El Gobierno nacional oficializó la intervención de la Casa de la Moneda por 180 días desde el 1° de noviembre suspendiendo los contratos de impresión de billetes de 1000 y 2000 pesos que venía realizando. Desde la Federación Gráfica Bonaerense (FGB) criticaron duramente la decisión calificándola de “irracional ajuste”, indicaron que la imprenta cuenta con tecnología de primer nivel y que la decisión redundará en una pérdida de soberanía. Son 250 puestos de trabajo en riesgo.
En diálogo con Radio Gráfica, el secretario General de la FGB, Héctor Amichetti, detalló: “La decisión que ha adoptado el Gobierno es terminar con la impresión de billetes. El Banco Central rescindió los contratos que tenía con la Casa de la Moneda que estaba imprimiendo billetes de 1000 y 2000 pesos que se hacían en la planta de Don Torcuato”.
Desde la FGB habían denunciado recientemente que el Banco Central no incluía a Casa de la Moneda en las licitaciones de billetes violando el propio estatuto de la institución para imprimir los billetes en el exterior.
“La licitación la terminó ganando una empresa estatal china para imprimir 540 millones de pesos en billetes de 20 mil pesos. Eso ya se está haciendo afuera”, advirtió Amichetti.
“El proceso licitatorio se aparta de los estatutos del Banco Central que establece que una licitación debe ser pública incluyendo el derecho de Casa de la Moneda a presentarse. Hizo una licitación privada que establece quien se presenta invitando a empresas de China, España y Brasil. El argumento del Banco Central es que se habían incumplido entregas anteriores, algo que se dio por la falta de importación del papel para hacer la impresión”, detalló el referente gráfico.
“Casa de la Moneda siempre fue el principal impresor del país haciendo billetes para todo Latinoamérica. Tecnológicamente es una planta moderna y tiene un bóveda de seguridad aprobada por organismos de seguridad internacionales”, puntualizó.
“Hay una intención de desguazar a Casa de la Moneda que no solo imprime papel moneda, también estampillas de seguridad, estampillas fiscales, chapas patentes y un montón de documentos de seguridad para diferentes organismos del Estado. Se busca que cada una de esas producciones sea un negocio privado”.
“Se pierde el control de un sector estratégico para fundamentalmente dejarla en manos de sectores privados y extranjeros. El Gobierno lanza la medida sin ningún espacio racional, designa un Interventor al que le pedimos una reunión para discutir el futuro de esas fuentes de trabajo”, concluyó Amichetti.
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