El juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, ordenó restituir y garantizar la continuidad del pago del “Incentivo Ente Cooperador ACARA” mediante una medida cautelar, suspendido por el gobierno nacional y que representa hasta más de un 50% del salario en trabajadores del Ministerio de Justicia nacional.
La resolución fue a instancias de una presentación realizada los trabajadores Rubén Ricardo López, Luis Fernando Beltrán, Santiago Papolla y Ángel Ignacio Gómez que tras la resolución 376/24, que ponía fin al pago del Incentivo Ente Cooperador ACARA desde el 31 de diciembre, sufrieron un apreciable recorte en sus ingresos, lo que también alcanzó a otros trabajadores de la cartera.
El juez Cormick reconoció en el falló el carácter remunerativo y alimentario de dicho incentivo, tomando como jurisprudencia a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en fallos conocidos como “Cello” y “Ferrara Muñiz”. El mismo tiene vigencia hasta que se resuelva la impugnación administrativa presentada.
El fallo alcanzó a los trabajadores que hicieron la presentación, pero hay más 800 en total en esa misma situación en el Ministerio.
Desde ATE Capital celebraron el fallo: “Este suplemento salarial representa más del 50% del salario de las trabajadoras y trabajadores del área, por lo que su eliminación significaría un gravísimo perjuicio material y moral, afectando derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales de derechos humanos”.
“El juez sostuvo que la supresión del incentivo constituye una reducción salarial ilegítima, violatoria de los principios de intangibilidad del salario, de progresividad en materia de derechos laborales y de razonabilidad administrativa. Además, subrayó que el daño a los trabajadores es mucho mayor que cualquier eventual afectación del interés público, ya que el incentivo se abona desde hace décadas y su eliminación carece de sustento jurídico válido”, agregaron de la organización que encabeza Daniel “Tano” Catalano.
LA MOTOSIERRA EN EL MINISTERIO DE JUSTICIA
La cartera de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, ha sido alcanzada por la motosierra en el tramo final del 2024 y comienzos del 2025 con despidos, rebajas salariales y una desarticulación de las políticas de la Secretaría de Derechos Humanos, que depende del Ministerio de Justicia.
En los meses finales del año el Gobierno decidió finalizar con el Ente Cooperador ACARA financiado con la venta de documentación y formularios para trámites que se realizan en los registros de la propiedad del automotor. Muchos de los trabajadores en lugar de estar contratados directamente al Ministerio lo estaban desde el ENTE Cooperador y otros recibían un complemento salarial para mejorar salarios muy bajos sin el pago de ese plus.
Con la extinción del Ente Cooperador ACARA, los trabajadores contratados bajo esa modalidad fueron forzados (chantajeados en cierto punto) a tomar tomar retiros voluntarios con la promesa de un recontratación posterior, pero con salarios recortados en casi un 30%.
Como parte del recorte brutal del Gobierno los que eran de planta permanente o transitoria y recibían un plus, también fue quitado generando una pérdida salarial de hasta más de la mitad de los ingresos. Tema sobre el que falló el juez Cormirck.
Para completar el cuadro, a comienzos de año se produjeron despidos en la Secretaría de Derechos Humanos, el cierre, supuestamente temporal del Centro Cultural Haroldo Conti en el Espacio de la Memoria (Ex ESMA). Además de también poner en riesgo la continuidad de políticas en diferentes áreas de la Secretaría.
INFORME: LEONARDO MARTÍN
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