La Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) presentaron, en forma conjunta, un amparo judicial para solicitar que se declaren inaplicables las facultades delegadas por la Ley 27.742 respecto al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). También para que se declare la inconstitucionalidad de los Artículos 1, 2 y 3 de la Ley 27.742 y los Artículos 59 al 69 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 462/2025 que afectan la vida del organismo.
Según la presentación, el DNU configura una “desviación de poder que oculta la disolución, la desfederalización, y el vaciamiento del INTA, hecho que es expresamente vedado por el Art. 2 de la Ley 27.742, y por resultar asimismo violatorio de los fundamentos que dieron lugar a su creación”.
En la presentación además se solicitó que se disponga una medida cautelar que determine la suspensión provisoria de los efectos de los mencionados artículos del DNU, y que le ordene al Estado Nacional que se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo que implique reubicaciones, cesantías, pases a disponibilidad, traslados, despidos, rescisiones o no renovaciones contractuales tanto del personal, así como de representantes gremiales, y/o cualquier otra medida de reestructuración y/o reorganización del personal que implique la reducción de la dotación del organismo, garantizando la ocupación efectiva y sus derechos laborales emergentes consagrados en los Convenio Colectivo de Trabajo 214/06 y 127/06, hasta tanto se dicte una sentencia definitiva.
Desde APINTA, organización que encabeza Mario Romero, expresaron: “El Decreto es inconstitucional, avasalla derechos laborales de los y las trabajadores del INTA, va contra el convenio colectivo de trabajo, permite despidos y va contra la estabilidad en el trabajo”.
“Con respecto al INTA permite a su presidente avanzar en el cierre de agencias de extensión, enajenar el patrimonio institucional y destruir la regionalización del organismo. De darse la continuidad del decreto 462/25 se avanzará en la destrucción del INTA”, advierten desde APINTA.
Por su lado, Rodolfo Aguiar, secretario General de ATE Nacional sostuvo: “En la calle y en la Justicia, estamos demostrando que el Gobierno de Milei no es invencible. Uno por uno, vamos a voltear todos los decretos”.
“Vinieron por el derecho de huelga y la Justicia nos dió la razón. Quisieron quitarnos el Día del Empleado Público y la Justicia dijo que tenía razón ATE. Y la marcha atrás con el cierre de Vialidad demuestra que, uno por uno, vamos a voltear todos los decretos”, concluyó.
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