Impulsaron una acción judicial colectiva para frenar los efectos de la Ley Bases sobre el empleo público, denunciando que su aprobación fue en un proceso viciado por corrupción. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº11 dio lugar a la presentación del gremio de estatales Asociación Trabajadores del Estado Capital Federal (ATE Capital) e impulsó y ordenó al Poder Ejecutivo Nacional que, en un plazo de cinco días, brinde explicaciones sobre las condiciones en que se sancionó la Ley 27.742.
La resolución judicial reconoce que existen serias sospechas sobre la legalidad del trámite legislativo que dio origen a la norma, especialmente en relación con el voto clave del entonces senador Edgardo Kueider, quien fue detenido posteriormente con la suma de 250 mil dólares no declarados en la frontera entre Paraguay y Brasil. Por esa causa cumple prisión domiciliaria en Paraguay enfrentando causas penales por presunto cohecho.
Desde el sindicato argumentaron que ese voto —que generó el empate necesario para que la vicepresidenta Victoria Villarruel definiera la votación— fue resultado de “hechos de corrupción de público conocimiento, y que, por lo tanto, debe considerarse nulo de nulidad absoluta“.
“Estamos ante una ley sancionada en condiciones espurias. No se trata solo de una reforma regresiva para el empleo público: es una ley nacida de un procedimiento viciado y fraudulento. El Poder Judicial debe actuar y garantizar el Estado de derecho”, expresaron desde ATE Capital.
LOS DERECHOS QUE VULNERÓ LA LEY BASES EN EL EMPLEO PÚBLICO
El capítulo IV de la Ley Bases modifica profundamente el régimen de empleo público, reformando diez normas clave, entre ellas nueve artículos de la Ley 25.164 (Marco de Regulación del Empleo Público Nacional) y uno de la Ley 24.185.
Entre los cambios más graves, se habilita la posibilidad de declarar en disponibilidad a trabajadores estatales por causas tan amplias como “dotación excedida”, sin la obligación de demostrar una real reorganización del Estado. Esto pone en riesgo la estabilidad laboral, consagrada constitucionalmente, además de debilitar la organización sindical.
Desde ATE denunciaron que esta reforma representa un retroceso inconstitucional en materia de derechos laborales, amparado en una lógica de ajuste y achicamiento del Estado que afecta directamente el funcionamiento de áreas esenciales para la ciudadanía.
UN HECHO JUDICIAL SIN PRECEDENTES
El fallo firmado por el juez Diego Martín Cormick reconoce la legitimidad de la acción colectiva impulsada por ATE Capital y sugiere que los hechos denunciados presentan verosimilitud en el derecho invocado, al afirmar que “es evidente que existe un vicio en la formación y sanción de la Ley 27.742”.
La resolución también destaca que se cumplen los tres requisitos establecidos por la Corte Suprema en el fallo “Halabi” para habilitar este tipo de acciones: una causa común, efectos homogéneos sobre un colectivo claramente identificable y la falta de vías individuales eficaces.
El Poder Ejecutivo tiene cinco días hábiles para responder al requerimiento judicial. De no hacerlo de manera satisfactoria, la causa podría escalar y derivar en la suspensión del capítulo referido al empleo público.
“No vamos a permitir que se naturalice una reforma regresiva y manchada de coímas. Esta ley no solo ataca el empleo público, sino que pone en jaque el funcionamiento democrático”, concluyeron desde ATE Capital.
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