Por Rodolfo Pablo Treber *
La democracia liberal que emergió luego de la dictadura, la dependencia estructural de nuestra economía y el modelo productivo primarizado que domina hoy la vida económica del país no son fenómenos aislados ni casuales. Constituyen, en gran medida, la herencia del proyecto instaurado por el terrorismo cipayo de 1976.
Por eso Memoria, Verdad y Justicia no pueden ser únicamente consignas conmemorativas ni rituales de recuerdo. Son todavía hoy banderas de lucha y un horizonte político pendiente de realización.
Cuando se habla del 24 de marzo y de los compañeros desaparecidos, casi siempre lo que trasciende es el relato policial del horror: la persecución, el secuestro, la tortura y la muerte. Ese anecdotario macabro, necesario para denunciar los crímenes, muchas veces termina ocultando una pregunta fundamental: ¿por qué fue necesario desplegar semejante violencia contra una generación de argentinos?
Muy pocas veces se aborda con claridad el motivo por el cual el imperialismo secuestró, torturó y asesinó a miles de militantes políticos, sindicales, estudiantiles y sociales.
Cuando esa pregunta queda sin respuesta, la memoria se vuelve incompleta. Se denuncian los crímenes, pero no se explica el proyecto político de liberación nacional que aquellos militantes encarnaban. Quedan invisibilizadas las razones profundas que el terrorismo vino a destruir.
Las denuncias judiciales y penales, siendo imprescindibles, no alcanzan para hacer justicia plena si no se comprende el proyecto histórico que estaba en disputa. De lo contrario, la crueldad del imperio aparece como un acto irracional, como si se tratara de una locura o de un exceso de algunos individuos.
Pero nada de aquello fue un error ni un desborde.
Fue un plan.
Un plan pensado, organizado y ejecutado con un propósito definido.
De otro modo no se explica el ensañamiento particular contra la militancia de base, los delegados de fábrica, los estudiantes, los cuadros sindicales y políticos que protagonizaban la vida social y productiva del país. No fueron víctimas del azar ni de una tragedia inexplicable: fueron hombres y mujeres estudiados, señalados y perseguidos porque encarnaban un proyecto histórico que resultaba incompatible con los intereses geopolíticos que el imperialismo pretendía imponer en la región.
Por eso, si no se abordan las verdaderas causas del terrorismo de la dictadura, nunca estaremos cerca de reparar el daño producido. Porque, aunque el terrorismo fue brutal y perverso, no dejó de ser planificado, racional y eficaz en el cumplimiento de sus objetivos.
La mayor victoria del enemigo no está solamente en la violencia que desplegó, sino en haber logrado que con el paso del tiempo se olviden las razones por las cuales actuó. Está, sobre todo, en la naturalización del modelo económico que vino a imponer.
Lo que vinieron a destruir
La amenaza que representaban miles de jóvenes militantes para la geopolítica norteamericana no residía únicamente en sus ideas, sino en el hecho de que habían convertido el proyecto político en su propia vida.
No era solamente un programa escrito ni una consigna partidaria. Era una práctica cotidiana.
En la fábrica, en la facultad o en el barrio, su mayor elocuencia no estaba en lo que decían sino en lo que hacían. Con sus actos difundían, defendían y construían una Argentina industrial, pujante, con trabajo y con perspectivas reales de desarrollo económico, social y cultural.
Por eso sus propias vidas eran su discurso más poderoso. Y cuando alguien hace de su vida un discurso político, la única forma de silenciarlo es eliminarlo.
Ese fue el brutal razonamiento de las embajadas y los servicios de inteligencia que organizaron el terrorismo de la dictadura. Pero el objetivo no era solamente eliminar dirigentes: era destruir una experiencia histórica.
Entre 1945 y 1975 Argentina había desarrollado uno de los procesos de industrialización más importantes del mundo (fuera de las potencias). La industria llegó a representar cerca del 35% del producto bruto, el salario real de los trabajadores se encontraba entre los más altos de Nuestra América y el país había construido un entramado productivo que integraba empresas estatales estratégicas, grandes industrias privadas y una extensa red de pequeñas y medianas empresas.
