Por Emilia Trabucco*
El 13 de noviembre se conocerá la sentencia definitiva contra Cristina Fernández de Kirchner en la “causa Vialidad”. La audiencia para la lectura comenzará a las 11 de la mañana. La decisión fue tomada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña en los tribunales de Comodoro Py, y dada a conocer el pasado 7 de octubre, mismo día en el que Cristina confirmaba su candidatura a la presidencia del Partido Justicialista.
Esta causa judicial, una de las tantas armadas en su contra, y plagada de irregularidades, está enmarcada en un plan sistemático de persecución que tiene un fin claro: desarticular su centralidad en la política argentina y desactivar cualquier posibilidad de una alternativa popular en el país. Forma parte de la estrategia de Lawfare (o guerra jurídica), una de las caras de la guerra multidimensional implementada por la ultraderecha para eliminar a sus opositores y garantizar la consolidación de un régimen neoliberal, fascista y autoritario, que viene ganando terreno en el mundo, en un clima de “insatisfacción democrática”.
La causa Vialidad fue, entre las tantas operaciones, la punta de lanza para mostrar a la ex presidenta como corrupta, a pesar de la evidente falta de pruebas: desde mayo de 2019 hasta diciembre de 2022, los testigos no la mencionaron directamente y no se hallaron pruebas que la vinculen con los cargos. Este juicio se presentó como una “parodia de justicia”, un juicio armado sin sustento, diseñado para proscribir políticamente, tal como lo denunció la ex presidenta.
El ataque forma parte de un fenómeno más amplio que no se limita a Argentina. El Lawfare ha sido una herramienta utilizada también contra otros líderes populares de la región, como Lula Da Silva en Brasil o Rafael Correa en Ecuador, y busca frenar a quienes representan una alternativa al modelo económico neoliberal. En este sentido, el juicio contra Cristina y la campaña de odio que lo acompaña buscan impedir que, como referenta del movimiento popular, pueda volver a postularse o jugar un rol de liderazgo en la política argentina, esto es lo que realmente implica la condena, la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El año 2022 marcó un punto de inflexión en esta persecución con el intento de magnicidio que sufrió Cristina. El 1° de septiembre de ese año, un hombre apuntó con un arma a menos de 15 centímetros de su cabeza y disparó sin que la bala saliera. Un ataque que dejó claro que la violencia en Argentina volvió a constituirse como arma política. Sin embargo, en lugar de investigar las posibles conexiones entre este atentado y sectores de la ultraderecha, los medios de comunicación y la justicia relativizaron el hecho, presentando a Sabag Montiel, el agresor, como un “loco suelto”. No faltó el rol de los medios, donde la tapa del diario Clarín: “la bala que no salió y el fallo que sí saldrá” fue el ejemplo paradigmático de la operación. Los hechos refuerzan la hipótesis de que el ataque fue parte de un plan más amplio orquestado por sectores reaccionarios del poder, que incluye a la familia Caputo, Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad, Milman, entre otros, y que gozan de total impunidad.
La llegada de Milei a la presidencia en diciembre de 2023 ha profundizado esta persecución, alineándose con la derecha regional, buscando consolidar un proyecto de ajuste, represión y privatización. Este programa ultraderechista, que encuentra aliados en sectores del Poder Judicial y en los poderes económicos financieros que controlan además las plataformas digitales, representa una amenaza concreta para los derechos de los sectores populares. En este contexto, Cristina Fernández se convierte no solo en una dirigente política, sino en una figura de resistencia ante la ofensiva neofascista y neoliberal.
Como lo advierte la propia Cristina: “El objetivo es borrar de la historia a todos aquellos que puedan representar una amenaza para el status quo”. Esto lo saben muy bien tanto sus enemigos declarados como también, sectores que se dicen parte del peronismo y representan el fuego amigo contra Cristina, como lo han demostrado algunos espacios en la carrera a la presidencia del Partido Justicialista, decididos a intentar dirimir las internas en la justicia, territorio enemigo históricamente.
