La Ley de Glaciares representa uno de los escudos ambientales más importantes de Argentina, pero el actual debate legislativo ha puesto bajo la lupa una serie de modificaciones que, según los expertos, no buscan mayor precisión científica, sino abrir una puerta a la ambigüedad jurídica y a la desprotección de recursos estratégicos.
En Laudatistas dialogaron con Lucas Ruiz, Doctor en Geología e investigador del Conicet (IANIGLA), desglosamos los tecnicismos para entender por qué lo que sucede en las altas cumbres afecta la calidad de vida de todo el país.
Cuando hablamos de proteger el hielo, solemos imaginar grandes masas blancas y brillantes, pero existe un tesoro invisible denominado ambiente periglacial.
En diálogo con Gustavo Vera y Ximena Rattoni, Ruiz explicó que este término refiere a lugares donde existen hielos subterráneos; en la cordillera, son zonas donde el suelo permanece por debajo de los cero grados durante más de dos años. Ese hielo, aunque no se vea, cumple la misma función que un glaciar: es una reserva de agua en estado sólido. Estos “glaciares rocosos” o de escombro son fundamentales y, aunque hoy su utilidad práctica parezca baja, constituyen el seguro de vida hídrico para el futuro. Se trata de agua que se formó hace cientos o miles de años y que debe estar allí para las generaciones venideras cuando la necesidad sea crítica.
Sin embargo, el proyecto de reforma plantea una contradicción fundamental. Mientras el gobierno sostiene que la ley vigente es imprecisa y busca “claridad”, la propuesta no toca las definiciones científicas del objeto a proteger, sino que traslada la facultad de decidir qué se resguarda a las provincias. Según el investigador, esto rompe el espíritu de las leyes de presupuestos mínimos, que deben fijar un piso ambiental homogéneo para todo el país. De aprobarse, se generaría un escenario de incertidumbre jurídica donde un mismo cuerpo de hielo, al limitar entre dos provincias, podría estar protegido de un lado y explotado del otro. Además, advierte sobre el conflicto de intereses que surge cuando los organismos de control ambiental son absorbidos por carteras de Minería o Energía, convirtiéndose en juez y parte de la actividad industrial.
Para quienes viven lejos de la Cordillera, la problemática puede parecer ajena, pero Ruiz utiliza una analogía directa con el Riachuelo: si permitimos la contaminación de los ríos en su origen, perdemos calidad de vida y salud en todo su trayecto. En un contexto de crisis climática, los glaciares funcionan como reguladores vitales; en años de sequía extrema, su derretimiento es lo que permite que los ríos sigan llevando agua a las ciudades. Por lo tanto, destruir estos cuerpos o sumergirlos en la incertidumbre legal no es una mejora técnica, sino un retroceso en el piso ambiental que garantiza un futuro posible para la población.
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