Por Leila Bitar*
Almagro en la mira
La región entró en un proceso de cambios que probablemente redefinan el papel de las instituciones multilaterales vigentes. La semana pasada hubo algunas declaraciones y posicionamientos claros que permiten delinear la estrategia progresista contra la OEA; AMLO desde México y Alberto Fernández casi en tándem, cuestionaron la legitimidad (y continuidad) del organismo y de su secretario general, Luis Almagro. Por otra parte, la asunción de Pedro Castillo en Perú es prácticamente una sentencia de muerte para el ya debilitado Grupo de Lima, otra herramienta de las elites dominantes locales cuya influencia se fue recortando. A su vez, se conoció que Argentina asumirá la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), y el lunes se hará el lanzamiento de Runasur (Pueblos hacia la América Plurinacional). Los gobiernos populares apuestan a ambos espacios para consolidar una integración alejada de las diatribas de Washington.
Pero más allá del rumbo que tome la CELAC, o de la capacidad para construir otra herramienta que logre articular las necesidades políticas y económicas de los estados latinoamericanos, cabe prestar atención al proceso de desprestigio al que asiste la OEA y su titular. Desde hace algunos días el organismo viene trastabillando con derrotas diplomáticas importantes.
Primero, fracasó en el intento de alinear a sus miembros contra el gobierno cubano; habían llamado a una sesión extraordinaria del Consejo Permanente para el miércoles pasado y luego la suspendieron ante “los planteos al respecto por parte de algunos países”, que no identificaron. La maniobra dejó en evidencia el poco consenso entre los estados miembros para abordar la cuestión cubana desde éste organismo, del cual Cuba está excluida desde 1962.
Por otra parte, se dio a conocer un estudio académico del grupo en Bioinformática, Sistemas Informáticos Inteligentes y Tecnología Educativa (Bisite) de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, tradicional universidad española, que certificó que no hubo fraude electoral en los comicios de 2019, que había ganado Evo Morales Ayma. El informe de la casa de estudios asegura que “se ha demostrado la inexistencia de manipulación en los datos que prueben una actuación dolosa que hubiera incidido en los resultados del proceso electoral de octubre del 2019”.
Los investigadores John Curiel y Jack R. Williams, del Massachusetts Institute of Technology, ya habían declarado tras una serie de estudios del proceso electoral boliviano, que su “investigación no encontró ninguna razón para sospechar fraude”. Los expertos estadounidenses, habían señalado que las conclusiones del informe publicado por la OEA en noviembre fueron “profundamente defectuosas”. “Es muy probable que Morales haya ganado el margen de 10 puntos porcentuales requerido para ganar en la primera ronda de la elección el 20 de octubre de 2019”, manifestaron.
“Se ha demostrado la inexistencia de manipulación en los datos que prueben una actuación dolosa que hubiera incidido en los resultados del proceso electoral de octubre del 2019”.
Universidad de Salamanca
El nuevo informe realizado en la universidad española, suma evidencias para impulsar una causa judicial contra Luis Almagro. De ésta manera, los ex integrantes del Tribunal Superior Electoral de Bolivia que participaron en esos comicios (algunos inclusive llegaron a estar detenidos por el gobierno de facto), anunciaron que iniciarán un “proceso contra el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para que se reparen los daños causados con la auditoría que anuló las elecciones de octubre de 2019”. Desde el gobierno de Luis Arce trascendió que se está evaluando denunciar a Almagro ante el Tribunal de La Haya por complicidad con crímenes de lesa humanidad.
El último golpe para el uruguayo vino ni más ni menos que de Estados Unidos; la cámara de Representantes aprobó una ley que insta al gobierno de Biden a investigar si el informe sin pruebas de la OEA contribuyó a desestabilizar un gobierno democrático en Bolivia. La Ley de Asignaciones de Fondos para Operaciones en el Extranjero, que pasó al senado, sostiene que se debe “garantizar que no ocurran otra vez ataques similares contra la democracia”. En un comunicado, las autoridades demócratas de la Cámara de Representantes explicaron que “pese a repetidas cartas de congresistas, funcionarios de la OEA no han dado respuesta a las preguntas de miembros del Congreso sobre los fundamentos de las afirmaciones de la OEA sobre Bolivia”.
El uruguayo hace poco reconoció en una discusión con el representante boliviano ante el organismo que las muertes de Senkata y Sacaba, constituyeron una “masacre”, e incluso hizo un minuto de silencio por las víctimas. El gobierno de Luis Arce está decidido a sancionar a los responsables del golpe y las muertes de ciudadanos que salieron a repudiarlo. En ese marco, Almagro, que en estos días anunció que padece covid, deberá pensar como reposicionarse ante una comunidad internacional que cuestiona su papel en la cada vez más desprestigiada institución.
Corrupción y protestas en Guatemala
Demandas legítimas de una sociedad golpeada por la pandemia, y desentendimientos entre la elite gobernante y sus aliados del norte. ¿Qué está pasando en Guatemala?
