Huelga en cárceles bonaerenses: el gobierno convocó una mesa de diálogo

Por Úrsula Asta y Paloma Garrido

Llegaron a ser 35 las unidades en la provincia de Buenos Aires que estuvieron en huelga durante los últimos días. Las protestas, incluso, alcanzaron a unidades en 7 cárceles federales, en Devoto, pero también en Córdoba, Chubut, Chaco, Entre Ríos, Corrientes y Mendoza. De todas maneras, varias de las unidades ya dejaron la huelga.

El reclamo inició en el marco de un cambio de gobierno en la provincia, catapultado por la falta de comida. Radio Gráfica se comunicó con María Medrano, directora de Yo No Fui, Asociación Civil sin fines de lucro que trabaja en proyectos de capacitación y producción en artes y oficios en las cárceles de mujeres de Ezeiza y, afuera, una vez que recuperan la libertad. La falta de comida, explicó, “fue la gota que rebasó el vaso”.

Antes del 10 de diciembre, día de cambio de gestión bonaerense, la situación se agudizaba. Distintas medidas dan cuenta de ello. Organizaciones iniciaron una medida cautelar el día 5 de diciembre contra el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, por entonces en mando de María Eugenia Vidal.  Fueron la Asociación Civil “La Cantora”, la Asociación Miguel Bru, la Asociación Civil “OTrans” Argentina e H.I.J.O.S. “La Plata“, que exigieron la inmediata provisión de los insumos alimenticios en las 57 unidades penitenciarias y 8 alcaidías de esa provincia.

En el escrito, con patrocinio del abogado Adrián Corvalán, manifiestan que “el día 22 de noviembre del corriente año, dado que por una decisión del gobierno provincial la ingesta de alimentos básicos para cumplir con el plan de alimentación previsto fue interrumpida” y que “ello pone en riesgo la integridad física, psíquica y moral de las personas privadas de su libertad“.

El día 7, se difundía el pedido de las mujeres privadas de su libertad en la Unidad 51 de Magdalena. Allí, en un extenso comunicado, explicaban las razones de su “PETITORIO URGENTE” a la entonces gobernadora, al ministro de Seguridad de la provincia Gustavo Ferraro y a jueces y defensores oficiales explicando las situaciones de malos tratos, hacinamiento y tortura. “Si sucediera algún problema de alto riesgo la persona moriría, por no poseer acceso al sector de sanidad” y, decían, “en el caso de que esta posibilidad exista corremos riesgo de mala praxis, como sucedió con la compañera Córdoba Maldonado Yesica, al mal aplicarle una inyección epidural, quedando temporalmente paralizada“. Suman, entre otros reclamos donde fundamentan su huelga de hambre, el mal estado de la comida: “En ella encontramos gusanos, gorgojos entre otros insectos, especialmente, en la poca carne que nos dan“.

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“Me parece acertado que el Gobernador haya incluido este tema en su discurso, ya que es un tema que estalló fuertemente”, planteó María Medrano de Yo No Fui. Y agregó que si bien era el momento difícil para iniciar una protesta debido al cambio de gestión, que no permite un interlocutor claro, “la situación desbordó cualquier estrategia”. “Realmente la situación en las cárceles llegó a unos niveles de inhumanidad tremendas. “El gran desafío del gobierno entrante es empezar a pensar una reforma de la política criminal en serio”, opinó.

“Si no se hacen cargo de esto, tendrán un problema muy serio. Hay una violación sistemática de los derechos de las personas privadas de su libertad que sobrepasan todos los estándares internacionales”, afirmó y planteó ejemplos concretos de violaciones de derechos básicos. “En la provincia de Buenos Aires hace años que hay una superpoblación carcelaria altísima, que supera el 100%. Esto genera por ejemplo que duerman 20 personas compartiendo colchones en espacios mínimos, sin salubridad, pésima atención médica, y sin acceso a derechos tan básicos como trabajo salud o educación. Realmente son niveles que cuesta imaginar pero son muy degradantes. El castigo para las personas es la privación de la libertad, no la privación de todos sus otros derechos”, sostuvo.

