Ya no alcanza el término motosierra, queda corto, para describir al ajuste que el gobierno planea hacer en el área educativa. Según el presupuesto que el Gobierno envió al Congreso, acentúa el desfinanciamiento en áreas claves. Paralelamente, comenzó a circular un borrador de un proyecto de ley con el título de “Libertad Educativa” que introduce fuertes cambios en el área.
Desde CTERA analizaron el proyecto de presupuesto nacional enviado por el Poder Ejecutivo y alertaron que tiene como objetivo “desresponsabilizar al Estado nacional del financiamiento de la educación”. Así lo planteó su titular, Sonia Alesso, en diálogo con Radio Gráfica.
“Representa un fuerte ajuste y un retroceso en términos de financiamiento educativo“, enfatizó Alesso, modificando, además, la ley de Financiamiento Educativo sancionada en 2005 con un amplio consenso y que buscó equiparar las fuertes disparidades económicas entre las diferentes provincias. Una ley que buscó atenuar el impacto negativo de la reforma educativa del gobierno de Carlos Menem que trasladó la responsabilidad del financiamiento de la educación de nación a las provincias.
Alesso apuntó que el presupuesto deroga artículos de las leyes que garantizan fondos para la educación obligatoria, técnica, ciencia y tecnología. De este modo reduciría la inversión en educación a un 0,68% del PBI.
Detalló un fuerte ajuste en diferentes ítems: “En Infraestructura escolar es del 84,4%, en Formación Docente del 71,2%, en Educación técnica del 84,5% y en programas de conectividad (conocido popularmente como Conectar Igualdad) más del 90%“.
A ello se suma la “eliminación del Fondo de Incentivo Docente (FONID)” -en relación al último presupuesto sancionado- que el gobierno ya dejó de pagar en enero de 2024 y que representaba entre un 10 y 20% del salario.
“Lo que hacen es desresponsabilizar al Estado Nacional del financiamiento de la educación. La ley Nacional de Educación plantea como piso un financiamiento del 6% del PBI. La última vez que se respetó fue en 2015, después comenzó a bajar, subió en 2023 y volvió a bajar fuertemente con Milei”, informó.
“Es un presupuesto educativo que está en lo más bajo de los últimos 30 años. Vamos camino a una situación grave. Vamos a tener un problema de faltante de docente en las escuelas. Un docente necesita tres turnos para sobrevivir, tenemos magisterios que tenían cursos de 35 alumnos y hoy tienen 12 o 13. Formar un docente lleva años. Y este es un problema tanto para la educación pública como para la privada. Sin docentes titulados va a bajar la calidad educativa“.
“Bajan los salarios y desprestigian la educación pública para privatizarla. Estuvo circulando un documento (titulado “Libertad Educativa”) que sería derogar la ley Nacional de Educación. Largan los globos de ensayo, pero el documento verdadero no aparece. En realidad quieren meternos cinco temas para discutir y que el árbol nos tape el bosque. No quieren que hablamos de los escándalos de corrupción, de ajuste, de presupuesto educativo“, concluyó.
“Esto que se propone a la ley 1420 de 1884, Sarmiento se escandalizaría con ese tema”, concluyó.
Compartimos documento donde equipos técnicos de CTERA analizaron el borrador que comenzó a circular sobre una reforma educativa.
“ALERTA EN LA DOCENCIA POR EL BORRADOR DE LA REFORMA EDUCATIVA”
Desde la CTERA rechazamos enérgicamente el documento que circula bajo el nombre de “Ley de Libertad Educativa” y lo refutamos por tratarse de un verdadero ataque al sistema democrático en su conjunto, que en todo su contenido arremete en contra de la garantía estatal del derecho a la educación, de la escuela pública, de las organizaciones sindicales y de los derechos sociales y laborales conquistados durante años de luchas sostenidas desde el campo popular.
Los autores de esta iniciativa intentan derogar la ley de educación vigente (LEN 26.206), que fue el resultado de amplios y profundos debates con todos los sectores representativos de la sociedad y de los distintos espacios políticos. Desconocen e ignoran el proceso de participación respetuosa y plural que en el año 2006 logró definir a la educación como un derecho social y al conocimiento como un bien público, para reemplazarlo de manera antidemocrática con otro proyecto que claramente responde a los mandatos e intereses de las corporaciones empresariales del sector privado económicamente más concentrado, definiendo a la educación como un servicio y centrándose en los principios de la libertad individual por sobre los intereses sociales.
Desde nuestra organización sindical observamos con preocupación que bajo el uso banalizado de valor de la “libertad”, este proyecto de la derecha en la Argentina pretenda eliminar la figura del Estado como garante principal del derecho a la educación y su responsabilidad total por el financiamiento de todo el sistema educativo, relegando su rol a la mera subsidiariedad.
Lo rechazamos también por tratarse de un proyecto conservador que impone la idea de la familia como la figura preferentemente responsable de la educación de sus hijos, obturando cualquier principio colectivo de socialización en las escuelas, de igualdad ante el derecho y de justicia social. Además introduce la formación religiosa confesional en la educación pública y promueve la educación en los propios hogares (homeschooling).
Con la derogación que impulsan ya no tendrían vigencia el Art. 9° de la LEN “El Estado garantiza el financiamiento del Sistema Educativo Nacional conforme a las previsiones de la presente ley. Cumplidas las metas de financiamiento establecidas en la Ley N° 26.075, el presupuesto consolidado del Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado exclusivamente a educación, no será inferior al seis por ciento (6 %) del Producto Interno Bruto (PIB); ni el Art. 10 “El Estado Nacional no suscribirá tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio que impliquen concebir la educación como un servicio lucrativo o alienten cualquier forma de mercantilización de la educación pública”.
Incluso, plantean el paso del financiamiento al sistema y sus instituciones al financiamiento de la demanda y los usuarios (financiamiento individual, voucher a las familias que mandan a sus hijos a escuelas privadas).
Entre otras vulneraciones, el proyecto arremete contra el derecho a huelga declarando a la educación general básica como «servicio esencial», sosteniendo la idea de «continuidad mínima del servicio educativo» durante medidas de fuerza o paros, lo que de por sí, resulta insostenible. introducen la prueba estandarizada a la finalización de los estudios primarios y secundarios, como si no sirviera de nada toda la evaluación procesual y formativa que se realiza en las trayectorias estudiantiles; y también avanzan con la imposición de una evaluación punitiva para la docencia ligada a los postulados de la meritocracia.
Por todo esto, rechazamos públicamente este nuevo intento de los sectores de la derecha en el que se quiere avanzar con la privatización y destrucción de la Educación Pública. Se trata de un verdadero retroceso reaccionario que pretende llevarnos educativamente al siglo XIX.
Junta Ejecutiva de CTERA
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2025
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