Por Leonardo Martín
Desde el regreso de la democracia en la Argentina el 10 de diciembre de 1983, atravesamos como país el peor momento en cuanto al resguardo de las garantías constitucionales. Un estado de excepción necesario para que el Gobierno pueda desplegar un plan económico profundamente regresivo en lo social, antinacional y antipopular.
Breve repaso de porque es el peor momento de la democracia en 40 años: la introducción de un protocolo antipiquetes que limita la protesta; el permanente accionar represivo de las fuerzas de seguridad; detenciones arbitrarias con insólitas acusaciones de sedición y supuestos atentados contra el orden constitucional; intentos de limitar el derecho a huelga y a asambleas para los trabajadores; criminalización de la protesta con la judicialización de dirigentes sociales y de sus organizaciones; quita del Potenciar Trabajo para aquellos que lo perciban y protesten; cierre y achique a la mínima expresión de medios públicos y suspensión de la pauta pública que puede garantizar la pluralidad informativa. Por nombrar solo algunos de los aspectos.
Paralelamente a ello, sigue vigente el DNU 70/2023 mediante el cual el Gobierno sin necesidad ni urgencia derogó y modificó decenas y decenas de leyes a sola firma metiendo la motosierra en decenas de leyes sin el más mínimo debate parlamentario como establece el sistema republicano del que muchos ayer se llenaban la boca en su defensa, pero hoy eligen mirar para el costado con este accionar.
En el mismo sentido con la impunidad y haciéndolo a la vista de todos el Gobierno viene de “persuadir” voluntades en el Senado repartiendo a plena luz del día embajadas como en el caso de la neuquina Lucila Crexell o la retribución de votos positivos por cargos. Escándalos que no poco escandalizan durante estos días.
El objetivo es claro: generar terror y miedo de salir a la calle a protestar por temor a los balazos de goma, al gas pimienta y a los palazos. Y si no alcanza con ello, el miedo a ser detenido arbitrariamente, paseado por horas en condiciones inhumanas y con una derivación posterior directa a penales. y a engorrosas causas judiciales que pueden durar años.
Hay un plan de pinzas por parte del gobierno que tiene tres ejes claros: limitar el poder de lucha de las organizaciones sindicales y sociales, ganar la calle con la represión y generando temor y judicializar para castigar o amedrentar.
Para completar el cuadro, con un Gobierno que defiende, justifica y provvoca desde las comunicaciones oficiales y paraoficiales la represión. Que hace una celebración de la violencia y la crueldad.
La afirmación de que estamos atravesando el peor momento democrático en 40 años no deja implícito que lo previo haya sido un lecho de rosas. Hubo muertos en represiones y presos por protestar durante el menemismo, el sangriento final del gobierno de Fernando De la Rúa (con represiones previas en Corrientes y Salta), los asesinatos de Kosteki y Santillán en el interinato de Duhalde. Durante el macrismo también persecución judicial, represión y la muerte de Rafael Nahuel a manos de gendarmes, el episodio con Santiago Maldonado, la represión en diciembre de 2017, las intervenciones a sindicatos. La sistematización del plan en esa dirección en este presente hace de este momento el más delicado desde 1983 porque incluye el debilitamiento de sindicatos y organizaciones sociales.
Hay un plan de pinzas por parte del gobierno que tiene tres ejes claros: limitar el poder de lucha de las organizaciones sindicales y sociales, ganar la calle con la represión y generando temor y judicializar para castigar o amedrentar.
El protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich es la principal arma del gobierno para “ganar la calle” ante un escenario de previsible conflictividad por el ajuste y la disparada de la pobreza y la indigencia. Quien escribe estas líneas suele hacer coberturas de protestas callejeras y puede describir con conocimiento de causa el accionar policial.
Todos lo sufren, pero el protocolo es aplicado con mayor saña y determinación sobre las organizaciones sociales. La amenazante presencia policial está en cada movilización en el mejor de los casos con un cordón para que no haya corte de calles y siempre desplegando toda la parafernalia amenazante de policías robocops, carros hidrantes, motos y camionetas. En medio de ello, cuando las concentraciones son un poco más grandes la utilización de un gas pimienta altamente tóxico sin ningún tipo de contemplación ni siquiera por jubilados que no representan amenaza alguna.
