La jornada del martes 20 de octubre estuvo marcada por la protesta de los Metrodelegados en la estación Juan Manuel de Rosas de la Línea B, donde abrieron los molinetes en rechazo a la suspensión de un trabajador. La intervención de la Policía de la Ciudad terminó con la detención de tres dirigentes gremiales: el delegado Facundo Heredia, el dirigente Claudio Dellecarbonara y así como el secretario General del sindicato de los trabajadores del Subte, Néstor Segovia. El episodio derivó en la paralización del servicio y abrió un nuevo capítulo en el conflicto. Dellecarbonara habló con Desde el Barrio para brindar más detalles sobre lo ocurrido en una entrevista por Nehuén Gusmerotti y Camila Hernández Benitez.
“Estoy muy orgulloso de la respuesta de mis compañeros y compañeras y de la enorme solidaridad que tuvimos de cientos de organizaciones de todo el país y también del ámbito internacional. Eso es lo más importante”, destacó al comienzo de la charla Dellecarbonara.
“Todo comenzó con una protesta que estábamos llevando adelante los trabajadores en la estación Juan Manuel de Rosas de la Línea B. Consistía en la liberación de accesos para que los usuarios pudieran ingresar sin pagar el boleto. Es una medida que hacemos habitualmente, que no afecta el servicio, que es simpática para los usuarios, que tiene mucho apoyo y que, por la repercusión que genera, nos permite dar a conocer las denuncias y los reclamos que estamos llevando adelante”, relató.
“En el marco de esa medida, se acercó la Policía y nos dijo que teníamos que identificarnos. Nosotros les explicamos que somos trabajadores, representantes de los trabajadores, que trabajamos en esa línea y que la empresa conoce perfectamente quiénes somos. Se ve que esto enojó al policía, que se debe creer que es el dueño del subte o el rey de las vías. Llamó a la fiscal y, desde la fiscalía, supuestamente dieron primero una orden para demorar a uno de nuestros compañeros, un delegado, y después directamente para detenerlo”, sumó Dellecarbonara.
“El problema no es solamente que quieran llevarse detenido a un trabajador que está ejerciendo un derecho constitucional, como es el derecho a protestar, algo que es totalmente ilegal y descabellado. La situación se agrava cuando intentan detenerlo en ámbitos privados de los trabajadores, como los vestuarios y los baños. Cuando quisieron ingresar a esos espacios, les pedimos que nos mostraran la orden. ¿Dónde estaba la orden escrita? ¿De qué juez, de qué fiscal? Esa orden nunca apareció. En un momento, una veintena o una treintena de policías armados avanzó sobre los cuerpos de trabajadoras y trabajadores e intentó ingresar por la fuerza a los espacios privados. Fue allí donde nos detuvieron”.
“Fue una situación muy fea. Estuve haciendo memoria y buscando en los archivos, y no recuerdo algo semejante desde la última dictadura cívico-militar: policías armados hasta los dientes ingresando por la fuerza a los lugares de trabajo para buscar y llevarse detenidos a delegados. Pero esto forma parte de un proceso más general, que se ve no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino también a nivel nacional. Todo aquel que protesta, que se atreve a hacerlo por la situación precaria en la que vive, porque no le alcanza el salario o la jubilación, porque no hay presupuesto para educación o salud, termina reprimido, gaseado, preso y judicializado”, describió.
LA PERSECUCIÓN JUDICIAL
“En el caso particular de los trabajadores del subte, tenemos muchas causas que nos iniciaron a lo largo de los años. La última fue impulsada por la fiscal Celsa Ramírez, que ya nos había iniciado causas anteriormente. Es una fiscal que, según nuestra consideración, tiene una clara identificación política con el PRO y muy poco de ecuánime. Nos acusa a 180 trabajadores y trabajadoras de asociación ilícita para cometer supuestos delitos, que serían actos tan tremendos como abrir molinetes o ejercer el derecho a huelga, derechos que están garantizados por la Constitución”.