Cristina, en este contexto, representa no solo a su propio movimiento, el kirchnerismo, sino a una alternativa política con capacidad de oponerse al plan de hambre y saqueo de la ultraderecha contra las mayorías populares. Durante sus dos presidencias, garantizó que los salarios de les trabajadores argentines se ubicaran entre los más altos de la región y promovió políticas que acercaron el PBI nacional al 51% en la puja distributiva con el sector empresarial. Su rechazo a las políticas del FMI y la denuncia contra el acuerdo firmado en 2022, que condena al pueblo argentino a la pobreza y el hambre, son ejemplos claros de su compromiso con el proyecto de las grandes mayorías populares.
Pero el ataque hacia ella no es solo un ataque político; es también un ataque a la democracia misma. Como vicepresidenta, Cristina ha denunciado la ilegitimidad del crédito del FMI, ha subrayado la contradicción entre un crecimiento económico que beneficia a unos pocos y la exclusión de las grandes mayorías de esos beneficios. Este cuestionamiento a las élites económicas y políticas, es el verdadero motor de la ofensiva judicial y mediática en su contra. Tal como lo afirma Cristina, “ya quisieron muchas veces eliminar derechos en Argentina. Comer cuatro veces por día no es una cuestión ideológica, ni tener un buen salario, tener un lugar digno para vivir, que tus hijos estudien. No es populista. Es algo que está en el ADN argentino”.
Este ataque se ha visto reflejado en la campaña mediática y en redes sociales, intensificado por el hecho de ser mujer. Un informe del CELAG de mayo 2024 revela que la palabra “Cristina” aparece en el 50% de las tapas de Clarín y La Nación, y que tres de cada cuatro menciones a su nombre son negativas. Además, el poder judicial, que Cristina ha calificado como “la organización política central” de este siglo XXI, continúa usando el aparato judicial para proscribirla. Los jueces que están detrás de la causa Vialidad, como Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, tienen vínculos probados con Mauricio Macri, lo que hace dudar, aún más, de la imparcialidad de estos procesos.
El escenario judicial es alarmante. En septiembre, la Cámara de Casación filtró su intención de confirmar la condena a seis años de prisión contra Cristina. De ser así, quedaría -salvando las absolutas diferencias de los casos- en una situación similar a la de Carlos Menem en la causa del contrabando de armas a Croacia y Ecuador, aunque en ese caso la Corte Suprema falló a favor de Menem. La posibilidad de un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia mantiene abierta la puerta a un cambio, pero los tiempos judiciales son inciertos y la situación política en el país se complica aún más con la influencia de la corriente macrista dentro de la Corte.
La crisis de la democracia argentina es innegable. La justicia, lejos de ser independiente, se ha convertido en una herramienta al servicio del poder real. Cristina, sin embargo, sigue siendo la figura clave que articula la resistencia popular. Como advirtió, “la verdadera justicia solo se construye cuando el poder está en manos del pueblo”. Su centralidad en la política argentina no es solo la de una dirigente; es la de una referente de un proyecto de justicia social que no se ha rendido ante el avance del fascismo y la violencia que intenta eliminarla del escenario político.
Cabe la pregunta por la capacidad del campo popular de hacer frente a la ofensiva judicial contra quién personifica la posibilidad de materializar un programa de justicia social, más aún en el caso de que la sentencia se confirme y que, agotada la instancia de apelación, decidan hacer efectiva la condena a 6 años de prisión para quien su máximo delito es no someterse a ser “una mascota del poder”.
En este sentido, el pueblo argentino está ante una encrucijada histórica. Ante el avance de un régimen que concentra el poder en manos de las élites y avanza en la represión de las disidencias, la unidad popular y la construcción de una verdadera democracia participativa son más necesarias que nunca. La movilización popular y la organización de las clases trabajadoras serán claves en la defensa de Cristina, y en ella, la posibilidad de rearticular un programa con capacidad de oponerse al fascismo, enfrentando los desafíos de una transformación absoluta de las reglas del juego político en el siglo XXI.
(*) Es psicóloga, Magíster en Seguridad. Analista de la Agencia NODAL y de CLAE Argentina. Directora del Área de Universidad, Género y Trabajo del IEC-CONADU.
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