Por Eduardo Gurucharri *
Los hechos históricos pueden ser objeto de interpretaciones. Pero la primera condición que debe cumplir un relato es exponerlos y exponer el contexto en el cual se produjeron.
En este caso, no justificaré mi relato con referencias y pies de página. La información disponible está al alcance de cualquier persona interesada en buscarla y sobra para emitir un juicio. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Un efecto de la corriente conformista que critico.
Es posible trazar vínculos entre la masacre de Ezeiza y la muerte de Carlos Mugica. También se los puede trazar entre Ezeiza y la muerte de José Rucci. Y cabe interpretar como el contexto del atentado contra Rucci facilitó el encubrimiento de los asesinos de Mugica. La cuota de impunidad que los gobiernos constitucionales dispensaron a la Triple A se proyectó sobre sus víctimas, en especial sobre la mayoría casi anónima. Hay caídos cuyos nombres al día de hoy no figuran en listas oficiales. Abordo el tema al final de la nota. Ahora vuelvo al relato.
Tras el apoteósico 25 de mayo de 1973, el decreto de indulto y la ley de amnistía, en junio los acontecimientos se precipitaron. El PRT-ERP respondió al pedido de tregua de Cámpora anunciando que no atacaría a su gobierno y en consecuencia a la policía, pero sí al Ejército, una distinción que solo podría sostenerse en los papeles. El resto de los grupos guerrilleros guardó silencio. Los peronistas apoyarían al gobierno, aunque nadie prometió olvidar a los responsables y cómplices de Trelew. No obstante, durante aquel primer mes de gobierno de Cámpora el ERP no realizó acciones. Mantuvo, sin reconocerlo, una precaria tregua. Francamente, era absurdo que un grupo guerrillero confrontara a un gobierno que tras indultar y liberar a todos los presos políticos y reconocer la legitimidad de la lucha armada contra las dictaduras precedentes, había logrado del Congreso Nacional la sanción casi unánime de una ley de amnistía que la convalidaba.
Pero la sorpresa llegó de otro lado. El 20 de junio de 1973 un millón largo de personas se reunió sobre la autopista bonaerense que conduce al Aeropuerto de Ezeiza para dar la bienvenida al General Perón el día de su regreso definitivo al país. Una reducida comisión organizadora integrada por el secretario de la CGT, José Rucci y tres personas mas -el quinto miembro, Juan Manuel Abal Medina, estaba accidentado- anunció que Perón hablaría a las 16:30 desde el Puente El Trébol, que cruza por encima de la autopista y serviría de palco. La comisión excluyó a las policías federal y bonaerense de participar en la seguridad del acto.
El numeroso grupo civil de gente armada que parecía encargado de la seguridad del palco, a partir del mediodía disparó en reiteradas oportunidades sobre los manifestantes reunidos abajo. El grupo en cuestión resultó una banda de fanáticos y forajidos de ultraderecha. Causaron 13 muertos y 365 heridos de bala, algunos gravísimos. Una columna proveniente del sur, con carteles de Montoneros, fue emboscada por los forajidos desde un bosquecillo y emanó una respuesta. En el tiroteo murieron el estudiante de la UBA Horacio Simona y un militar retirado, quien resultó la única baja entre los del palco. Toda la zona de Ezeiza estuvo copada por gente armada y organizada, con vehículos de sindicatos y hasta ambulancias. El avión que conducía a Perón descendió en la Base Aérea de Morón y el recién llegado se fue en silencio a su casa.
El día 21, Perón habló por cadena nacional flanqueado por Cámpora, quien lo había acompañado en el vuelo de regreso. El General aludió en forma tangencial a los hechos de la víspera y no los condenó. Implícitamente justificó a los del palco, al manifestar “el deber ineludible de enfrentar a estos enemigos”, advertir “a los que tratan de infiltrarse”, de “hacer tronar el escarmiento” y así de seguido.
Cámpora reunió al gabinete. Varios ministros se constituyeron en comisión para investigar los hechos. La derecha peronista acusaba a los Montoneros por la suspensión del acto, mientras en la prensa aparecían fotos que identificaban a los ultraderechistas del palco con armas largas y torturando manifestantes. El designado comandante del Ejército, general Jorge Carcagno y el secretario general del arma, coronel Jaime Cesio, testigos neutrales, ofrecieron al presidente su apoyo para detener a los facciosos y castigarlos, aún si fuera al precio de otorgarle la razón a la Tendencia revolucionaria, la izquierda peronista.
