El secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón, Daniel Yofra, sostuvo que la política del gobierno nacional “licuó los salarios en tres meses” y reiteró que durante los plenarios nacionales de delegadas y delegados es cuando “se definen las medidas de fuerza”.
“Muchos habrán escuchado en sus hogares o en la fábrica eso de que la política no me da de comer. Pero por esta política tenemos el 57 por ciento de pobres y por esta política se nos licuó el salario en tres meses. Todos los trabajadores sufrimos eso y, por eso, acá estamos para gritar”, afirmó.
Lo hizo durante el XII plenario de delegadas y delegados de base aceiteros y desmotadores de algodón, que tiene lugar a lo largo de dos jornadas en el auditorio de FOETRA en la Ciudad de Buenos Aires.
El encuentro se realiza a una semana de haber logrado una renegociación paritaria que llevó el salario básico a 1.240.202 pesos y mientras se define la paritaria del sector de desmotadores de algodón.
“Este es el espacio dónde se toman las decisiones y la huelga no es un capricho de esta Comisión Directiva. No es una opción no cumplir con las decisiones que se toman en los Plenarios de Delegadas y Delegados y en los Congresos. Si los Congresos y los Plenarios facultan a tomar medidas de fuerza no es una opción no hacerlas”, completó Yofra, que estuvo acompañado por Eduardo Labra (Tesorero), Juan Domínguez (pro secretario general), Ezequiel Roldán (secretario gremial) y Marco Pozzi (secretario de salud laboral).
Durante la mesa de debate “Reforma Laboral, Criminalización y Derecho de Huelga”, el vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, Juan Carlos Capurro, cuestionó el protocolo de la ministra Patricia Bullrich y afirmó: “La política y la criminalización que está en curso, ya la hemos derrotado en el pasado y podemos volver a hacerlo”.
“Vamos a tener memoria histórica de lo que están haciendo ahora. Los jueces que no resuelven los planteos contra el protocolo van a ser conocidos, porque vamos a dar a conocer sus nombres, porque tienen que saber que lo que hacen lo vamos a hacer conocer”, advirtió Capurro.
Esa mesa estuvo coordinada por el presidente Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas (ALAL), Matías Cremonte, quien estableció la línea que unió todas las exposiciones al señalar que “la política del gobierno es un ataque a la organización sindical, un ataque a la acción colectiva, como pre requisito para la precarización laboral”.
Por su parte, el asesor legal de la Federación Aceitera, Alexis Barraza, dijo que “cuando se habla de la reforma laboral, el discurso predominante en los medios es la flexibilización laboral. Pero la idea de flexibilización laboral es una falacia porque el contrato de trabajo ya es flexible”.
“Lo que tratan de ocultar en ese discurso es que quieren desregular el derecho laboral y que el trabajador negocie con la empresa como iguales, cuando en realidad hay una parte poderosa de un lado y otra que no tiene herramientas para defenderse”, agregó Barraza.
Además, el asesor legal Eugenio Biafore dijo que “el trabajo no registrado, en negro, se impuso en la dictadura para destruir la organización de los trabajadores, crear división social y generar la degradación del trabajo. Empezó con un 3%, llegó al 50% en 2001 y después nunca llegó a bajar del 37 por ciento. El DNU promueve el trabajo no registrado porque elimina todas las multas y no propone ninguna herramienta para enfrentarlo”.
Discusión acerca de esta noticia