“Todo esto tiene como objetivo meternos presos y desarmar nuestra organización. El último hecho en esta misma causa ocurrió la semana pasada, cuando la fiscal presentó una medida cautelar que establece que todos los imputados en esta causa, que consideramos totalmente descabellada, podríamos ser excluidos de nuestro lugar de trabajo si volvemos a cometer alguno de los supuestos delitos que describe. Insisto: uno de ellos sería ejercer el derecho a huelga. Es decir, nos pueden echar; la Justicia ordenaría que nos despidan si llevamos adelante alguna medida de fuerza”, enfatizó.
Claudio, hacías referencia a que ustedes vienen sufriendo desde hace tiempo esta persecución judicial. Por lo que comentás, los argumentos de la Justicia no serían válidos porque las acciones que realizan están enmarcadas en derechos constitucionales, como el derecho a huelga. Durante la jornada de ayer, ¿apareció esa supuesta orden, algún escrito o algún argumento para justificar las detenciones?
Claudio Dellecarbonara: Nosotros no vimos esa orden en ningún momento. Nos enteramos después de que nos liberaran de que la acusación era por desobediencia. También supimos que detrás de esto habría una asistente de fiscal o una fiscal ayudante, no sé exactamente cuál es el cargo, de apellido Pla, que evidentemente es de la misma escuela que Celsa Ramírez. Es la escuela de la Justicia porteña, que en lugar de garantizar derechos, busca cercenarlos todo lo que puede, sobre todo si sos trabajador o sos pobre. De ahí habría emanado esa orden de detención.
De hecho, Facundo Heredia, el otro compañero que fue detenido junto conmigo, y yo estamos citados a declarar en la fiscalía el viernes. Veremos cómo sigue todo esto, pero, más allá de la cuestión judicial, me parece que tenemos que destacar lo que quieren esconder.
Una vez que nos llevaron detenidos, nuestras compañeras y nuestros compañeros decidieron paralizar el servicio. No estaba en nuestros planes: fue producto de la detención y de una decisión totalmente desacertada e ilegal por parte de la Justicia porteña y, en definitiva, del jefe de Gobierno, que avala todo esto. Lo que demostramos es que, si los trabajadores nos ponemos de acuerdo y usamos toda nuestra fuerza para defendernos, no pueden avanzar sobre nosotros.
También hay que destacar la enorme solidaridad que hubo, incluso de sectores de las centrales sindicales, como la CGT y la CTA. Ahí empieza una discusión que me parece fundamental. Como esta dinámica represiva y de persecución se viene dando desde hace mucho tiempo para garantizar un plan de ajuste, hambre y miseria contra el pueblo trabajador, cada vez resulta más evidente que tenemos que dar una respuesta organizada, colectiva y general. Tenemos que discutir la huelga general.
Eso es lo que les estamos proponiendo a las centrales sindicales. Para frenar todo esto no alcanzan los discursos ni las declaraciones: hay que llevarlos a la práctica, convertirlos en hechos. Tenemos que preparar la huelga general. Es la única forma de frenar este plan represivo que está en marcha para garantizar los negocios de unos pocos, mientras la mayoría de la población no llega a fin de mes, tiene que endeudarse para darles de comer a sus hijos, no puede pagar los alquileres ni los servicios y no puede hacer nada para que las cosas cambien porque, si no, te mandan preso.
Recién hablabas de la presencia de policías que se sienten dueños de la estación. Una de las respuestas de las empresas del subte y del Gobierno porteño al aumento de la gente que salta los molinetes —en parte porque el boleto se ha vuelto muy caro— fue poner policías o personal de seguridad privada en las estaciones para impedirlo.No se está discutiendo ni la calidad ni el costo del servicio, en un contexto en el que tenemos estaciones como Medrano, que parece una catacumba, u otras que fueron remodeladas con Durlock. ¿Cómo es el diálogo con la empresa respecto del servicio que se presta? Ayer, buena parte de la campaña contra ustedes sostenía que tenían de rehenes a los usuarios, cuando la medida de fuerza que estaban llevando adelante buscaba precisamente no obstaculizar su circulación y, al mismo tiempo, poner en discusión las condiciones en las que se viaja.