Pero el presidente, entre su obligación como mandatario de cumplir y hacer cumplir la legalidad constitucional recién establecida y la fidelidad personal a Perón, eligió esta última. La investigación quedó en la nada, igual que el expediente judicial. Asediado por la derecha peronista, Cámpora renunció a la presidencia el 13 de julio, junto con su vice Solano Lima. El dirigente radical Raúl Alfonsín calificó los hechos como un golpe de Estado fascista. Opinión coincidente con la de Alicia Eguren, la viuda de John William Cooke, quien marcando la diferencia con el peronismo original de 1945, aclaró: “¡Estos sí que son fascistas!”
“Para un argentino no hay nada mejor que otro argentino”, predicó Perón con palabras muy diferentes a las suyas del 21 de junio, durante la breve campaña electoral que siguió. El 23 de setiembre de 1973 fue electo presidente constitucional por tercera vez con el 62% de los votos.
¡Cuánto prestigio retenía este hombre, que podía maltratar a partidarios suyos movilizados y a poco cortejar a sus opositores sin aparente mácula de su popularidad!
Dos días después, el martes 25 al mediodía, fue asesinado a balazos en una calle del barrio porteño de Flores, José Ignacio Rucci. El jefe de la CGT era hombre de confianza del último Perón. Los autores del atentado prácticamente se esfumaron y en el primer momento hubo quienes adjudicaron el hecho a la CIA. Pronto trascendió en círculos políticos que los ejecutores eran montoneros, si bien la conducción de esa organización nada dijo oficialmente.
Perón reaccionó volviendo a su discurso del 21 de junio. Guerra al marxismo y a la Tendencia revolucionaria, que él llamaba -con pésima memoria- infiltrada. Se lo recordaría Rodolfo Galimberti, su exdelegado para la Juventud Peronista durante la dictadura de Lanusse, cesado días antes del 20 de junio: “Antes éramos la juventud maravillosa. Ahora somos infiltrados”.
La muerte de Rucci provocó una conmoción en la periferia de Montoneros, entre militantes políticos y sociales, docentes, intelectuales, simpatizantes. Personas que adherían a la Tendencia, condenaban a los forajidos del palco y habían rendido homenaje al valiente Beto Simona. Estudiante peronista y héroe antifascista. Tanto que la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA declaró duelo y atribuyó su nombre al aula mas grande de la facultad.
De la conmoción emergió un sector que se negó a convalidar la acción atribuida a Montoneros y a justificar el empleo de la violencia bajo el gobierno civil. Ese sector defendió mantenerse bajo la conducción de Perón. Surgió la JP Lealtad. Sus miembros tendían a exculpar la beligerancia de Perón como una reacción por la muerte de Rucci.
El Padre Mugica se identificó con la Lealtad y reprobó públicamente el atentado aún si el móvil hubiera sido responder a la masacre de Ezeiza: Lo dijo, por ejemplo, en noviembre de 1973:
“Creo que la guerrilla tiene pleno sentido durante la dictadura militar y ningún sentido durante el gobierno constitucional. No tienen que actuar como organizaciones armadas. No se tienen que disolver, por ahora. Para mí la ejecución de Rucci fue un gravísimo error que de hecho se tradujo en un desastre político para la JP” (…) “A veces, por un purismo revolucionario lo que hacemos es garantizar la ejecución de cuatro compañeros más”.
Las represalias desde la ultraderecha, los asesinatos de militantes y no solo de la Tendencia, habían comenzado de inmediato. Sus autores actuaban con impunidad descarada. Tenían licencia del gobierno o directamente eran parte de la policía o los servicios.
El 25 de marzo de 1974 pobladores de barrios de emergencia de la ciudad se organizaron en manifestación. Por primera vez una marcha villera llegaba al centro de Buenos Aires. Reclamaban por la radicación de los barrios con viviendas dignas. El ministro López Rega ya no proponía las obras en las villas, sino continuar con la erradicación de Onganía aunque licitando la construcción de viviendas en zonas como Soldati y Ciudadela y adjudicarlas a los villeros. Si bien una parte de ese proyecto llegaría a ejecutarse, en su momento aparejó polémicas en los barrios. Mugica lo creyó aceptable. El Movimiento Villero Peronista insistió con la urbanización.