La destitución del fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, desencadenó una ola de protestas en Guatemala contra el gobierno de Alejandro Giammattei y contra la fiscal general Consuelo Porras.
Además del malestar social por los casos de corrupción, la gestión gubernamental enfrenta uno de los períodos más difíciles de la pandemia de covid 19, registrando el mayor número de muertos por coronavirus. La faltante de vacunas (sólo arribaron 550 mil dosis al país) también es un factor que explica el estallido.
El gobierno de Joe Biden, tras la destitución de Sandoval, paralizó la ayuda financiera que brindaba a la Fiscalía General de Guatemala.
“Agradecemos el apoyo que Estados Unidos ha brindado a nuestro país, el cual ha sido fundamental para avanzar en (…) la lucha contra el crimen organizado y el combate a la corrupción, esfuerzos en los que el Ministerio Público juega un papel fundamental”, dijo Giammattei en un comunicado, y agregó: “Por lo que suspender el apoyo resulta contraproducente para la consecución de los mismos”.
El fiscal destituido, era el titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), creada para llevar adelante las investigaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), un organismo de Naciones Unidas que fue desarticulado en 2019 durante el gobierno de Jimmy Morales. Giammattei asumió su cargo en enero de 2020 y prometiendo una lucha constante contra la corrupción.
El fin de semana pasado, Sandoval abandonó Guatemala alegando que corría peligro su vida y libertad, y explicó que su exilio se debe a que encontró tres casos de corrupción en los que Giammattei podría estar involucrado. El ex fiscal luego viajó a Estados Unidos, donde participó de una reunión con Julie Chung, la subsecretaria de Estado adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, quien el viernes apuntó contra la jefa del Ministerio Público guatemalteco, quien según la norteamericana, está haciendo un “esfuerzo sistémico para socavar a quienes se sabe que luchan contra la corrupción”.
Por su parte, el asesor Principal de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos de América (USAID), Mark Feierstein también conversó con el exfiscal, para luego solicitarle públicamente al gobierno de Guatemala, que restituya a Sandoval como titular de la FECI.
México. Rumbo a la primera consulta popular federal de la historia
Este domingo 1 de agosto los mexicanos deberán contestar la siguiente pregunta:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Andrés Manuel López Obrador busca que la elite que gobernó México desde 1988 hasta 2018 –Carlos Salinas de Gortari (PRI), Ernesto Zedillo (PRI), Vicente Fox (PAN), Felipe Calderón (PAN) y Enrique Peña Nieto (PRI) – rinda cuentas ante la justicia por “la concentración desmesurada de la riqueza, quebrantos monumentales al erario, privatización de los bienes públicos, corrupción generalizada, procesos electorales viciados y prácticas gubernamentales que desembocaron en un crecimiento descontrolado de la violencia, la inseguridad pública, la violación masiva de derechos humanos, la impunidad como norma y el quebrantamiento del Estado de derecho en extensas zonas del territorio nacional”.
Mientras la oposición y medios cuestionan el “tinte político” de la consulta popular, AMLO ejecuta uno de los ejes de la Cuarta Transformación; incrementar la participación popular en las discusiones políticas y en la lucha contra la corrupción y la impunidad. El objetivo en definitiva, es que los ciudadanos participen de manera directa en las decisiones de los poderes públicos. Se requiere que al menos el 40% del padrón electoral concurra a las urnas a votar para que la consulta tenga carácter vinculante, por lo que será crucial para una victoria política del mandatario que 37 millones de personas se movilicen para la consulta.
“La gente siempre quiere ser tomada en cuenta, (…) la gente puede salir a ejercer sus derechos, la gente quiere la democracia participativa”, aseguró el mandatario en su habitual rueda de prensa matutina. “Es muy importante (…) que no nos quedemos sólo en la democracia representativa, que nada más participemos cada 3, cada 6 años, sino que el pueblo siempre tenga la agenda del poder en sus manos, porque el pueblo es el soberano, es el que manda y la autoridad tiene que mandar obedeciendo al pueblo”, agregó.
“Es muy importante que el pueblo siempre tenga la agenda del poder en sus manos”. AMLO
Guatemala –involuntariamente– y México –por decisión política– pusieron en el centro de la escena pública la problemática de la corrupción, temática siempre presente en las agendas mediáticas latinoamericanas. Sin embargo, el caso guatemalteco deja en evidencia la profunda dependencia de su sistema judicial con EEUU y sus ONGs satélites. México, en la vereda opuesta, decide fortalecer los mecanismos de democracia participativa para involucrar directamente a la sociedad mexicana en las decisiones de este tipo, donde el accionar judicial sobre cuestiones políticas (como la corrupción) quede, en parte, determinado por la propia ciudadanía.
(*) Licenciada en Periodismo de la UNDAV. Periodista de Radio Gráfica
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