Ese es otro aspecto importante, no solo de nuestros reclamos inmediatos, sino también de los históricos. Nosotros hemos denunciado cómo una empresa privada se llena de plata y hace grandes negocios con el servicio del subte sin realizar las inversiones ni el mantenimiento que corresponden. Tampoco extiende las líneas existentes ni construye líneas nuevas.
Tenemos trenes que están para el museo, como los de la Línea B, que tienen más de 70 años de antigüedad, no cuentan con repuestos y ya no se pueden reparar adecuadamente. Presentan muchos defectos, muchas veces se prenden fuego en medio del túnel o quedan frenados.
También tenemos estaciones que son un desastre, que están muy lejos de responder a las necesidades de los usuarios y que, además, son inseguras. Hay escaleras mecánicas y ascensores que muchas veces no funcionan o directamente no están. De hecho, hay un fallo judicial que obliga a la empresa a adecuar todos los accesos para las personas con movilidad reducida, pero nunca lo han respetado. Prefieren pagar las multas antes que hacer las obras.Tenemos vías que están al borde del colapso. Por eso, vas a ver que en muchas líneas hay tramos en los que se circula muy lentamente, cuando se podría ir a mayor velocidad. Y lo de la tarifa, ni hablar.
También está el tema del asbesto: tenemos un material cancerígeno presente en las seis líneas y en el Premetro, que no debería estar porque está prohibido. Tendrían que haberlo retirado hace mucho tiempo, pero no lo hicieron ni lo están haciendo, a pesar de que también hay un fallo judicial que ordena retirarlo. Esto ya provocó el fallecimiento de seis de nuestros compañeros, afectó la salud de 150 personas y nos pone en riesgo todos los días a quienes estamos en contacto con el subte.
Ese es el gran negocio de la empresa Emova —antes Metrovías, pero es el mismo grupo económico, el grupo Roggio— y del Gobierno de la Ciudad, que es cómplice de esta situación. Hay un tándem entre el Gobierno porteño y la empresa que está permanentemente buscando cómo desarmar la organización sindical de los trabajadores del subte. Somos quienes denunciamos todo esto y quienes, de alguna manera, intentamos que la situación cambie junto con los usuarios.
Nosotros queremos que el subte sea cómodo, eficiente, seguro y barato y, si es posible, gratuito para los trabajadores. Es una propuesta que sostenemos desde hace más de dos décadas. Esto molesta al Gobierno de la Ciudad y a la empresa porque afecta los negocios y los negociados vinculados a la explotación del servicio. Por eso nos persiguen, y no solamente a través de las causas judiciales.
Hace meses que venimos denunciando descuentos salariales ilegales contra trabajadores, delegados y miembros del Secretariado Ejecutivo. Trabajamos los 26 días del mes que nos corresponde trabajar y, cuando vamos a cobrar, nos encontramos con que tenemos menos de la mitad del sueldo o, muchas veces, directamente no nos pagan nada.
No nos pagan porque nos extorsionan diciendo: “No te lo pagamos porque vos abriste molinetes”. Y lo hiciste fuera de tu horario de trabajo, antes o después de tu jornada. Trabajaste ese día y cumpliste con tus tareas, pero te descuentan igual 10, 15, 20 o hasta 30 días de sueldo para que te dejes de joder, como dicen ellos.
Es una ilegalidad constante que contrasta mucho con lo que dice el jefe de Gobierno, que sostiene que, si la Justicia ordena algo, se cumple y que quien no lo cumple va preso. Bueno, el primer preso debería ser él. Es corresponsable de la muerte de estos seis compañeros por la contaminación con asbesto, porque no lo retiró cuando debía hacerlo y todavía no lo está retirando como corresponde. No profundizó el proceso de remoción y esto sigue generando compañeros afectados.
