Por Horacio Rovelli
El presupuesto de la Administración Nacional para el corriente año 2022 determinado por el incremento del gasto del Decreto de Necesidad y Urgencia 331/22 del 22/07/2022, es de $ 16 billones de pesos, ante un PIB que el Ministerio de Economía prevé de $ 76,5 billones (el gasto total anual pasaba a ser del 20,9% del PIB) cuando fue del 24,43% (base caja) en el año 2021 y del 25,96% (devengado) en el año 2020.[1]
Incluso antes de la estratificación de las tarifas públicas, se observa en el DNU 331/22 una reducción de los subsidios en términos del PBI de 2,3 % en 2021 al 1,7% en 2022. Pero a ello, debe sumarse la estimación del ajuste de la Secretaria de Energía por el ahorro fiscal por dicha estratificación que será de $ 47.500 millones para este año 2022 y de $ 455.000 millones en base anualizada para el año 2023 (0,6% del PIB).
A estas estimaciones se debe sumar la Decisión Administrativa 826 del 22/08/2022 que disminuye el presupuesto vigente en $ 210.000 millones, mientras incrementa el gasto en $ 82.000 millones por incrementos salariales de la Administración Pública Nacional y empresas estatales (lo cual hace prever que puede haber un aumento salarial para los trabajadores estatales), dando como resultado un ajuste neto de $ 128.000 millones (un 0,8% del PIB).
Mediante la DA 826/22 reduce los fondos disponibles en $ 50.000 millones para educación, en $ 10.000 millones para salud, en $ 50.000 millones al programa de viviendas Procrear y $ 100.000 millones en otras obras pública y para desarrollo productivo.
EDUCACIÓN
Mediante la decisión administrativa 826/2022, detrajeron fondos:
- $ 15.000 millones del dinero asignado al programa “Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles” (obra pública).
- $ 30.000 millones al programa Conectar Igualdad (el que se ocupa de entregar netbooks a estudiantes y docentes de secundaria de escuelas públicas), aducen problema en la importación de los equipos.
- $ 5.000 millones para Infraestructura y equipamiento (gasto de capital).
SALUD
Se reduce el presupuesto para el Ministerio de Salud en $ 10.000 millones en una partida que estaba destinada a la compra de productos farmacéuticos y medicinales, bajo el programa de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles y, para vacunas para el covid.
VIVIENDA
Ajuste por $ 50.000 millones en las transferencias destinadas al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. En particular, el ajuste total recayó en el programa Procrear (Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar). Más de tres millones de familias tienen graves problemas habitacionales y desde la asunción de Alberto Fernández sólo se construyeron 50.000 viviendas.
OTROS AJUSTES
Abarca ajuste en las partidas presupuestarias para los Ministerios de
- Transporte en $ 10.000 millones (donde se destaca el programa Transferencias a Gobiernos Municipales en – $ 4.076 millones);
- Obras Públicas en $ 20.000 millones, fundamentalmente en “Transferencias a Instituciones Provinciales y Municipales para Financiar Gastos de Capital (-$ 4.000 millones) y otros – $5.000 millones por Transferencias a Gobiernos Provinciales en la partida de “Recursos Hídricos”. También incluye $ 1.500 millones corresponden al Desarrollo de Infraestructura Ambiental cuando se lucha contra los incendios intencionales en el delta del Paraná.
- Desarrollo Productivo se le realiza un recorte de fondos por $ 70.000 millones – de los cuales $ 50.000 millones corresponden a una menor partida para el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), seguido del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat por $ 20.000 millones.
La reducción del gasto está en línea con el compromiso adoptado con el FMI de ajuste del déficit fiscal por la vía de recortes nominales, aumento de tarifas y/o menores subsidios a la Energía y Transporte y menores gastos reales por la mayor inflación. Así, las partidas que se recortan están vinculadas en una alta proporción a créditos vinculados a inversiones o gastos de capital en áreas como Educación y Salud, por transferencias a Provincias y Municipios, también en Educación y planes de vivienda.
CONCLUSION
El ajuste de la DA 826/22 de $ 128.000 millones es mayor a los $ 108.000 millones que representa el bono de $ 4.000 a $ 7.000 a los jubilados y pensionados que perciben hasta 2 (dos) haberes mínimos (unas 6.000.000 de personas) durante los meses de septiembre, octubre y noviembre 2022.
[1] Devengado contempla todas las obligaciones, pagadas al cierre del ejercicio fiscal o no.
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