Por Emilia Trabucco*
El presidente Javier Milei vuelve a viajar a Europa, después de participar en una exposición petrolera en Neuquén, donde se encuentra Vaca Muerta, uno de los mayores yacimientos de hidrocarburos no convencionales del mundo. Partirá hacia Madrid para desarrollar una agenda político-partidaria, sin encuentros previstos con el Gobierno español, que incluye reuniones con la Fundación Disenso, vinculada al partido de ultraderecha Vox, y con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y dirigente del conservador Partido Popular. El itinerario articula la promoción de inversiones sobre recursos estratégicos argentinos con el fortalecimiento de alianzas internacionales de las nuevas derechas, mientras en Argentina el oficialismo acaba de impedir el tratamiento legislativo de uno de los instrumentos centrales de su programa económico.
El jueves 15 de octubre, la oposición reunió 121 diputados y quedó a ocho del quórum necesario para discutir el rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que el Senado argentino ya había rechazado en marzo de 2024. A las ausencias de La Libertad Avanza, el PRO y sectores de la Unión Cívica Radical se sumaron legisladores vinculados a los gobernadores Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; Carlos Sadir, de Jujuy; Marcelo Orrego, de San Juan; Rolando Figueroa, de Neuquén, y Claudio Vidal, de Santa Cruz, además de diputados de otras fuerzas provinciales y del propio peronismo. La articulación entre el Ejecutivo nacional y las dirigencias provinciales permitió bloquear una discusión parlamentaria decisiva, preservando mediante la ausencia de legisladores una norma que afecta directamente la vida de millones de argentinos y argentinas.
El episodio vuelve a poner de manifiesto una contradicción profunda de la democracia argentina, donde las mayorías populares están siendo progresivamente desalojadas de los ámbitos institucionales en los que se decide sobre sus condiciones de vida y de trabajo. La producción de legalidad mediante decretos presidenciales, las negociaciones entre gobernadores y el Poder Ejecutivo y el bloqueo parlamentario expresan una crisis de las mediaciones políticas que excede al gobierno de Milei. La representación electoral convive con una creciente concentración del poder económico, mientras los mecanismos republicanos destinados a controlar al Ejecutivo muestran sus límites para intervenir sobre decisiones que reorganizan las relaciones entre capital, trabajo y Estado.
El DNU 70/2023 constituye una pieza central de esa reorganización porque modifica las relaciones sociales que estructuran la reproducción cotidiana de la vida. La derogación de la Ley de Alquileres trasladó la negociación de precios y condiciones contractuales a relaciones profundamente asimétricas entre propietarios e inquilinxs, mientras la desregulación de las prepagas y las modificaciones del sistema de obras sociales ampliaron la influencia empresarial sobre el acceso a la salud. La eliminación de instrumentos públicos de regulación comercial y abastecimiento redujo capacidades estatales frente a mercados concentrados, mientras la transformación jurídica de empresas públicas abrió nuevas posibilidades de privatización de activos estratégicos. Aunque algunas disposiciones laborales y la derogación de los límites a la extranjerización de tierras encontraron obstáculos judiciales -gracias a la movilización popular-, permanece una orientación general que fortalece las posiciones del capital sobre los recursos, el territorio y los derechos colectivos.
Estas transformaciones adquieren su verdadera dimensión cuando se observa que el 10% más rico de la Argentina concentra el 58,7% de la riqueza, mientras la mitad más pobre posee apenas el 4,7% (World Inequality Report 2026). Esta concentración constituye una condición estructural sobre la que opera su proyecto político, profundizando las ventajas de quienes controlan tierras, empresas y activos financieros frente a las mayorías trabajadoras. La disputa por la propiedad y el control del territorio encuentra también expresiones históricas de resistencia, como la décima Marcha por la Soberanía a Lago Escondido, cuya presentación se realizará este martes 20 de octubre en Buenos Aires. La iniciativa, impulsada por organizaciones sindicales, políticas y sociales, cuestiona las restricciones al acceso público al lago ubicado en tierras vinculadas al empresario británico Joe Lewis, en la Patagonia argentina, y recupera la soberanía territorial como parte de una disputa más amplia por el control de los bienes comunes.
