Foro Economía y Trabajo. Reclama a legisladores que rechacen DNU y ley Ómnibus

El espacio, integrado por economistas y otros especialistas a propuesta de las organizaciones sindicales, que pretende incluir aportes de otras organizaciones que  agremian a las Pyme, cooperativas y economía popular, elaboró el siguiente documento destinado a representantes del Poder Legislativo nacional.

Los escritos que suelen difundir, así como este, buscan articular un programa económico con eje en el trabajo, la producción, la justicia social, la defensa de los recursos y la soberanía nacionales.

Documento:

Espacio Economía y Trabajo le pide a las y los legisladores nacionales: 

INEXCUSABLE: RECHAZAR EL DNU  70/23 y el PROYECTO OMNIBUS

OBLIGATORIO: ARREGLAR LA DEUDA EXTERNA E INTERNA 

Nos dirigimos a las y los legisladores nacionales, manifestando, junto a las y los trabajadores, nuestro firme compromiso con el Paro y Movilización del 24/1, pues es vital:  

• Rechazar en todos sus términos, aún con las modificaciones publicadas el 22 de enero, el DNU 70/23 y el proyecto de “Ley Ómnibus” (mensaje 7/23) hoy en debate en el Congreso de la Nación, enviados por el P.E. con el argumento de dar respuesta a una crisis –esencialmente financiera para el sector público – anulando derechos y garantías de la Constitución Nacional, como los laborales consagrados por su art.14 Bis;
• revertir la política de liberalización de los precios sin control alguno y de devaluación aviesamente potenciada, de nuestra moneda dispuestos por el Gobierno de Javier Milei en una estrategia de “todo o nada”. 

De no ser así , se aceleraría la mega-devaluación o reducción de ingresos alimentarios de la inmensa mayoría de las familias, de los recursos de las provincias y la licuación de los ahorros de los argentinos. Se liquidarían a precio vil activos y empresas públicas estratégicas que nos pertenecen a todos. Quedarían expuestos a extranjerización territorios y con ellos otros recursos naturales estratégicos. Entonces desaparecerán miles de pequeñas o medianas empresas y sus puestos de trabajo. Predominará la usura. Las desregulaciones facilitaran la evasión fiscal, el lavado de dinero y el narcotráfico. Crecerá, la indigencia y la inseguridad.

El “plan” que así se consolidaría, por un lado, responde en exceso a las imposiciones del Fondo Monetario.  Ello agravará la crisis originada en el pago de la fabulosa deuda contraída con comisión de fraude y sin aprobación del Congreso de la Nación, por el Gobierno Macrista y gestionada por el mismo – entonces y ahora– Ministro de Economía.  Del círculo vicioso de esa deuda, que no benefició al pueblo argentino, no salió ni el Gobierno ni el Congreso del período 2019-23. Nunca se investigó ni se identificó a las personas y empresas beneficiadas, aún a pesar de su denuncia cajoneada en el Poder Judicial.

Por otro, es funcional a las corporaciones empresarias que con mercados cautivos impulsan el alza bestial del costo de vida y la devaluación de nuestra moneda para comprar, por la mitad, lo que vale el doble. Es decir, a la voracidad de los grandes formadores de precios con gravísima responsabilidad en la generación de la crisis que atravesamos.

Aprobar estas normas haría, no ya deficitario, sino imposible un adecuado cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de Seguridad Social – Salud, Jubilaciones, Asignaciones Sociales – Obra Pública, Educación, Inversión, Ciencia, Ambiente, Defensa Nacional. Implica aceptar como sostiene el Presidente Milei que “el Estado es el problema mismo” y no las malas decisiones de gobierno.

Urge pues, tanto rechazar el DNU y la Ley “Ómnibus”, como adoptar medidas imprescindibles para superar esta encrucijada que necesitan la acción legislativa del Congreso Nacional (ver anexo), que tiene la obligación de arreglar la deuda externa e interna de la Nación.

