Por Carlos Javier Avondoglio *
Corren los primeros días del otoño de 1962. Las hojas todavía están tensas en los árboles, pero un proceso interno comienza a restarles vigor. Tras la salida forzada de Arturo Frondizi, José María Guido está a cargo de la presidencia provisional sostenido por los generales “colorados”. El derecho a huelga y la actividad política de los dirigentes sindicales se encuentran limitados. Álvaro Alsogaray es el responsable de la cartera de Economía y Trabajo; desde allí promueve la creación de sindicatos por empresa y ejecuta un programa de orientación liberal que favorece el traslado de ingresos desde las clases productoras hacia la oligarquía agraria y comercial. En paralelo, el desempleo crece y se suceden las quiebras de aquellas empresas que tomaron deuda en el exterior durante la malograda gestión de la UCRI (Unión Cívica Radical Intransigente).
Pese a todo, comienza a quedar atrás el repliegue obrero que comenzó en 1959 tras las derrotas del conflicto por la privatización del frigorífico nacional Lisandro de la Torre y de las huelgas bancaria, textil y metalúrgica, hechos que fueron sucedidos por la implementación del Plan Conintes (Conmoción Interna del Estado). El país ahora es testigo de una avanzada popular que se prolongará durante dos años y medio. En mayo el sindicalismo peronista golpea con un paro general. En julio las 62 Organizaciones lanzan el programa de Huerta Grande. Un mes después los sindicatos convocan a un nuevo paro y, a las tres semanas, desaparece el delegado metalúrgico Felipe Vallese. La Argentina escenifica desde hace tiempo una contienda pareja, cambiante.
Para el verano de 1963 ya hay una guerrilla rural operando en Salta; se trata del Ejército Guerrillero del Pueblo conducido por Jorge Ricardo Masetti. En los meses de enero y febrero –en el marco de un desplazamiento del poder hacia los oficiales “azules”- tiene lugar el Congreso Normalizador de la Confederación General del Trabajo (CGT) por cuya realización la “Comisión de los 20” viene pujando desde el año 61. De dicho congreso emergen un Secretariado y un Consejo Directivo híbridos, conformados por las 62 Organizaciones Peronistas (textiles, metalúrgicos, mecánicos, etc.) y los llamados Gremios Independientes (comercio, gráficos, viajantes, UPCN, municipales, etc.), de orientación clasista o apolítica.
El primer grupo, como se sabe, congrega a la mayoría de los gremios industriales y constituye el brazo político del sindicalismo peronista que cuenta entre sus principales figuras a Augusto Vandor, José Alonso (ungido secretario general de la central obrera), Amado Olmos, Andrés Framini y Avelino Fernández. Este último, desde la secretaría gremial y de interior, llevará adelante la normalización de 95 regionales y será el responsable de articular muchas de las acciones que veremos a continuación. Por su parte, los sindicatos nucleados en el MUCS (Movimiento de Unidad y Coordinación Sindical), de perfil comunista, quedan dentro de la central pero no integran su conducción. Al margen de este reagrupamiento se ubican los 32 Gremios Mayoritarios Democráticos, que tienen como denominador común un marcado antiperonismo.
El Congreso reunido aprueba los estatutos, emite un documento (“Hacia el cambio total de estructuras económicas”) que retrata la entrega del país posterior a 1955 y un pliego de reclamos que apuntan, fundamentalmente, a la recuperación de la soberanía popular y el fin de las proscripciones, la libertad de los presos políticos, la derogación de los instrumentos represivos, la rehabilitación de las personerías gremiales, la defensa del empleo, la cogestión obrera de las empresas, las leyes protectoras de la mujer trabajadora, el aumento de salarios, jubilaciones y pensiones en simultáneo con el control de precios y, finalmente, “el cambio total de las estructuras, dando real participación a los trabajadores en todos los órganos de conducción de la vida económica de la Nación” y la implementación de una reforma agraria profunda “basada en un orden de distribución regido por el principio de la tierra para quienes la trabajen” (Calello y Parcero, 1984).
Sin perder demasiado tiempo e impulsada por las reivindicaciones mencionadas, la nueva conducción cegetista pasa a la acción y convoca a una semana de protesta para fines de mayo que combina diferentes medidas y que cierra con un paro general el día 31. Es el primer escalón de un Plan de Lucha que constará de cinco etapas y se prolongará hasta noviembre de 1965.
