazo está garantizado por la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales que fueron incorporados en la reforma de 1994 y el nuevo Código Cívil y Comercial. También por el fallo F.A.L, sancionado en 2012 por la Corte Suprema de Justicia, que orienta el accionar de los equipos de salud.
“Esta actualización trae seguridad a las prácticas de los profesionales de la salud que garantizan derechos”
“El protocolo anterior ya incorporaba el concepto de salud integral de la Organización Mundial de la Salud, que no solo refiere a la ausencia de enfermedades sino que habla del completo estado de bienestar. El nuevo amplía la explicación llevando seguridad jurídica a quienes practican el aborto”, aseguró Quintero. Y agregó: “En la causal salud se tiene en cuenta a las menores de 15 años, porque se considera que están en riesgo, y se incorpora la violencia de género”.
Diez de las 24 provincias adhieren al protocolo nacional: La Rioja, Misiones, Jujuy, Entre Ríos, Chaco, Tierra del Fuego, Salta, San Luis, Santa fe, Santa Cruz. “La provincia de Buenos Aires está en proceso de adhesión al protocolo. Creemos que es indispensable para poder continuar trabajando en el acceso a la interrupción legal del embarazo”, expresó Sabrina Balaña, médica generalista e integrante del Equipo de gestión del Ministerio de la provincia de Buenos Aires. Y continúo: “Es necesario adecuar el marco normativo como para poner en el mismo tono a los hospitales provinciales y municipales”.
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