Y revertir la destructiva “terapia de choque” del Gobierno, con un “shock antinflacionario”, basado en:

• La declaración de la Emergencia Alimentaria, sin dudas de real urgencia y no incluída ni en el DNU ni en el Proyecto “Omnibus”. Incluyendo un programa de precios asequibles que garantice la alimentación y consumos básicos de toda la población. 
• La inmediata recuperación del poder de compra de los salarios, jubilaciones, salario social complementario, y asignaciones familiares.
• Medidas cambiarias que complementen relaciones con el exterior con el fortalecimiento del mercado interno y la moneda nacional.
• Desacoplar los precios internos de los alimentos de los internacionales de exportación, vía fijación de cupos de exportación y reestructuración de los derechos de exportación (retenciones)
• Equilibrio fiscal apoyado en impuestos relacionados con la capacidad contributiva
• Aplicación con todo rigor de la legislación vigente para coadyuvar en el quiebre de la inercia inflacionaria (Por ejemplo, Leyes 27442,2240,26991,27545)

Asimismo, un nuevo horizonte de trabajo, producción, inclusión, y desarrollo económico social, exige:

• Una renegociación integral por el Congreso de la Nación (Art. 75 de la Constitución Nacional) de la deuda con el FMI, contemplando la debida investigación sobre su gestión, beneficiarios y destino en el período 2015-2019. Deberá asimismo asumir su responsabilidad en cuanto a la deuda interna.
• Una nueva Ley de Coparticipación Federal.
• Una reforma y simplificación tributaria. 
• Impulso al ahorro nacional en un sistema financiero no especulativo, con una banca pública consolidada.
• Un programa industrializador con justa redistribución del ingreso

En pos de estos objetivos creemos necesaria una alianza para promover la unidad nacional asentada en acuerdos básicos que integren a las mayorías del trabajo y la producción nacionales.

Confluir en el paro y movilización del 24 de enero, es una obligación con la Nación y con nosotros mismos. En defensa de nuestra soberanía, el patrimonio nacional, los recursos naturales, de las provincias y de las familias, de todas y todos los trabajadores activos, jubilados y pensionados, de los sectores productivos del mercado interno.

LA PATRIA NO SE VENDE

Buenos Aires, 22 de enero de 2024

FORO ECONOMÍA Y TRABAJO

Juan Pablo Costa, Norberto Crovetto, Raúl Dellatorre, Marcelo Di Ciano, Marisa Duarte, Roberto Feletti, Cecilia Garriga, Santiago Mancinelli, Jorge Marchini, Felisa Miceli, Tomás Raffo, Horacio Rovelli, José “Pepe” Sbatella, Nahuel Silva. Coordinación Foreyt: Eduardo Berrozpe.

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Al documento, se suma un anexo que aborda apuntes sobre distintos ejes económicos como inflación, FMI, salarios, sistema financiero.

Anexo documento:

INFLACIÓN

Es tema central la inercia inflacionaria y el consiguiente deterioro económico y social. No son responsables del fuerte aumento de la inflación: ni los salarios, ni el gasto público social, ni el “exceso de demanda interna”.

Entendemos preciso:

1. Controlar el tipo de cambio decretando la Emergencia Cambiaria en los términos del Decreto N° 2581/64, con la finalidad que el BCRA en cumplimiento de sus misiones y funciones preserve las reservas internacionales y programe su utilización para el pago de deuda pública y el financiamiento de obras y servicios públicos, obligando a las grandes corporaciones del sector privado a financiar sus importaciones y los pagos de su deuda
2. Desacoplar los precios internos de los alimentos de los internacionales de exportación, vía fijación de cupos de exportación y reestructuración de los derechos de exportación (retenciones)
3. Transparentar las cadenas de valor, costos y precios, de productos y servicios de incidencia central en la canasta familiar.
4. Supervisar y combatir ventajas monopólicas u oligopólicas en relación a productos y servicios clave.
5. Coartar las ventajas de “posición dominante” que ejercen las empresas productoras de las materias primas básicas e insumos difundidos que imponen subas de precios indiscriminadas en cada cadena de valor.
6. Basar el análisis y negociación de tarifas de servicios públicos únicamente en base a costos reales, no por ajustes automáticos por tipo de cambio o indexación por precios internacionales. Determinar tarifas sociales para la energía, el gas y el agua en función de garantizar: derechos humanos y vida de todas las familias; la producción y servicios de las pymes y emprendimientos sociales; regular componentes significativos que impulsan la inflación.
7. Acuerdos de Precios de la Canasta Básica Total y de insumos centrales en la cadena de valor de los sectores productivos.
8. Ratificación y aplicación estricta de las leyes 27442 de Defensa de la Competencia, Ley 24240 de Defensa del Consumidor, 27545 de Góndolas, Ley 26991 de “Las nuevas relaciones de producción y de consumo”, antes de abastecimiento ante las prácticas desleales y/o anti-competitivas de “posición dominante” que ahondan peligrosamente desequilibrios económicos y sociales.
9. Identificar empresas y sociedades, con el fin de diferenciar su tratamiento y los correspondientes requerimientos informativos públicos, para lograr una acción positiva y efectiva de la sociedad y el Estado en relación a los desafíos de la producción, distribución, tributarios, comercio exterior e inflación. Un primer paso es legislar sobre la figura jurídica del grupo económico en la Ley de Sociedades Comerciales
10. Apoyar el sistema de ciencia y tecnología para mejorar productividad, costos, y calidad de producción y abastecimiento en especial de las pymes de sectores productivos clave y economías régionales.

ACUERDO CON EL FMI

1. Revisión integral por el Congreso de la Nación del acuerdo que alimenta el proceso inflacionario e impone la reducción ilegal de las obligaciones previsionales y una quita de subsidios que se convertirían en nuevos e impagables tarifazos en los servicios públicos en beneficio de las empresas que ya saquearon el bolsillo de una sociedad estafada.
2. Aprobación del proyecto de Ley ya aprobado en el Senado de la Nación (Exp.0016-S-2022) que determina la creación de un Fondo Nacional para el pago de la deuda externa con recursos provenientes de quienes fugaron capitales sin cumplir con las obligaciones tributarias legales.

DIVISAS

Las divisas del país deben ser administradas prioritariamente para impulsar la producción y el trabajo, sostener y mejorar las condiciones de vida de la población, no para la especulación, accesos privilegiados y consumos suntuarios

Entendemos preciso:

1. Sostener la emergencia cambiaria con controles al comercio exterior y a los movimientos de capitales.
2. Combatir  y  sancionar severamente maniobras de  contrabando,  sub-facturación de exporta- ciones y sobre-facturación de importaciones.
3. Establecer específicamente prioridades para el acceso de divisas para las importaciones. Deben ser autorizadas en primer lugar para el sostenimiento de las condiciones de vida de la población y el abastecimiento de equipamientos e insumos críticos, en tanto resulten insustituibles en forma eficiente y efectiva con producción nacional.
4. Aplicar la ley No. 19.359 Penal Cambiaria y el Decreto No. 480/1995 que la ordena.

EMPLEO, SALARIOS Y JUBILACIONES

Entendemos preciso:

1. Convocatoria inmediata al Consejo del Salario. Llevar el salario mínimo vital y móvil al valor de la Canasta Básica Total para una familia compuesta por matrimonio y dos hijos menores de edad, y el haber jubilatorio mínimo al 80% de la misma.
2. Sostener la recuperación del salario, las jubilaciones, el salario social complementario y las asignaciones sociales.
3. Fortalecer el régimen de negociaciones colectivas de trabajo, garantizando la debida actualización de la calificación funcional y otras condiciones de trabajo a los nuevos procesos productivos y constantes cambios tecnológicos que se están desarrollando.
4. Congelamiento de todos los precios de los productos que conforman la Canasta Básica Total del INDEC hasta tanto se dinamice el mercado por mayor consumo y se deba para ello aumentar la oferta de esos bienes y servicios

 CUENTAS PÚBLICAS

Del análisis de las cuentas públicas resulta evidente que el impulso del desequilibrio fiscal no es debido al gasto social. La estructura de ingresos fiscales en Argentina tiene un carácter claramente pro-cíclico y su perfil castiga a sectores más sensibles en períodos recesivos y beneficia particularmente a quienes cuentan con mayores prebendas, o con capacidad para realizar maniobras de elusión o evasión impositiva