Quería preguntarte por el tema del asbesto. Si bien los trabajadores están mucho más expuestos porque pasan más horas adentro, los usuarios también están en contacto con este material. Por eso, retirarlo es importante para el bienestar de todos. ¿Qué implica resolver esta situación en términos de gestión? ¿Cómo se puede abordar y qué es lo que no están dispuestos a hacer ni el Gobierno porteño ni Emova?
Claudio Dellecarbonara: En principio, implica una gran inversión de dinero que no quieren hacer porque prefieren llevárselo a sus cuentas. Las ganancias de la empresa son siderales y no quieren destinar parte de ese dinero a hacer lo que les corresponde.
Hay que invertir y sacar de circulación los trenes que todavía tienen asbesto. En un principio, nosotros planteábamos declarar la emergencia operativa de la Línea B, por ejemplo, que es la que tiene más trenes con asbesto. También hay que acelerar el proceso de retiro del material que está instalado en paredes, revestimientos, techos, instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias.
Además, después de haber estado tanto tiempo instalado, el asbesto se ha diseminado en el ambiente. Sus partículas comienzan a degradarse y pueden quedar suspendidas en el aire durante años. Hay que hacer una inversión importante. No se puede resolver en un día, eso es cierto, pero si no invertís ni iniciás el proceso, no lo vas a hacer nunca. Lo que falta es decisión e inversión, algo que no quieren hacer ni el Gobierno de la Ciudad ni la empresa Emova. Total, si se muere un trabajador o una trabajadora, a ellos no les importa. No viajan en subte.
Después, cuando hay algún conflicto, los malos de la película somos los trabajadores. Ahí empieza otra discusión. Nosotros trabajamos seis días por semana y el subte funciona los 365 días del año. Sin embargo, durante todo el año el servicio es una porquería para los usuarios. Ustedes deben conocerlo porque seguramente viajan: es un servicio apestoso y muy caro.
Pero de eso no se acuerdan ni el jefe de Gobierno ni los medios que hoy titulan que los trabajadores tomamos de rehenes a los usuarios. Ninguno se acuerda de esos problemas cuando el subte funciona.
Ahora, el día que hay una medida de fuerza que, además, no estaba planificada y que fue producto de una decisión del jefe de Gobierno y de la Justicia porteña, ahí sí se acuerdan de todos los problemas, de que hay miles de personas que no pueden viajar y de que hay trabajadores que no pueden llegar a sus destinos.
¿Y los otros días, cuando la gente no puede viajar porque no puede pagar el boleto, o cuando viaja mal, sufre accidentes o se contagia de sarna? Porque también tenemos un montón de problemas sanitarios en el subte: ratas, alacranes, cucarachas, murciélagos, sarna y todo lo que te puedas imaginar.
De eso no se acuerdan. ¿Por qué? Porque les garantizan el negocio a Emova. Pero cuando los trabajadores salimos a denunciar todo esto para que cambie, entonces somos unos delincuentes y nuestra medida de fuerza es un desastre.
Esa es la situación que vivimos, no solo en el subte, sino también en general en los lugares de trabajo. Por eso te decía que lo importante es que las organizaciones que todavía tenemos fuerza podamos organizarnos. Sobre todo, las centrales sindicales tienen que ayudar a revertir esta situación, la precarización de la clase trabajadora y la división que se generó entre ocupados y desocupados, trabajadores registrados, precarizados y tercerizados. Tenemos que unirnos para pelear en conjunto y mejorar la situación de toda la clase obrera.
Nosotros no peleamos solamente para ver si mejoramos un poco nuestro sueldo o nuestras condiciones laborales. También peleamos para que el subte sea otra cosa, para que sea el servicio público eficaz, seguro y barato que necesitamos. Porque nosotros también lo usamos y estamos en la misma situación. No hay trabajadores del subte enfrentados con los trabajadores que viajan en él, por más que desde arriba, desde el macrismo o desde Emova, pretendan mostrarlo de esa manera.
