Falló histórico. El pasado lunes 25 de noviembre los curas Horacio Hugo Corbacho Blanck y Nicola Bruno Corradi Soliman fueron condenados por los reiterados casos de abuso sexual y corrupción de menores en el Instituto Próvolo. Sin embargo, el reclamo de las víctimas no termina allí, “todavía quedan por sentarse en el banquillo de los acusados la monja Kosaka Kumiko y la directora Graciela Pascual, quien está implicada como jefa y administradora de todos los hechos aberrantes que ocurrieron allí”, informó para Radio Gráfica, “Tato” Rivas, periodista de FM La Mosquitera de la ciudad de Mendoza.
En diálogo con Panorama Federal, Rivas afirmó que es “una sentencia importantísima”, aunque advirtió que “todavía queda un largo camino por delante”.
A lo largo de la causa penal “ha sido evidente el rol que tomó la Iglesia”, evidenció el periodista, pues “hay miembros que están denunciados por obstrucción de la justicia, como es el caso de Alberto Bochatey, delegado del Vaticano, por mentir públicamente dado que según él ‘estaban colaborando y habían entregado informes’”.
En este proceso, se encuentran denunciados Bochatey y el ex Arzobispo Emérito de La Plata Héctor Aguer por obstrucción a la justicia, además del repudio social que generaron los comunicados y declaraciones públicas de este último, que incluyen la apología de la “excomulgación” para Alberto Fernández si durante su próximo mandato presidencial se aprobara la ley de interrupción voluntaria del embarazo.
“Una sentencia importantísima”
“La sentencia del lunes demoró tres años, y durante todo este tiempo los sobrevivientes del Próvolo han sufrido humillaciones y re-victimizaciones”, por lo cual la sentencia del lunes es “emblemática”, destacó el corresponsal.
A su vez, Rivas subrayó que “dentro de la sentencia hay una obligación impuesta por parte del Poder Judicial hacia el gobierno de la provincia de Mendoza para que se extiendan los derechos de estos chicos”, y por la situación que éstos han pasado, señaló que “es importante que se les brinde toda asistencia sanitaria en cuanto a salud mental, además de garantizarles la escolaridad inclusive, becándolos hasta la universidad”.
“La sensación que nos recorrió fue que por muy escasa vez el Poder judicial se aproximó, por fin, a hacer justicia”
Sin embargo, Rivas expresó que “esperamos que el camino que queda por delante no esté plagado de trabas por parte de algunos abogados defensores, que quieren ‘ensuciar y embarrar la cancha’”, y, añadió que “no se trata de un accidente vial donde sólo hay que pagar una rotura vehicular, sino que se trata de la vida de un montón de chicos que han sido víctimas de horrores cometidos por estos sujetos”.
Es que los jóvenes hipoacúsicos “tuvieron que aprender a expresarse para hacer la denuncia”, aseguró el corresponsal, pues los pederastas no les enseñaban lenguaje de señas para poder comunicarse, y así seguir cometiendo delitos contra ellos. Los menores estaban imposibilitados de hablar, de decirle nada a nadie en relación a todo lo que sucedía dentro del Instituto.
Respecto de este caso, en el ámbito político “las coincidencias son generalizadas”, indicó Rivas, y agregó que “la Vicegobernadora de Mendoza, Laura Montero, fue quien se puso al hombro la situación y ‘movió’ la causa”.
“Tuvieron que aprender a expresarse para hacer la denuncia”
“El gobierno de la Provincia tuvo que poner a trabajar seriamente en el caso al Ministerio Público Fiscal”, puntualizó el periodista, y el fiscal Gustavo Stroppiana “lo ha llevado muy bien, porque contó con el apoyo de los abogados querellantes”, remarcó.
“Toda la sociedad mendocina ha coincidido en respaldar esta condena”, enfatizó el cronista, y manifestó que “la querella está diciendo ‘que aún quedan aspectos a revisar, porque hay distintas acusaciones pendientes’”.
A Corradi y Corbacho los sentenciaron a 42 y 45 años, sin embargo “hay partes de la causa que han merecido la duda razonable, entonces se los ha absuelto en algunas acusaciones. Eso será revisado y se irá avanzando sobre ello”, reveló Rivas.
El periodista puso en evidencia la actitud que tuvo el actual intendente del Departamento de Luján de Cuyo, y recientemente electo diputado nacional por Juntos por el Cambio, Omar De Marchi, quien “a principio de este año compró a bajo precio las instalaciones del instituto Próvolo donde trasladó las oficinas de la Municipalidad que conduce”.
“Toda la sociedad mendocina ha coincidido en respaldar esta condena”
Por esta situación, los sobrevivientes y los familiares de las víctimas de abusos sexuales y la corrupción de menores, “están realmente indignados con la actitud del Intendente”, relató el cronista, pues sin consultar “hizo de ese lugar oficinas, cuando tendría que haber sido un lugar para la memoria” de unos hechos que no pueden ser olvidados, denunció el periodista.
Por último, Rivas reflexionó sobre la sentencia, y elogió el rol de la Justica, pues el camino “está comenzando: desde Mendoza se ve cómo se lo marca, para seguir ahora con el caso del Instituto Próvolo de La Plata”.
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