El 7 de julio Arturo Illia gana las elecciones nacionales con el 23% de los votos. El segundo lugar lo ocupan los más de tres millones de votos en blanco del movimiento proscripto. En agosto el Movimiento Nacionalista Tacuara asalta el Policlínico Bancario y da inicio a la guerrilla urbana en la Argentina. Por aquellos días el sindicalismo peronista declara fraudulentos los comicios que dieron ganador al candidato de la UCRP (Unión Cívica Radical del Pueblo). El vínculo entre las “62” y el gobierno de Illia, que asume la primera magistratura en octubre, está herido de muerte antes de comenzar. El 6 de diciembre la CGT le hace el primer paro y eleva un petitorio de 8 puntos. Semanas más tarde, todas las piezas del tablero político argentino comienzan a verse imantadas por un hecho que ocurre a miles de kilómetros del país. En la fría noche madrileña del 31 de diciembre, un general exiliado promete que el regreso a su Patria se producirá en el lapso de los próximos 12 meses.
Así, con el rumor del anhelado y temido retorno, se inicia el nuevo año, la mediatriz exacta de la Resistencia Peronista. En abril el gobierno saca un decreto reglamentario de la Ley de Asociaciones Profesionales mediante el cual se crea un departamento especial para investigar el manejo de fondos en los gremios. En junio sanciona de forma unilateral -y una vez más por decreto- la ley del Salario Mínimo Vital y Móvil. Ese mismo mes, Vandor le gana a Framini la interna de las “62” y se erige como el sindicalista más influyente del país.
Fijado el entorno vayamos, ahora sí, a los hechos que motivan este escrito. En enero la dirección de la CGT reúne los consensos necesarios y estipula para mayo y junio la ejecución de la segunda etapa del Plan de Lucha consistente en una toma masiva de fábricas, comercios y nodos logísticos. Tras el Congreso Ordinario del 1 de mayo la central asegura que el conjunto de medidas a adoptar se dirigen a “la conquista de mejoras inmediatas e impostergables para la clase trabajadora” así como a “la realización de los cambios estructurales necesarios para que el país ocupe el lugar que naturalmente le corresponde al lado de los grandes y modernos países de la comunidad internacional”.
La forma de lucha escogida tiene como antecedente otra serie de tomas realizadas en 1962 y 1963 que no concluyen con éxito (las primeras por su cariz defensivo -freno de despidos y suspensiones- y las segundas por verse entorpecidas a raíz del calendario electoral). Entre 1973 y 1975 volverá a implementarse esta táctica de manera generalizada; también la veremos aparecer en Ford en 1985. Pero las de 1964 se distinguen por constituir la primera experiencia de magnitud en acciones de este tipo. Son una formidable demostración de fuerza y capacidad organizativa, así como una suerte de gran ensayo que le permite a los trabajadores conectar con la dimensión de su poder y que, inadvertidamente, cimenta las insurrecciones futuras.
La organización de las tomas, entonces, es aprobada el 1 de mayo por el Comité Central Confederal y su coordinación queda a cargo del Consejo Directivo. A medida que se acerca la fecha establecida, parte de los Independientes manifiestan su desacuerdo pues consideran que con su actitud la CGT está acelerando el desgaste de un gobierno que, desde su óptica, ha dado algunas señales favorables para los intereses obreros. Además, y por sobre todo, estiman que el propósito inconfeso de las “62” es generar las condiciones para el regreso de Perón al país, poniendo a la central al servicio de una causa de índole política con la que no comulga el conjunto del movimiento obrero.
Una lectura parecida hace, poco después, el periodista Mariano Grondona –cercano al sector “azul” del Ejército- quien escribe en Primera Plana: “La vuelta de Perón, con abstracción de que sea una posibilidad racional, ya funciona, pues, como un hecho importante de nuestro panorama político. Ha estimulado el plan de lucha. Y acompaña la reorganización del peronismo como Partido Justicialista bajo el liderazgo de Vandor”.
Aquí vale la pena recordar que para buena parte del pueblo argentino, el regreso del ex presidente equivale a retomar la senda de la liberación nacional y social interrumpida nueve años atrás. En tal sentido, es natural que el sector mayoritario del movimiento sindical vea una coincidencia entre la repatriación del líder y la edificación de un porvenir de dignidad para las y los trabajadores.
Pese a las desavenencias, la medida sigue adelante y, en los hechos, cuenta con la participación de los dos gremios Independientes más voluminosos: Luz y Fuerza y la Unión Ferroviaria.
