Chubut. Con el enfoque invertido

A raíz de las masivas manifestaciones realizadas por el movimiento obrero en 2018 y 2019 en Chubut, se inició un proceso de criminalización y persecución política y judicial contra sindicalistas que buscaban defender los derechos que estaban siendo vulnerados en el marco de la crisis económica y el ajuste que se llevó adelante tanto a nivel nacional como provincial.

El 18 de julio se realizó la primera audiencia del juicio contra Mariana Castro, Marcela Ancaleo (ambas de CTA Autónoma) y Santiago Goodman (ex secretario general de la Asociación Trabajadores de la Educación de Chubut) por «incendio estragoso, daños, y disturbios» contra la Casa de Gobierno de la Provincia del Chubut, buscando incriminarlos por los hechos sucedidos el 17 de septiembre de 2019, minutos después de conocerse la noticia de que las docentes Jorgelina Ruiz Díaz y María Cristina Aguilar habían fallecido al volcar el auto en que volvían de la protesta.

Noelia Silva, integrante de la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia, ONG que acompaña la defensa de Goodman, Ancaleo y Castro, recordó en Radio Gráfica que “en 2019 estábamos con los sueldos congelados, los docentes estuvieron más de 60 días sin cobrar sueldos ni aguinaldo”.

El 17 de septiembre “el gobernador Mariano Arcioni presentó un proyecto en la Legislatura para aumentar 100% su sueldo y 75% a sus ministros”. Eso sumado a las muertes de Jorgelina y Cristina “generó un caos tremendo y una indignación” que derivó en que “los manifestantes prendieron cubiertas y el incendio tomó una de las puertas de Casa de Gobierno”, repasó Noelia.

En la audiencia de este 1 de agosto, en la que se presentaron los alegatos, tanto el Ministerio Público Fiscal como la querella pidieron que los imputados sean condenados al menos por daño agravado, ya que no se pudo probar el vínculo con los incendios. La defensa planteó que no pueden corroborar ningún delito porque no existen elementos probatorios y remarcó las irregularidades que se fueron suscitando en el proceso judicial.

Vale destacar que una de las pruebas es el testimonio de Michael Barrera, Sub inspector del Área Investigaciones, quien confesó durante las audiencias que fue enviado a fotografiar y filmar, vestido como civil y en un auto sin identificación, a quienes protestaban. “En pleno juicio se reconoce el espionaje ilegal a trabajadores” remarcó Silva sobre este testimonio, quien apuntó que estos procedimientos “se hacen para el armado de causas aunque está prohibido por la Ley de Inteligencia Nacional”.

“Yo fui víctima de esto, estuve detenida en 2019 en una protesta social, también con espionaje, que dejé de recibir afuera de mi domicilio cuando lo mencioné en una plaza el 24 de marzo” expresó la integrante de la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia, quien proviene de la militancia ambientalista.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) comunicó que “ante esta situación de persecución, criminalización y judicialización de la protesta social” hará una presentación ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

La jueza penal que preside la causa, María Tolomei, adelantó que es probable que este miércoles 3 de agosto al mediodía dicte la sentencia, que se espera con fuerte expectativa para saber si se ratifica o no la criminalización de la protesta en Chubut.