Por Horacio Rovelli
La Universidad Católica Argentina en su estudio que hace sobre el empleo y la pobreza en todo el país , nos dice que en el año 2019 el 41,6% de la Población Económicamente Activa tenía un empleo pleno, que el 26,9% un empleo precario, el 20,6% eran subempleados inestables y el 10,9% restantes desocupados. Este cuadro se agrava de sobre manera con la pandemia provocada por el covid-19 de forma tal que, estiman para el primer semestre del año 2020 que la tasa de indigencia alcanzó a 10,5% de las personas que habitan la Argentina y son pobres el 40,9% de la población.
El informe reconoce que los planes sociales instrumentados por el gobierno (IFE-Ingreso Familiar de Emergencia; ATP- Asistencia al Trabajo y a la Producción; crédito a tasa cero a monotributistas; bono a los trabajadores del área de salud, etc.) lograron paliar la situación que de otro modo hubiese sido mucho peor.
Y terminan con una valiosa apreciación: “Aunque se expanda la economía vinculada al sector externo (condición necesaria para el crecimiento), no ocurren “derrames” hacia los sectores menos dinámicos sino hay políticas activas redistributivas y de desarrollo productivo local-regional hacia el sector informal y el mercado interno”.
Es válida la acotación cuando el gobierno apuesta a una alianza con el Consejo Agroindustrial Argentino (AGD; Cargill, Glencore, Molino Agro, Cofco etc.) y que trata de acordar con China (y podemos inferir que Cargill y Glencore quieren vender a China sin que Trump se lo impida desde los EEUU o que presione sobre el gobierno de Bolsonaro en Brasil) y ese acuerdo hace que no se termine de resolver el tema Vicentin, cuando además, en abril de 2021 vence la concesión para la administración, dragado y señalización del corredor estratégico fluvial que comprende la Hidrovía Paraná – Paraguay por el cual se transporta el 82 % de los granos, harinas y aceites de exportación del país y los principales puertos son administrados por conspicuos miembros del Consejo Agroindustrial Argentino.
Pero es obvio que ese sector puede proveer las divisas pero no tiene un efecto multiplicador sobre la economía nacional como requieren los datos de pobreza y desempleo actuales, por una parte y, la otra cuestión, que exportan alimentos y van a procurar siempre un tipo de cambio alto para maximizar sus ganancias, pero al igualar el precio que obtienen en el exterior con el interno encarecen los mismos, salvo que se acrecienten las “retenciones”(Derechos de Exportación) y ellos en cambio, proponen su estabilidad por 15 años.
Solo impulsando la manufactura de origen industrial, la construcción, y los servicios demandantes de mano de obra, se puede lograr ir incorporando al mercado laboral a gran parte de la población. Para ello se necesita de recursos que los genera el sector primario y el Estado principalmente lo obtiene mediante las retenciones a sus exportaciones.
En el gobierno de Néstor Kirchner se combinaba férreamente la obtención de ingresos fiscales por los Derechos de Exportación (retenciones) con el subsidio energético, máxime que había congelado las tarifas energéticas, de comunicaciones y de transporte (por lo que habían ganado las empresas prestadoras de esos servicios en los años de la convertibilidad que cobraban tarifas abusivas en pesos pero con un dólar 1 a 1). En pleno auge del modelo kirchnerista, año 2007 por ejemplo, los subsidios a la energía y al transporte fueron de $ 14.600 millones (a un dólar promedio de $ 3,10 para esa época significaban 4.700 millones de dólares) y ese fue el importe obtenido por las retenciones. La idea y disciplina de Kirchner era que se apuntalaba a los hogares y a las industrias con el total del ingreso por retenciones y ese era, a su vez, el límite del subsidio. En su visión estratégica de ampliar la demanda interna y combinarla con la internacional por los que propiciaba acuerdos comerciales con los países que nos compran y tenemos economías complementarias (comprarle a quienes le vendemos esa era la consigna).
Con respecto al problema del empleo desarrolló políticas activas, entre las que se incluyeron mejoras en los sueldos y la elevación del salario mínimo, vital y móvil, así como el impulso de negociaciones colectivas que reunieron a sindicatos y cámaras empresarias en el Consejo del Salario, por un lado y, por otra parte, al aplicar derechos de exportación (retenciones) a los alimentos generaban un ingreso genuino al fisco y abarataban en el porcentaje de las retenciones, el precio de los mismos en el mercado interno.
