Por Emilia Trabucco*
El 16 de enero de 2026 se cumplen diez años de la detención ilegal de Milagro Sala, una década en la que su encarcelamiento se consolidó como una pieza estructural del régimen de disciplinamiento político y judicial en la Argentina.
Milagro fue apresada luego de encabezar un acampe y una protesta pacífica frente a la Casa de Gobierno de Jujuy, en ejercicio de un derecho constitucional. A partir de ese hecho se desplegó un entramado de causas judiciales, prisiones preventivas extendidas y reencuadres procesales que sostuvieron su privación de libertad en democracia, pese a las denuncias de organismos internacionales que calificaron su detención como arbitraria.
La persistencia de ese encarcelamiento permite leer el funcionamiento estable de un dispositivo de persecución política que combina judicialización, hostigamiento y escarmiento público. Diez años después, el cuadro regional muestra una escalada: cuando la presión judicial y mediática ya no resulta suficiente, el dispositivo incorpora la vía militar directa.
En enero de 2026, el gobierno de Estados Unidos capturó en Caracas al presidente venezolano Nicolás Maduro y a la primera combatiente Cilia Flores, trasladándolos a tribunales federales norteamericanos. Ambos se declararon prisioneros de guerra, denunciando una operación que confirma que la persecución política y judicial —y ahora también militar— es operada directamente desde las fuerzas del norte contra gobiernos y liderazgos que expresan proyectos populares en la región.
Milagro Sala fue detenida pocos días después de la asunción de Gerardo Morales como gobernador de Jujuy y de Mauricio Macri en la presidencia, en un contexto de reordenamiento político y económico que anticipaba un nuevo ciclo de ofensiva sobre los territorios y los bienes comunes. La organización Tupac Amaru había construido viviendas, trabajo cooperativo, centros de salud y espacios educativos para miles de trabajadoras y trabajadores y sus familias, disputando de hecho la mediación clientelar y el control social que históricamente ejercieron las élites provinciales.
Pero además, esa experiencia se desarrollaba en una provincia estratégica para la profundización del modelo extractivo: Jujuy integra el denominado Triángulo del Litio, una de las principales reservas mundiales de ese recurso clave para el capital en su nueva fase digital-financiera.
El encarcelamiento de Milagro debe leerse también en esa clave: como una detención preventiva frente a posibles resistencias sociales y denuncias futuras contra la entrega del litio, la extranjerización del territorio y el avance de un esquema de saqueo de recursos naturales sin consulta ni control popular hoy acelerado en el régimen que encabeza Milei.
El encarcelamiento de Milagro funcionó como dispositivo ejemplificador. La exposición del castigo, el hostigamiento permanente y el deterioro de su salud, denunciado públicamente en los últimos meses, operaron como mensaje dirigido al conjunto del campo popular.
El objetivo consiste en quebrar la organización atacando a quien la encarna, y al mismo tiempo trabajar sobre la moral colectiva, deshumanizando y tratando sistemáticamente de humillar frente a los ojos de miles a quien representa la posibilidad concreta de una vida más digna para quienes viven de su trabajo.
Esta lógica adquiere una violencia específica cuando se trata de mujeres dirigentes. La persecución judicial se articula con estigmatización, violencia simbólica y ataques sistemáticos a la legitimidad política, con un especial ensañamiento. En la Argentina, la prisión de Milagro Sala se inscribe en la misma matriz que la guerra judicial contra Cristina Fernández de Kirchner, condenada y proscripta en una causa sin pruebas directas y con tiempos políticos cuidadosamente administrados. En ambos casos, el castigo se dirige contra liderazgos que ampliaron derechos, redistribuyeron poder y confrontaron al entramado económico dominante.
El dispositivo del lawfare o guerra jurídica opera más allá de los casos individuales y de los expedientes concretos. Produce miedo, induce silencios y disciplina dirigencias. No se limita a castigar a quienes son perseguidos judicialmente: trabaja sobre el conjunto del campo político, ordena conductas, delimita lo decible y lo indecible, fija costos anticipados para quien decida desobedecer.
Esa lógica ayuda a explicar la incomodidad persistente para pronunciarse frente a Milagro Sala, frente a Cristina Fernández de Kirchner, frente a Julio De Vido y frente a todas las presas y presos políticos. El mensaje circula con claridad en clave preventiva: quien desafía al poder real puede ser aislado, expuesto, degradado y castigado sin límites temporales ni garantías efectivas.
Una parte de esos silencios responde al efecto profundamente disciplinador del régimen, que actúa sobre la subjetividad política de las dirigencias y erosiona la voluntad de confrontación. Otra parte se vincula con una adaptación más estructural de sectores del campo nacional y popular, que eligieron convivir con las reglas impuestas, administrar la injusticia como dato del escenario y buscar legitimidad en los parámetros del enemigo.
Esa adaptación no es neutral, reproduce el orden que persigue, normaliza la excepcionalidad y contribuye a consolidar un dispositivo que no solo castiga a quienes resisten, sino que selecciona y modela a quienes aspiran a conducir, estableciendo límites cada vez más estrechos para la acción política transformadora.
El gobierno de Alberto Fernández, electo por voluntad popular, no resolvió la situación de Milagro Sala. Esa decisión política dejó una marca estructural, mostrando hasta qué punto el dispositivo judicial logró condicionar incluso a un gobierno que se identificaba como peronista, y consolidó la idea de que ciertas injusticias permanecen intocables dentro del orden vigente.
En este décimo aniversario, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos convocan a una Caravana por la Libertad de Milagro Sala. El jueves 15 de enero, a las 15.30, marchan las Madres de Plaza de Mayo. El viernes 16, la convocatoria parte a las 10.30 desde la Casa de Madres de Plaza de Mayo en CABA, continúa a las 12.00 en Plaza San Martín de La Plata y culmina a las 13.00 en Plaza Moreno. La denuncia del encarcelamiento ilegal vuelve a ocupar el espacio público como una disputa política central.
Diez años después, la prisión de Milagro Sala sigue operando como una pieza activa del orden político. Su encierro condensa una discusión democrática de fondo: si la política continuará subordinada a un dispositivo de persecución judicial y militar operado desde los centros de poder mundial, o si el campo popular logra recomponer organización, soberanía y voluntad colectiva para enfrentar un régimen que escala, aprende y avanza sobre las mayorías en la Argentina y en América Latina y el Caribe.
*Psicóloga, Magíster en Seguridad. Analista de la Agencia NODAL y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) en Argentina.
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