Para aportar a la desmovilización de las organizaciones sociales, se agrega la amenaza de la quita de los Potenciar Trabajo en el caso de quienes sean los beneficiarios de ese programa o la habilitación de la línea 134 para las denuncias por supuestas coacciones que pasan a ser insumo, abierto a operaciones, para avanzar con la judicialización. Como si fuera poco el intento de cobrarle a las organizaciones sociales y sindicales los costos de los operativos policiales para que se terminan pagando los propios palazos que reciben.
Las 33 detenciones absolutamente arbitrarias y persecutorias durante la desconcentración de la ley Bases bajo la acusación de “atentar contra el orden constitucional” es una absoluta locura, si no fuera verdadera. El estado de excepción que tanto se menciona, auténticamente entre nosotros.
Los detenidos cuentan el maltrato recibido en las horas posteriores, siendo derivados parte de ellos, posteriormente, a penales como el de Ezeiza y Marcos Paz. A estas horas, aún quedan cinco detenidos. La frontera corrida cada vez un poco más lejos.
Previamente, semanas atrás, se realizaron 28 allanamientos simultáneos de organizaciones sociales, algunos de madrugada, judicializando organizaciones y dirigentes sociales. También hay casos como el la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) que recibió una multa de 160 millones de pesos por parte del Gobierno por adherir al paro del 24 de enero pasado.
DESFINANCIAR Y LIMITAR EL ACCIONAR DE LOS GREMIOS
Meses atrás, en una charla que dio en la universidad de Harvard, Federico Sturzenegger blanqueó la estrategia que en definitiva está llevando el Gobierno adelante: “Hay que empobrcer a los grupos de interés para ganarles”, dijo en alusión especialmente a los gremios.
El título correspondiente al aspecto laboral del DNU 70/2023, abiertamente va en esa dirección. Limitar el cobro de las cuotas solidarias, habilitar las tercerizaciones, avanzar con la monotributización del empleo, limitar la ultraactividad que es la extensión automática de los convenios colectivos de trabajo, limitar el derecho a huelga declarando actividades esenciales que deben cumplir una presencia mínima de 75% y otras trascendentales del 50%, así como limitar las asambleas encuadrándolas como causal de un justo despido.
Este título fue declarado inconstitucional por la Cámara Nacional del Trabajo, la reciente sanción de la ley Bases que incluye una reforma laboral regresiva, un poco menos lesiva, le evita a la Corte Suprema de Justicia zanjar por la constitucionalidad o no.
Sumado a ello, hay un desfinanciamiento de las obras sociales sindicales discontinuando programas para el pago de salarios así como dejar librada la competencia con las empresas de medicina prepagas lo que ha llevado a muchas organizaciones gremiales a tener que auxiliar con recursos del funcionamiento cotidiano de los gremios a las obras sociales.
En el caso de las protestas lo mencionado líneas arriba, multas millonarias, limitaciones legales y la judicialización para limitar el poder callejero y en las propios espacios de trabajo, tanto privados como públicos.
EL FUTURO PRÓXIMO
El escenario represivo y de amedrentamiento está planteado. También el del debilitamiento de las organizaciones que pueden resultar una barrera al avance de estas políticas.
La historia muestra un pueblo argentino resistente hasta en sus momentos más oscuros y que en esta ocasión se vuelve a enfrentar con el empobrecimiento planificado. ¿Cuál es la tolerancia? ¿Cuál será rol de las organizaciones frente a ello en escenario de profundización de las actuales condiciones?
La respuesta es siempre la organización y la mayor unidad posible de los actores afectados para denunciar, visibilizar y ganar en fuerza política para enfrentar la situación. Reorganizar y dar direccionalidad unificada a todos los espacios agredidos. Tiempos difíciles, no cabe duda, como también que nada es para siempre.
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