“Hay una violación sistemática de los derechos de las personas privadas de su libertad que sobrepasan todos los estándares internacionales”

“Si esto es así (en las unidades penitenciarias), imaginemos lo que sucede en las comisarías”, continuó. Y explicó: “En muchas comisarías de la provincia se prohibió que hubiera personas privadas de su libertad y sin embargo esto no se cumple y viven hacinadas, haciendo sus necesidades en el mismo lugar donde viven y donde comen”.

“Nosotras, que vamos a cárceles de mujeres en la provincia, vemos que las mujeres no tienen ni papel higiénico, ni una toallita cuando se indisponen, no tienen comida. Y si no tienen familiares que las visiten esas mujeres básicamente no comen”, dijo.

Específicamente sobre la población de mujeres, consideró que el derecho que se ve más vulnerado es el de la salud: “Las mujeres en cárceles en la provincia no reciben atención medica ni ginecológica. Muchas están allí con sus niñes y durante su embarazo no tienen controles. La violencia psicológica respecto a su maternidad es muy fuerte. Las cárceles no son lugar para maternar ni para que un niño crezca. Estamos convencidas de que las mujeres que están embarazadas o tienen niños tienen que estar con prisión domiciliaria”.

“Hay un abuso de la prisión preventiva: un gran porcentaje de las personas privadas de su libertad podría estar esperando su juicio afuera”

Detalló además que existe una “medicalización” de las mujeres como castigo en las cárceles: “La Unidad 27, que era una unidad psiquiátrica, se transformó en un lugar de castigo en que drogan a las mujeres y las tienen medicadas durante días. El exceso de medicación utilizado como castigo en la población femenina es muy fuerte”.

Consultada sobre posibles medidas que tiendan a aliviar las condiciones de detención y a garantizar derechos humanos, sostuvo: “Hay que trabajar con el Poder Judicial. Hay un abuso de la prisión preventiva: un gran porcentaje de las personas privadas de su libertad podría estar esperando su juicio afuera. En el caso de las mujeres pedimos que las que tienen hijos menores puedan esperar el juicio afuera o con arresto domiciliario”.

Y añadió otras demandas que exigen las personas detenidas en huelga de hambre: “Que se activen medidas alternativas a la prisión preventiva; la conmutación de pena; que se derogue la ‘Ley Bloomberg’; que se aplique el 2×1”. “Son acciones que podrían aliviar el hacinamiento en las cárceles”, señaló.

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El lunes, el nuevo gobierno encomendó vía decreto al Ministro Secretario de Justicia y Derechos Humanos la conformación, diseño, implementación y reglamentación de una Mesa Interinstitucional de Diálogo para el abordaje integral de la problemática de las condiciones de detención de las personas privadas de libertad, alojadas en comisarías, alcaidías y unidades del Servicio Penitenciario de la Provincia.

Esa mesa incluye la participación de los tres poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo, y Judicial a través de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal de Casación Penal y el Ministerio Público-. De la misma manera que establece que el Ministerio de Justicia y Derechos humanos podrá convocar a participar de la Mesa de Diálogo a organizaciones de la sociedad civil, y toda otra persona u organización que estime corresponder.

El objetivo de esa medida firmada por Axel Kicillof, tras 6 días de iniciado su gobierno, busca promover la suscripción e implementación de los convenios necesarios para el alojamiento de los detenidos y detenidas en el ámbito de la provincia de Buenos Aires en Unidades Penitenciarias Federales o de otras Provincias de acuerdo a la normativa vigente. La cual, más allá de la Ley N° 12.256 de ejecución de la pena de la provincia, se remite al artículo 18 de la Constitución que, ya desde 1853, dispone que “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ella”.

Y que, a través de la reforma constitucional, desde 1994, la República Argentina ha reconocido la jerarquía constitucional de Convenciones y Tratados de Derechos Humanos, entre ellos aquellos vinculados al trato
digno de las personas en contexto de encierro. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, por ejemplo, establece en el art. 25 que “Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a un tratamiento humano durante la privación de su libertad”. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos indica en su artículo 10  que “Toda persona privada de la libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. Lo mismo se indica en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 5.

Foto: ANRed