Internémonos en las entrañas de esta colosal acción. Las tomas se eslabonan en siete operativos realizados durante cinco semanas. Participan 3.913.000 trabajadores y se ocupan un total de 11.000 establecimientos. Ese universo involucra al 75,4% de los asalariados (97,1 % de la rama industrial: 34% metalúrgica y 21,5% textil), mayormente obreros productivos de planta, y al 10% de los establecimientos industriales del país. Este último porcentaje, que podría parecer exiguo, involucra a 92 de las 127 empresas manufactureras que integran el ranking de las 142 compañías más importantes de la Argentina y a 18 de las primeras 20. A su vez, 76 de estas firmas cuentan con más de mil empleados.
Los números vertidos funcionan como una guía de lectura del suceso. El fenómeno es, desde luego, predominantemente urbano. Las tomas son protagonizadas por obreros de planta de la gran industria (no así personal jerárquico, técnico, administrativo, profesional y de mantenimiento), cuyos gremios pertenecen en su mayor parte a las 62 Organizaciones, y afectan especialmente al renglón industrial más concentrado de la Argentina, tanto en lo relativo a número de trabajadores empleados como a volumen de capital y nivel de ventas (Cotarelo y Fernández, 1997).
Ahora bien, ¿qué hay de la dinámica que adopta esta forma de lucha? En una primera etapa se producen ocupaciones parciales, de forma zonal y por grupo. En el último tramo se efectúa una toma total y simultánea de 24 horas. A diferencia de las tomas realizadas en años anteriores, su carácter es masivo y de nivel nacional; asimismo cuenta con una dirección centralizada y un programa común:
“Las decisiones generales son tomadas por los miembros del Comité Central Confederal y su aplicación recae en los integrantes del secretariado nacional y del consejo directivo, los cuales constituyen el llamado Comando Superior de esta lucha. Las directivas son transmitidas por este Comando a los secretarios generales de los distintos sindicatos participantes y regionales del interior del país, los que a su vez, el mismo día en que se producirá la ocupación, las transmiten a los delegados y comisiones internas, que son los que garantizan en definitiva la ocupación. Los delegados las comunican a los obreros y, posteriormente, al personal directivo del establecimiento.
La lucha es llevada a cabo con un alto grado de disciplina y organización. Se cierran las puertas, se cortan las comunicaciones con el exterior; en algunos casos, los obreros colocan barricadas delante de las puertas de acceso; en todos los casos, se paralizan las actividades. En numerosas ocupaciones se toman rehenes entre los propietarios, el personal directivo, técnico, administrativo y de seguridad como medida preventiva ante una posible represión policial. Las ocupaciones duran entre cuatro y seis horas, excepto en el último operativo, en que se prolongan por 24 horas. En aquellas ocupaciones en que los propietarios presentan la denuncia, concurre un juez federal acompañado de la policía, los cuales instan a desalojar el establecimiento. Por lo general, los obreros acatan la orden de desalojo casi de inmediato, aunque en algunos casos resisten la acción judicial y policial antes de finalmente acatarla. Tras algunas ocupaciones se producen detenciones de obreros, mientras que sólo en unas pocas, algunos resultan heridos. Posteriormente, se les inicia sumario a gran parte de los delegados y miembros de comisiones internas de fábrica acusándolos de «usurpación a la propiedad privada» y «privación ilegítima de la libertad». También son procesados los 119 miembros del Consejo Directivo de la CGT” (Cotarelo y Fernández, 1997).
Por lo demás, los apoyos y rechazos que concitan las tomas en la escena social y política más amplia se reparten del siguiente modo: entre los adherentes aparecen algunas fuerzas de izquierda (como el Partido Comunista y los socialistas de la Izquierda Nacional); grupos de estudiantes que comienzan a desembarazarse del antiperonismo de sus padres y proceden a la ocupación de distintas universidades; sectores populares de la iglesia; el Consejo Coordinador del Justicialismo y sus ramas aledañas; el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Conservador Popular. En paralelo, acompañan las demandas obreras pero no adhieren a la medida el Partido Demócrata Progresista; Oscar Alende de la UCRI; el Movimiento de Intransigencia y Renovación (MIR); el cardenal de Buenos Aires Antonio Caggiano; la Confederación General Económica (CGE) y la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Entre los principales detractores se cuentan, por supuesto, el partido gobernante y todo el universo de fuerzas reaccionarias de la Argentina, así como las organizaciones empresariales más poderosas del país.
