El juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Enrique Arias Gibert, dialogó en Radio Gráfica sobre el pedido de informe de la Organización de Naciones Unidas, solicitado por el Relator para la Independencia de los Magistrados y Abogados de la ONU Diego García Sayán, al Estado Argentino por posibles violaciones a la independencia judicial y acerca de los desafíos del mundo laboral.
“No se puede gobernar de espaldas a los derechos humanos ni a las principales bases republicanas porque no sólo se compromete a un gobierno sino que a todo el Estado Argentino frente a la comunidad internacional”, señaló en comunicación con Lucas Molinari en Punto de Partida con respecto a las políticas del macrismo en materia institucional y el requerimiento del organismo internacional.
“El desafío de los jueces laborales es asegurar que la libertad y la democracia no se queden en la puerta de la fábrica. Uno de los problemas del neoliberalismo es que considera al hombre como un instrumento, algo vale en tanto es útil y lo pueda explotar. Cuando no es así, puede ser abandonado. Para evitar esto tiene que estar la justicia del trabajo”, sentenció Gibert, quien en 2017 fue denunciado por el entonces ministro de Trabajo, Jorge Triaca, por avalar un aumento salarial al sector bancario.
“El desafío de los jueces laborales es asegurar que la libertad y la democracia no se queden en la puerta de la fábrica”
En ese sentido, destacó que “es falso cuando se dice que el salario es un costo porque es el modo que tienen la mayor parte de los ciudadanos argentinos para integrarse a la sociedad” y que “otra mentira es cuando se dice que quien tiene un plan no trabaja porque el plan cubre menos 50 por ciento de la capacidad de supervivencia de una persona”.
“Para enfrentar la flexibilización de hecho hay que llevar adelante políticas económicas inclusivas que atiendan la emergencia y que luego avancen hacia una democratización del poder, la cultura y la riqueza”, expresó el magistrado.
“Si se puede evitar no es un accidente, es un crimen”
Por otro lado, se refirió a la muerte del obrero José Bulacio en la obra del aeropuerto de Ezeiza y al posterior decreto del presidente Macri que redujo el monto de las indemnizaciones que deben pagar las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) ante accidentes laborales por incapacidad laboral o muerte definitiva: “Si se puede evitar no es un accidente, es un crimen”.
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