La creciente distancia entre las decisiones institucionales y las demandas populares tuvo el jueves una expresión contundente frente al Congreso, donde la quinta Marcha Federal Universitaria reunió a estudiantes, docentes y trabajadorxs nodocentes con jubiladxs, organizaciones de personas con discapacidad, familias endeudadas, centrales sindicales, movimientos sociales y organismos de derechos humanos. La exigencia de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y resistida por el Ejecutivo, articuló reclamos que expresan el deterioro de las condiciones de vida y la persistencia de una capacidad de organización colectiva que desborda las mediaciones institucionales. La respuesta estatal fue un operativo represivo que se extendió durante más de tres horas y dejó al menos 550 personas afectadas por gases, balas de goma y agua a presión, además de 31 detenidxs en distintos puntos de la ciudad (Comisión Provincial por la Memoria, 17/10/2026).
La simultaneidad entre el bloqueo parlamentario y la represión expone una contradicción política de mayor profundidad, en la que el Estado reduce sus capacidades de garantizar derechos sociales mientras fortalece dispositivos de disciplinamiento frente a quienes cuestionan la distribución de la riqueza. El papel de una Justicia cuya independencia formal convive con profundas relaciones de poder y privilegios de clase vuelve a evidenciarse con la decisión conocida este lunes, cuando la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el archivo de la investigación por el endeudamiento de 57.100 millones de dólares contraído con el Fondo Monetario Internacional en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, que involucraba también a Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Nicolás Dujovne. La clausura judicial de una investigación sobre decisiones de endeudamiento que condicionan durante generaciones las capacidades económicas del país, mientras persisten obstáculos para garantizar derechos sociales reconocidos por el Congreso, permite dimensionar las profundas asimetrías que atraviesan el funcionamiento de las instituciones y su intervención sobre los conflictos entre capital y trabajo.
La articulación internacional de las ultraderechas se desarrolla en un escenario de creciente conflictividad social que también cuestiona las formas contemporáneas de organización del poder económico. Mientras Milei fortalece sus vínculos con las derechas españolas, Ayuso enfrenta en Madrid una huelga indefinida de docentes de la educación pública, cuya movilización de este lunes fue reprimida por la policía. En Francia, cientos de miles de personas protagonizaron el sábado 17 de octubre una jornada de movilización contra el deterioro salarial y de los servicios públicos, con enfrentamientos y una extensa respuesta represiva.
En América Latina, miles de chilenxs volvieron a las calles al cumplirse siete años del estallido social de 2019, cuando la impugnación del orden económico heredado de la dictadura de Augusto Pinochet abrió una crisis de representación cuyas contradicciones siguen sin resolverse. Aunque estos procesos responden a condiciones históricas diferentes, expresan tensiones entre las demandas de las mayorías y sistemas políticos crecientemente cuestionados por su incapacidad para garantizar derechos y bienestar.
Estas experiencias permiten recuperar el concepto de insatisfacción democrática desarrollado por Cristina Fernández de Kirchner en 2022, cuando vinculó la concentración económica, el deterioro de los ingresos y la incapacidad de los tres poderes del Estado para responder a las demandas sociales. Sin embargo, el escenario actual obliga a profundizar aquella definición, porque la persistencia de la movilización popular expresa también una impugnación de un orden político y económico que ha ido agotando sus mecanismos de representación y legitimación.
Las mayorías encuentran cada vez mayores dificultades para intervenir en las decisiones institucionales, mientras despliegan en las calles una fuerza social que cuestiona la orientación de esas mismas decisiones. La democracia formal revela así los límites de una organización estatal que, atravesada estructuralmente por las relaciones de clase, reproduce la subordinación del trabajo frente al capital y convierte derechos reconocidos en conquistas permanentemente disputadas.
¿Qué posibilidades de legitimación conserva un orden que ha vaciado incluso las mediaciones que sostenían su apariencia democrática, cuando sectores crecientes de las mayorías populares comienzan a impugnarlo desde las calles, haciendo cada vez más evidente que el Estado y sus instituciones, lejos de representar neutralmente los intereses de toda la sociedad, reproducen las relaciones de poder que privilegian al capital sobre el trabajo?
*Psicóloga, Magíster en Seguridad. Directora de NODAL. Analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) en Argentina.
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