Pese a las presiones y los gritos histéricos que llegan desde la órbita privada, el gobierno no ordena la represión (aunque sí procesa penalmente a los dirigentes involucrados) y su autoridad comienza desdibujarse. Es la justicia, cómo no, la que actúa en defensa de la gran propiedad –que, objetivamente, ve tambalear su legitimidad- y manda a las fuerzas de seguridad a desarmar las tomas.
En este marco, los independientes acusan a un sector de las “62” de tramar una conspiración táctica con los militares y empresarios que pretenden deshacerse de Illia, al que ven como un hombre demasiado débil para llevar a cabo los cambios que la Nación necesita.
En agosto, el Plan de Lucha recala en su tercera etapa con la organización de cabildos abiertos que logran singular fuerza en el interior del país. La cuarta etapa, en diciembre, encadena una serie de actos y mitines relámpago en la capital y el conurbano, con el acompañamiento de sectores de la cultura y del movimiento estudiantil. La quinta y última etapa, en julio de 1965, propaga marchas en el cinturón industrial de Buenos Aires y deriva en fuertes choques con la policía. Por la misma época Vandor comienza a desmarcarse de las directivas provenientes de Madrid y queda enfrentado a Alonso, Framini y Olmos; surgen así las “62 Leales a Perón” y las “62 De pie junto a Perón”. Pero eso ya corresponde a otro capítulo de esta historia.
Para ir finalizando, prestemos atención a las palabras de Avelino Fernández, uno de los protagonistas –quizás el principal organizador- de aquella gesta:
“La acción de la CGT no se circunscribía al planteo de los problemas salariales de los trabajadores, sino que trataba de profundizar cuestiones fundamentales como las referidas a quebrar los lazos de dependencia y emprender definitivamente el camino de la liberación nacional. […] El objetivo era que los trabajadores fueran asumiendo un estado de conciencia que permitiera ir profundizando las medidas […]. La toma de fábricas fue la medida más extrema que pudimos tomar. Después de eso ya no nos quedaba nada por hacer, porque de seguir adelante lo único que nos faltaba, prácticamente, era cuestionar el poder. Lamentablemente, poco después sobreviene un período de debilitamiento de la central obrera, a raíz de las luchas intestinas que se dan en el peronismo, fundamentalmente en el campo político, pero que repercuten en el campo gremial”.
En conclusión, el hecho narrado aquí se inscribe en el intento del sindicalismo de posicionarse como factor de poder dentro de la constelación de fuerzas de una Argentina entrampada en un áspero equilibrio de fuerzas, con el objeto de alcanzar mejoras económicas y -lo cual implica ir un paso más allá- democratizar el país en todos sus planos. Conquistas parciales o ruptura total con el orden semicolonial, en ese par vibran las polémicas intestinas de un peronismo resistente que, fuera del gobierno, halla dificultades para enlazar ambos términos.
Lo cierto es que el proceso de lucha ascendente se obtura con la frustración del Operativo Retorno en diciembre de aquel año. Acodándonos en la interpretación de Calello y Parcero, podemos pensar que la falta de una dirección política clara y unificada en todo ese primer tramo de la Resistencia traba (en comunión con los esfuerzos del adversario) el éxito de las ofensivas nacional-populares. El año 64 podría leerse -y esto ya corre por cuenta nuestra- como un gozne que abre las puertas hacia un nuevo período. De allí en más los términos del conflicto se desplazan hacia zonas más convulsionadas y radicalizadas, integrando -en una escala mayor- a todos los sectores sociales agredidos por el imperialismo y sus marionetas locales.
A pesar de los límites con que se topa el Plan de Lucha, lo ocurrido entre mayo y junio de 1964 guarda una trascendencia que le es propia, pues como dice Juan José Hernández Arregui: “Toda huelga muestra los dientes de la revolución”. Pero además, creemos que su importancia discurre por los canales subterráneos de la historia y se proyecta hacia los acontecimientos futuros. Desvincular los levantamientos del ciclo 1969-1972 del recorrido previo -durante el cual el movimiento obrero confecciona su experiencia y toma noción de su poder y de su misión- supone desplazar la conciencia y la acción de los pueblos hacia el terreno de la más pura arbitrariedad. Con el fin de precavernos de ese error, este trabajo procuró restituir uno de los eslabones perdidos del gran itinerario de luchas del pueblo argentino: la extraordinaria toma de fábricas de la CGT del año 64.
(*) Integrante del Centro de Estudios para el Movimiento Obrero (CEMO).
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