En la manifestación, los de la Villa 31 hacían punta. Se dirigían al Ministerio de Bienestar Social, cuya sede estaba en Plaza de Mayo. El pueblo tiene derecho a manifestarse. Cámpora levantó el estado de sitio y Perón está en la Rosada. Pero cerca de la plaza, en la avenida Alem, la Policía Federal detiene la marcha. Hay corridas, gases y un manifestante recibe a muy corta distancia un disparo policial de Itaka, la escopeta de dos caños, y cae muerto. Es el tucumano Alberto Chejolan, del Centro Vecinal de la 31, casado, 34 años, trabajador portuario, miembro del Movimiento Villero Peronista y colaborador de la revista Militancia cubriendo una de las guardias del local. Mucha gente acude al velatorio en la villa.
Aquí un ejemplo de la historia conformista que critico. Leyendo el año pasado notas dedicadas al cincuentenario de Mugica, reparé en un artículo que describe la muerte de Chejolan. Correcto, salvo la conclusión. El artículo pone que “el gobierno de López Rega” mató al militante villero. Cito el hecho en un medio nac & pop. ¿No corrigen lo que publican? ¿O evitan corregirlo para no patear el hormiguero? Porque en marzo del 74 el presidente era Perón y jefe de policía, aún, el general Miguel A. Iñíguez. López Rega nunca fue presidente. ¿No lo sabían?
El curita
El comandante Tomás Eduardo Medina fue edecán aeronáutico del presidente de la Nación desde el 27 de mayo de 1973 hasta el 31 de diciembre de 1974, es decir que desempeñó el cargo con cuatro presidentes, Cámpora, Lastiri, Perón y Martínez de Perón. El hombre escuchó de todo. Por ejemplo, estando en la Residencia de Olivos, en mayo de 1974, cumpliendo turno como edecán de Perón, escuchó a “los custodios jefes de López Rega” (…) “Rovira y Almirón”, referirse “al curita” con estas palabras: “A este le vamos a hacer la boleta”.
“A los dos días de escuchar ese comentario el Padre Mugica fue asesinado”, recordó el aviador una década después, al declarar como testigo en la causa penal “López Rega, José y otros s/asociación ilícita”.
Primera conclusión: el vínculo entre la masacre de Ezeiza del 20 de junio de 1973 y el asesinato de Mugica es indiscutible. Los ejecutores pertenecen a la conjura contrarrevolucionaria que viene a sustituir a la dictadura militar en retirada. Son distintos momentos del mismo intento: generar el terror en la población y disolver a balazos la organización popular autónoma, bajo una apariencia de democracia. La runfla del 20 de junio deriva en la runfla de la Triple A que ya está constituida en mayo del 74. López Rega sustituye y empeora a Rucci. La sombra de Perón se proyecta sobre los dos.
También es claro el vínculo entre el 20 de junio y el asesinato de Rucci. La militancia montonera es joven, no tiene gran experiencia política y está profundamente decepcionada con el violento giro derechista de Perón. Un millón largo de argentinos acudieron convocados a una fiesta y los dueños de casa -la comisión organizadora, ¿quien si no?- los recibió a balazos. Hay militantes que han dado la vida y Perón insinúa que son infiltrados. Requiere mucho estómago tragar semejante sapo y no apresurarse. Mucho saber político. La formación que predomina en los cuadros no sirve para ensayar un cambio de guardia, un sostenerse en las amplias bases que se han agrupado al compás de una lucha que si bien alcanzó triunfos tácticos indiscutibles, ahora enfrenta un desafío estratégico. Predomina la reacción militarista frente a un grave problema político.
Montoneros no puede reivindicar públicamente el fusilamiento de Rucci en vísperas de asumir Perón la presidencia. Se lo impide el gran número de militantes que actúan en gobiernos de provincia, universidades, escuelas, sindicatos, unidades básicas, el Congreso, las legislaturas, los municipios, barrios y villas, la prensa. Requieren mantenerse en un escenario de disputa política legal, el cual, conviene recordarlo, alcanzará su máxima expresión el siguiente 1°de Mayo de 1974 en la plaza histórica, sin que nadie dispare siquiera un tiro.
Mas aquel contexto inicial del atentado contra Rucci, la imposible reivindicación pública de su autoría, es lo que va a facilitar inmediatamente después del asesinato de Mugica el 11 de mayo de 1974, el avieso intento de encubrir ante la opinión pública a los autores de este último. Ejecutado por sus instigadores mediante la falsa y cínica acusación de la revista El Caudillo contra Montoneros, cuyas características recordé en la primera nota.
La impunidad de la Triple A.