Entendemos preciso:

1. Eliminación del IVA en productos de primera necesidad.
2. Tratamiento inmediato en el Congreso Nacional de un impuesto a las “rentas inesperadas”.
3. Establecer un impuesto por evasión y elusión fiscal a todas las empresas y personas que compraron dólares y no pueden justificar de donde extrajeron los recursos para hacerlo.
4. Combatir con rigor la evasión y elusión impositiva. Estricta aplicación del Régimen Penal Tributario. Urgente tratamiento parlamentario del levantamiento de los secretos bancarios, fiscales y bursátiles con el fin de transparentar las irregularidades, y contar con instrumentos que pongan freno y combatan las prácticas ilegales
5. Poner en marcha el análisis debate de una reforma y simplificación integral que revierta la regresividad creciente que ha observado a lo largo de los años el sistema impositivo.
6. Emplear el organismo fiscal de evaluaciones inmobiliarias, con el objetivo de homogeneizar las valuaciones de todo el país.
7. Incorporar las propiedades rurales en la base imponible del Impuesto a los Bienes Personales
8. Cumplir con la Constitución Nacional y avocarse al tratamiento y aprobación de una nueva ley de coparticipación federal de impuestos que debe basarse en la solidaridad federal y valores objetivos: a) Población; b) Nivel de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) de la población de cada provincia; c) Nivel de actividad económica
9. Plena autonomía a las provincias para emitir su propia “moneda” en forma de bonos de cancelación de deuda, con compromiso del Estado Nacional de su aceptación y posible cancelación, mientras dicha emisión no supere el 3% del Presupuesto provincial vigente

SISTEMA FINANCIERO

Ejecutar medidas inmediatas para defender y fortalecer el ahorro nacional y su canalización genuina y sustentable, no especulativa, para los requerimientos de créditos e inversión. Es preciso revertir el proceso especulativo creciente inaugurado por la dictadura militar – cuya anacrónica legislación sigue vigente- que se ahondó en últimos años, inhibiendo tanto el ahorro genuino y confiable en moneda como el acceso necesario y razonable al crédito por parte de las pymes urbanas y rurales, las cooperativas y la población en general.

Entendemos preciso:

1. Dimensionar el rol del control estatal del sistema financiero, la banca pública, y de instancias cooperativas de ahorro y préstamo productivo y social
2. Una Ley de Servicios Financieros ratificando su carácter de servicio público
3. Transparentar y controlar las operaciones y actores del sistema financiero para combatir desvíos, maniobras dolosas y la presión extorsiva en sus comportamientos (golpes de mercado)
4. Puesta en marcha de un fondo fiduciario productivo para ser canalizado a inversiones reales sustentables movilizadoras de la producción y el empleo, y en particular las pymes por su significación en la economía nacional. Este paso puede ser dado en base a parte de las tenencias/stocks de los bancos inmovilizados como encajes remunerados (pases pasivos, letras y notas de liquidez)
5. Investigar y determinar veracidad y legalidad deudas privadas con el exterior.
6. Establecer mecanismos de transparencia en la gestión de controles cambiarios, al comercio exterior y a los movimientos de capitales.
7. Apoyo activo y prioritario al financiamiento para superar el creciente déficit habitacional.
8. Anular la facultad otorgada por la Ley 24.144 al BCRA, que posibilita que los dólares que el BCRA compra al Tesoro de la Nación, para solventar el endeudamiento de la Administración, siendo que el Estado paga mayoritariamente sus gastos en pesos –excepto la deuda externa en divisas – puedan ser vendidos a los bancos financiando la fuga de capitales.
9. Restablecer el Art. 6to de la Ley 20.840 de 1974, comúnmente denominada de “Subversión Económica”, que preveía sanciones privativas de libertad y multa, respecto de comportamientos que afectaren el patrimonio o bienes de capital de un establecimiento. Considerándose como agravantes de estas acciones, a los efectos de aumentar la pena, los casos en que se produjera desabastecimiento de bienes o servicios de uso común, estafas, el cierre, liquidación o quiebra de empresas o el perjuicio para la economía nacional.