¿Vos ves posible y realizable una respuesta más articulada y contundente del movimiento obrero en su conjunto? Es algo que venimos reclamando desde hace tiempo. Vos citabas a las centrales sindicales más importantes, pero da la sensación de que hace tiempo se está esperando esa reacción. Cada vez que hay un acto se habla del comienzo de un gran plan de lucha, pero después, en los hechos, vemos cómo atacan por separado a distintos gremios y sectores de trabajo, y ese plan no se traduce en medidas de fuerza concretas a nivel general. Porque, como decís vos, cuando hacen una medida de fuerza solamente los trabajadores del subte, es mucho más fácil ir a buscar a ese sector que enfrentar al conjunto de los trabajadores.
Claudio Dellecarbonara: Sí, fácil no es, eso está claro. Además de las distintas visiones que tenemos las personas sobre la vida, también hay intereses políticos. Y hay que decir que muchos dirigentes sindicales de distintas organizaciones no hicieron lo que tenían que hacer, no representaron los intereses de los trabajadores y muchos los vendieron.
Entonces, es difícil, pero no imposible. Creo que desde abajo, desde las bases, las asambleas y cada uno de los sectores en los que estamos, tenemos que pelear para que eso cambie. Al final, como dice un viejo dicho, esto termina siendo siempre igual: con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Esperemos que sea con los dirigentes a la cabeza, que entiendan que tenemos que poner toda nuestra fuerza para resolver los problemas que tenemos como clase. Ninguno de nosotros se va a salvar solo. Esa es mi idea y mi propuesta. Tengo esperanza de que eso pueda suceder porque trabajo para que suceda.
¿Qué saben ustedes sobre la Línea F? Es una línea que está aprobada desde hace años, una vieja promesa que nunca termina de concretarse y que ahora parece que será uno de los grandes caballitos de batalla de Jorge Macri para mostrar gestión de cara al año que viene.
Claudio Dellecarbonara: Mirá, la Línea F siempre me sonó a una línea de fantasía, porque por ahora es eso: una fantasía en la cabeza de algunos o una fantasía de campaña electoral. Cada vez que se acercan las elecciones, sacan de algún cajón medio polvoriento proyectos que nunca se concretan. La construcción de la Línea F, la extensión de muchas líneas y la creación de otras nuevas forman parte de eso.
Imaginate que el subte de la Ciudad de Buenos Aires fue el cuarto del mundo. Fue el cuarto sistema de transporte subterráneo en construirse a nivel mundial. Hoy es uno de los peores del mundo, con una de las redes de menor extensión y uno de los servicios más caros y deficientes.
Hay ciudades que incorporaron el subte hace 20 o 30 años y hoy tienen el doble, el triple o incluso más kilómetros de red, con un servicio mucho mejor, más barato y más moderno.Esto también tiene que ver con la planificación de los gobiernos. La planificación del Gobierno de la Ciudad siempre estuvo orientada a los negocios y no a las necesidades de las personas que usan el transporte público.
Si vos priorizás el negocio de Emova, para que gane mucha plata en el menor tiempo posible y con la menor inversión, no te preocupás por construir más líneas, extender la red, incorporar trenes nuevos o resolver el problema del asbesto. Lo importante es que ganen plata los amigos. Esto está claro. Hay denuncias presentadas ante la Justicia y hubo casos en los que se aprobaron condenas en algunas instancias, pero después los acusados fueron sobreseídos.
Esto también forma parte de lo que pasa: está la Justicia para los ricos, los millonarios, los empresarios y los amigos del Gobierno, y está la Justicia para los trabajadores y los pobres.
Entonces, tenés una misma ley que, en el caso de Macri, a quien considero un delincuente, no se aplica, mientras que a los trabajadores, que no somos delincuentes, nos la quieren aplicar.
Es parte de una discusión más profunda que tenemos que encarar. Como te decía antes, tenemos que unir todas nuestras fuerzas para que caiga esa campaña, para frenar ese plan y para ver si alguna vez podemos tener un gobierno que realmente represente los intereses de los trabajadores. Eso solo pueden hacerlo los propios trabajadores. No lo va a hacer un empresario, ni uno de estos amigos del poder, ni alguien que se dedica a vivir de la bicicleta financiera.
Discusión acerca de esta noticia