La duplicación del monto indemnizatorio en caso de despido injustificado fue una medida para asegurar un piso mínimo de ingresos a los grupos que perdían posiciones en el mercado de trabajo formal, adquirirlas y mantenerlas funcionando; la ley de movilidad previsional, con un sistema de actualización de jubilaciones y pensiones; la inclusión en el sistema previsional de aproximadamente 2.400.000 personas que habían quedado sin ninguna cobertura y la creación del monotributo social, que permitió un facilitado acceso a la economía en blanco y las prestaciones sociales de los trabajadores autónomos e informales.
Para luchar contra la informalidad se implementó el Plan de Regularización del Trabajo, orientado a combatir el trabajo no registrado y verificar el cumplimiento de las condiciones de trabajo que garantizaran los derechos del trabajo y la protección social, para alcanzar la mayor eficacia en normativa laboral, por lo que se creó un Sistema Integral de Inspección del Trabajo y la Seguridad Social para controlar y fiscalizar el cumplimiento de las normas del trabajo en todo el territorio nacional. Por ejemplo, para 2007 se observaba que de cada 100 nuevos puestos de trabajo 83 eran formales, a diferencia de los años noventa (durante el menemato), cuando tan solo 6 de cada 100 trabajadores eran registrados.
En el ámbito de los programas de transferencia de ingresos la nueva estrategia consistiría en reconvertir el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados en la dirección de mejorar las condiciones de empleabilidad de los desempleados. Para el año 2007, 700.000 beneficiarios del Plan Jefes habían conseguido un empleo registrado.
El cuello de botella
El problema tarde o temprano es del lado de los Bancos, los diez bancos privados (Galicia, Santander-Río, Banco BBVA, Macro, Patagonia, HSBC, ICBC, Citi, Supervielle, BNP-Paribas) que administran la mayor parte del sistema y que si bien son el mecanismo bancario de la operación comercial, quieren tener el timón del control del valor del dólar y de la tasa de interés, por lo que van a influir de sobre manera en el sistema crawling peg (devaluación a los saltos) y en tasas de interés que deben ser positivas por encima del valor del dólar y del nivel general de precios, hecho que hace insostenible el financiamiento genuino del la economía nacional. Otra vez los grandes bancos dicen a quienes se les va aprestar y a que tasa, cuando se ha demostrado hasta el cansancio que ese sistema solo significa ganancia para los bancos confiscando el capital productivo argentino.
La taba está en el aire, el Consejo Agrario Argentino necesita fortalecerse y vender desde la Argentina y no confía en los supuestos suplentes de Alberto Fernández, ni en la Embassy, su negocio pasa por vender a China, Rusia e Irán y a EEUU eso no le va a gustar.
Los EEUU van a presionar a través del acuerdo con el FMI, no es casualidad que el Canciller Felipe Solá agradece al embajador de los Estados Unidos, Edward Prado, “el compromiso de su país de apoyar a la Argentina en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Hoy (se refiere al mates 6 de octubre) tuvimos un encuentro en el que analizamos cómo aumentar las inversiones y el comercio entre ambos países”, en el mismo día que la Argentina vota en las Naciones Unidas (ONU) en forma alineada con el Grupo Lima contra la República Bolivariana de Venezuela y, la ONU no dice nada ante el golpe de Estado en Bolivia, las masacres en Colombia o la represión salvaje al pueblo chileno que reclama una nueva constitución.
Lo cierto que la situación es de urgencia en el plano cambiario y de pago de deudas en divisas, cuando durante todo el año hasta el 15 de septiembre 2020, el BCRA vendió más de 6.000 millones de dólares de las reservas internacionales a empresas privadas por supuestas deudas externas y al tipo de cambio oficial y recién en esa fecha dispuso que se le venda el 40% de la deuda que declaran y el 60% restante lo deben pagar con activos que tienen en el exterior y/o reprogramar los vencimientos, cuando esos deudores son los mismos que fugaron los 86.200 millones de dólares que se fueron del país en los cuatro años de la gestión del gobierno de Cambiemos, según informe que hizo el mismo BCRA.
En sintesis
Los caminos se entrecruzan y si bien el objetivo explicitado es generar puestos de trabajo y aumentar la producción, las medidas no son consistentes, no se puede devaluar nuestra moneda y pensar que no va a tener impacto sobre los precios y con ello, sobre el salario real. No se puede entrar a una nueva espiral de suba de la tasa de interés y que no redunde en frenar la actividad económica. El plan propuesto por el ministro Martín Guzmán en el Presupuesto 2021 decía todo lo contrario, los salarios de los empleados públicos crecían en un 35,5%, los precios en un 29% y el dólar por menos de ese porcentaje. El Estado debe intervenir férreamente para que así sea, Néstor Kirchner lo hizo, es cuestión de repetir la receta
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