Las cúpulas del Partido Justicialista y de la UCR bloquearon durante décadas el enjuiciamiento de los responsables de la Triple A. En 1984, bajo Alfonsín, el Congreso votó una ley según la cual las autoridades constitucionales derrocadas no podrían ser juzgadas por presuntos delitos en el ejercicio de su cargo, ley cuya única beneficiaria fue Martínez de Perón. En cambio, López Rega no zafó. Lo trajeron en 1986, extradictado de Estados Unidos y murió en prisión en 1989, esperando sentencia como jefe de la Triple A e instigador de los fusilamientos del tercer trimestre de 1974 en Buenos Aires -Ortega Peña, Julio Troxler, Silvio Frondizi. Alfredo Curutchet. Pedro Barraza y otros, mas el hijo bebé del rector de la UBA Raúl Laguzzi, volado en su cuna.
Centenares de víctimas quedaron omitidas. La mas notoria, Carlos Mugica, uno de los muertos en vida de Perón. El entonces fiscal Aníbal Ibarra aún está a tiempo de revelar el porqué su celo procesal no alcanzó.
La causa se reabrió en 2006, cuando el juez Norberto Oyarbide declaró de lesa humanidad los delitos de la Triple A. En 2007, el juez libró orden de captura contra Martínez de Perón por “colaboración esencial” con las 3 A y la hizo detener en Madrid. Notificada, la expresidenta se negó a comparecer voluntariamente. Entonces Oyarbide pidió su extradición. La Audiencia Nacional de España trató la petición pero la denegó. Esgrimió la ley argentina de 1984 que impedía juzgarla e ignoró la resolución de la Corte Suprema argentina de 2005, por la cual cayó cualquier legislación de amnistía por delitos de terrorismo de Estado.
La extradición que sí concedió España fue la de Rodolfo Almirón Sena, el ex oficial de la Federal y .jefe de la custodia del ministro López Rega. Aquí, el juez detuvo, entre otros, al custodio Miguel Rovira, reciclado como jefe de seguridad en Metrovías. Los tipos fueron procesados como ejecutores de las mismas muertes que el fiscal Ibarra le atribuyera al Brujo como instigador. Almirón enfermó y murió en domiciliaria en 2009. Recién ese año Oyarbide se decidió a investigar la muerte de Mugica y abrió un expediente. Ricardo Capelli alcanzó a reconocer a Almirón como el hombre que les disparó al salir de la iglesia y la testigo Elena Goñi lo señaló como asistente a la misa que dio Mujica. Se constató que Rovira, quien murió en 2010, condujo el coche robado donde fugaron. Elevar la causa a sentencia fue imposible. ¡Los acusados habían muerto!
Por fin, el 12 de julio de 2012 el juez emitió una declaración identificando al ya fallecido Almirón como “autor inmediato del homicidio de Mugica, en el marco del accionar de la Triple A”. “Declarar la verdad de lo que aconteció, y así brindar una respuesta a los familiares de la víctima y a la sociedad”, fue el propósito que manifestó Oyarbide.
Un juicio por la Triple A llegó al final. En febrero de 2016 la jueza María Servini de Cubría condenó a. cuatro años de prisión efectiva por asociación ilícita a Jorge Conti -el que amenazó a Capelli-, a Julio Yessi de la jotaperra, Carlos Villone -exviceministro de Bienestar Social- y a los policías Rubén Pascuzzi y Norberto Cozzani. Visto lo cual en abril de 2016 el fiscal federal Eduardo Taiano acusó a Villone, de 82 años cumplidos, por haber ordenado desde el ministerio el asesinato de Mugica y solicitó su condena a prisión perpetua. En la requisitoria, el fiscal recordó la declaración del aviador Medina y las listas de López Rega, donde figuraba amenazado el sacerdote. Taiano informó que en el expediente de la Triple A se estaban investigando 681 denuncias por casos de homicidios, amenazas y atentados.
La verdad, es imposible creerse que solo diez tipos en unos veinte meses, hayan realizado labores de inteligencia para luego amenazar centenares de personas, matar otras tantas de una en una, las menos en atentados, las mas previamente secuestradas y luego asesinadas, algunas voladas con explosivos, los cuerpos abandonados en sitios señalados, comunicada su ubicación a las comisarías y la prensa, en ocasiones distribuyendo libelos agraviantes para sus víctimas, etc.
Respuesta parcial y casi obvia: la Policía Federal fue puesta al servicio de la Triple A por orden de las autoridades del poder ejecutivo constitucional.
- Periodista, investigador. Autor del libro Bernardo Alberte. Un militar entre obreros y guerrilleros.
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