Por Emilia Trabucco*
La Navidad de 2025 quedó marcada por la violencia institucional en Villa Lugano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gabriel González, trabajador y vecino del barrio, fue asesinado por efectivos de la Policía de la Ciudad durante un operativo que escaló de manera violenta y letal.
El hecho ocurrió en plena luz del día, sin que mediara una situación que justificara el uso de fuerza letal. Los registros audiovisuales que circularon posteriormente muestran una intervención desproporcionada, disparos a corta distancia y una escena que dejó al descubierto el modo en que hoy operan las fuerzas de seguridad en los barrios populares.
Tras el asesinato, vecinos y familiares convocaron a una movilización para exigir justicia, el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables. En esa convocatoria también se denunció que, luego de recibir los disparos, Gabriel González permaneció con vida durante varios minutos sin recibir asistencia, mientras efectivos policiales impedían o demoraban el auxilio, aguardando la llegada de una ambulancia que tardó en arribar.
La denuncia señala que no se realizaron maniobras de primeros auxilios ni se garantizó una atención médica inmediata, profundizando la responsabilidad estatal no solo en el uso letal de la fuerza sino también en la omisión deliberada de auxilio, un componente reiterado en casos de violencia institucional.
Esa doctrina tiene una genealogía clara; fue impulsada por Patricia Bullrich durante su gestión como ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri y hoy se encuentra plenamente reactivada. La denominada doctrina Chocobar opera como marco de legitimación del uso letal de la fuerza, especialmente en los barrios donde vive y trabaja las clases populares.
Los datos de las organizaciones de derechos humanos confirman que el caso de Villa Lugano se inscribe en un proceso más amplio. CORREPI, a partir de su archivo histórico de casos, viene advirtiendo sobre un crecimiento sostenido de la violencia institucional desde la asunción del actual gobierno.
En declaraciones públicas, su fundadora María del Carmen Verdú fue contundente al señalar que “ya se han superado las 1.000 muertes a manos del aparato represivo estatal durante la gestión de Javier Milei”, una cifra que incluye asesinatos por gatillo fácil, muertes bajo custodia, fusilamientos encubiertos como enfrentamientos y muertes producidas por el accionar directo de fuerzas policiales y de seguridad federales, provinciales y locales. Se trata de un registro en permanente actualización que da cuenta de una regularidad alarmante.
Los relevamientos del CELS muestran una tendencia convergente en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Tras un 2023 con cifras elevadas de personas muertas por intervención de fuerzas de seguridad, 2024 registró un incremento, y 2025 mantiene niveles altos en los datos parciales disponibles, lo que muestra la profundización del Modus operandi.
En la provincia de Buenos Aires, la Comisión Provincial por la Memoria documentó durante 2024 más de 1.500 hechos de violencia policial, con 143 personas muertas por uso letal de la fuerza o en contextos de encierro. El patrón se repite en todos los registros: jóvenes, trabajadores y habitantes de barrios populares concentran la mayor parte de las víctimas.
La muerte de Gabriel González se inscribe plenamente en este escenario. Expresa el punto de máxima crudeza de una violencia institucional que se despliega sin mediaciones, incluso en fechas cargadas de sentido social y comunitario. La represión aparece articulada con un proceso más amplio de deterioro de las condiciones de vida, marcado por el ajuste económico, la precarización del trabajo y la pérdida de ingresos reales. El uso de la fuerza cumple una función disciplinadora en un contexto de creciente conflictividad social.
El Presupuesto 2026, recientemente aprobado, refuerza esta lectura. El programa económico profundiza el ajuste sobre salarios, jubilaciones y políticas sociales, consolidando un esquema regresivo de distribución del ingreso. En ese marco, la política de seguridad adquiere un rol central como dispositivo de control territorial y contención coercitiva del conflicto social. La violencia institucional se articula así de manera estructural con la estrategia económica general del gobierno.
El orden promovido por el proyecto libertario se sostiene crecientemente en la coerción, no sólo en el consenso. La expansión del aparato represivo acompaña la retirada del Estado como garante de derechos y los recursos se direccionan a perseguir y alimentar el dispositivo represivo. La reactivación de la doctrina Chocobar cumple un papel clave en ese proceso, naturalizando el uso letal de la fuerza como respuesta estatal frente a la desigualdad y la protesta.
Villa Lugano se convierte así en una postal del presente. Más de mil personas asesinadas por el aparato represivo estatal desde diciembre de 2023 configuran un saldo que interpela a toda la sociedad. Gabriel González es parte de esa cuenta trágica. Su muerte expresa una política en curso, una decisión de gobierno y un modo específico de administrar la crisis social mediante la violencia.
*Psicóloga, Magíster en Seguridad. Analista de la Agencia NODAL y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) en Argentina.
Discusión acerca de esta noticia