Diputados de extracción sindical presentaron un proyecto de ley para crear una Comisión Bicameral Especial Investigadora en el Congreso nacional con el fin evaluar y esclarecer de “las causas, circunstancias y consecuencias del envío de material bélico y/o antidisturbios, armamentos y otros pertrechos” a Bolivia en días donde se desarrollaba el golpe de Estado contra Evo Morales en noviembre de 2019.
El proyecto de ley es impulsado por los diputados Walter Correa, Hugo Yasky, Claudia Ormachea, Pablo Carro Héctor Fernández. Plantea la conformación de una Comisión compuesta por cuatro diputados y cuatro senadores nacionales “designados por los presidentes de cada cámara”. Busca esclarecer la responsabilidad de Mauricio Macri y sus funcionarios.
La noticia se conoció días atrás donde desde el Gobierno boliviano denunciaron el apoyo del gobierno de Mauricio Macri al golpe en curso con el envío de municiones, gases lacrimógenos y granadas de distinto tipo. También motivó que desde el actual gobierno nacional se presentara una denuncia penal este lunes apuntando a Macri; Patricia Bullrich; Oscar Aguad; Jorge Faurie y el embajador argentino en Bolivia, Normando Alvarez García, entre otros.
En el desarrollo del articulado faculta a esa Comisión a solicitar “informes, documentos, antecedentes (…) a cualquier organismo público,o a personas físicas o jurídicas públicas o privadas“.
También plantea la posibilidad de citar funcionarios públicos, tomar declaraciones testimoniales; realizar investigaciones de oficio; requerir información a los sistemas de inteligencia; solicitar peritajes y emitir “dictámenes e informes con recomendaciones al Poder Ejecutivo nacional y al Congreso de la Nación” y “denunciar ante el Poder Judicial todo hecho y omisión, surgido de la investigación, que pudiere constituir un ilícito“.
La Comisión elaborará un informe “con una descripción detallada de los aspectos más salientes sobre las cuestiones objeto de investigación y formulará propuestas concretas y útiles para forjar la memoria, responsabilizar a los autores, partícipes y cómplices“. El plazo que establece para publicar el informe es de 180 días.
Por último, el proyecto de ley indica que “la Comisión deberá instar a quienes determine como autores, partícipes cómplices a reconocer voluntariamente su participación, formular disculpas y desagravios a los afectados por sus acciones y a ofrecer mecanismos de reparación de daños causados a intereses o derechos individuales o colectivos, lo que en ningún caso extinguirá las acciones judiciales que por derecho pudieran corresponder“.
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