Empresas como YPF, Gas del Estado, SOMISA, Fabricaciones Militares o Astilleros Río Santiago formaban parte de una estructura económica que combinaba planificación estatal con desarrollo del capital privado nacional. Ese modelo se sostenía sobre tres pilares fundamentales: un Estado activo en los sectores estratégicos de la economía, un mercado interno fuerte basado en el salario y el empleo industrial, y una regulación pública del comercio exterior y del sistema financiero.
Era una economía mixta que no se subordinaba ni al capitalismo financiero internacional ni al modelo soviético, y que por esa misma razón despertaba desconfianza en ambos polos del orden mundial de la Guerra Fría.
Pero además existía otro elemento profundamente subversivo para ese orden internacional: la creciente participación de los trabajadores en la organización económica.
La designación de directores obreros en empresas estatales, tanto civiles como militares, impulsó una forma de militancia industrial que superaba ampliamente la reivindicación salarial. Los trabajadores comenzaban a involucrarse en el conocimiento de la producción, las estructuras de costos y las decisiones empresarias. Era el comienzo de una democracia económica que avanzaba hacia una distribución más justa de la riqueza.
Todo eso fue lo que vino a destruir el terrorismo cipayo de la dictadura.
El modelo que impusieron
El golpe de 1976 no fue solamente una ruptura institucional. Fue una transformación estructural de la economía argentina.
Se impuso un modelo de país primarizado, desindustrializado y subordinado al capital financiero internacional.
Desde entonces se consolidó un proceso caracterizado por la apertura comercial indiscriminada, la desindustrialización progresiva, la financiarización de la economía, el endeudamiento externo permanente y la fuga sistemática de capitales.
Entre 1976 y 1983 la deuda externa argentina pasó de alrededor de 7.000 millones a más de 45.000 millones de dólares. El sistema financiero fue reorganizado mediante la Ley de Entidades Financieras de 1977, todavía vigente, que transformó al crédito en un negocio especulativo antes que en una herramienta para el desarrollo productivo.
El comercio exterior quedó progresivamente concentrado en un pequeño grupo de empresas transnacionales que deciden qué entra y qué sale del país. El resultado de casi cinco décadas de este modelo es una Argentina profundamente contradictoria.
Un país que produce materias primas para abastecer a más de 400 millones de personas, pero donde millones de argentinos padecen hambre.
Una economía con enormes bienes comunes naturales, pero con niveles persistentes de pobreza.
Una estructura industrial con capacidad instalada que hoy apenas supera el 50% de utilización, reflejo del grado de desarticulación productiva alcanzado.
Un país que en las últimas décadas acumuló más de 220.000 millones de dólares de superávit comercial, pero que simultáneamente experimentó una de las mayores fugas de capitales de la región.
Una patria que supo tener la quinta flota mercante más grande del mundo y hoy depende de la logística extranjera para transportar su comercio.
Memoria, verdad y justicia
Por todo esto, Memoria, Verdad y Justicia no se alcanzan solamente denunciando los asesinatos del pasado.
Se alcanzarán plenamente cuando se destruyan las bases económicas del modelo que la dictadura vino a imponer.
El alineamiento de gran parte del sistema político alrededor de este mismo modelo ha impedido durante décadas discutir las verdaderas causas del golpe y las soluciones estructurales que necesita la Argentina.
Quedan ausentes los debates fundamentales: qué hacer con el comercio exterior para administrarlo en beneficio de la producción nacional, cómo reorganizar el sistema financiero para terminar con la fuga permanente de capitales, cómo recuperar el crédito productivo y cómo impulsar nuevamente un proceso de industrialización que permita superar la dependencia estructural del país.
Memoria es organizarnos y retomar el proyecto de liberación nacional.
Verdad es reconocer que el modelo económico vigente es, en gran medida, el que la dictadura vino a imponer.
Justicia será reconstruir la Nación que quisieron impedir.
Una Argentina industrial.
Soberana.
Socialmente justa.
Solo cuando ese proyecto vuelva a ponerse en marcha podremos decir que los 30.000 viven en la victoria de su pueblo.
(*) Analista económico, dirigente del Encuentro Patriótico.
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