Por Esteban Chiaradía (*) y Viviana Civitillo (**)
El 1° de marzo de 1870 -se cumplen hoy ciento cincuenta y tres años- el presidente paraguayo, Francisco Solano López, era asesinado en Cerro Corá, luego de una prolongada y extenuante resistencia a la ocupación del territorio de la antigua provincia y luego República del Paraguay, delimitado por la emergencia de unidades políticas autónomas e independientes resultantes del derrumbe de la monarquía y el imperio hispanos. El magnicidio del presidente ponía fin a la Guerra de la Triple Alianza, Guerra del Paraguay para la historiografía brasileña, Guerra Guasú -Guerra Grande- para el nacionalismo del pueblo paraguayo, siempre presente.
Según la definición de la Real Academia Española, se denomina “magnicidio” a la “muerte violenta dada a una persona muy importante por su cargo o poder”. El del presidente López no fue el primero ni tampoco el último en el proceso constitutivo de los Estados nacionales en el siglo XIX. El fusilamiento del Coronel Manuel Dorrego (1828), gobernador electo legal y legítimamente por la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, ejecutado por orden del General Juan Lavalle luego del golpe de Estado perpetrado contra su gobierno y las instituciones provinciales que los golpistas decían defender, desató nuevamente la guerra civil en las Provincias Unidas del Río de la Plata y en la misma provincia bonaerense. Domingo Cullen, ministro diplomático santafecino, encargado de la mediación ante Rosas y la autoridad militar francesa para resolver el levantamiento del bloqueo (1838-1840), posteriormente gobernador electo de Santa Fe y renunciado luego de un intento de golpe de Estado provincial, acusado de conspiración y unitarismo (sin acuerdo historiográfico que lo confirme) en el momento más álgido de la oposición interna a la política rosista, fue fusilado por orden del Brigadier Juan Manuel de Rosas (1839), encargado de las Relaciones Exteriores de la Confederación. Ambos, ejecutados sin juicio previo, ni siquiera sumario. En ningun caso, el magnicidio resolvió el conflicto que lo desencadenó; muy por el contrario, sólo contribuyó a su agravamiento. El Paraguay de la primera posguerra impuso una constitución liberal bajo la tutela de la ocupación brasileña a la que siguió una inestabilidad política permanente a lo largo del siglo XX, atravesado por golpes de Estado, las guerras civiles intermitentes entre diferentes facciones políticas, la Guerra del Chaco y la dictadura stronista. Las guerras civiles argentinas[1] se prolongaron durante todo el siglo XIX, aún sancionada la Constitución Nacional en 1853, cuando la Guerra de la Triple Alianza –“guerra nacional”- se anuda con la “guerra de policía”[2] contra el levantamiento de las masas populares de las provincias del interior en oposición la guerra, al reclutamiento forzoso y a la política porteña en general. Organizadas en las milicias provinciales que el vocabulario oficial pasó a denominar “montoneras”, fueron conducidas por el Coronel Felipe Varela (quien había sido edecán de Urquiza en la gobernación de Entre Ríos), los hermanos Juan y Felipe Saá quienes encabezaron la Revolución de los Colorados en Cuyo (1866-67; el primero había sido gobernador de San Luis en 1860), Santos Guayama y tantos otros.
Y eso sólo por mencionar los casos más trascendentes por su vinculación con el proceso de configuración de los Estados nacionales devenidos de las revoluciones de independencia y sin adentrarnos en el siglo XX y, más recientemente en el XXI, donde cabe mencionar dos casos emblemáticos: el asesinato de Luis Argaña, Vicepresidente en ejercicio de Paraguay (1999), o el intento fallido contra la Vicepresidenta hoy en ejercicio, Cristina Fernández de Kirchner en nuestro país (1° de septiembre de 2022).
El magnicidio del presidente López fue precedido por una política de exterminio como forma de violencia política, constitutiva de los Estados nacionales y que formó parte de las lógicas civilizatorias impuestas por las elites liberales ilustradas sobre las vidas y bienes de todas aquellas comunidades políticas preexistentes y resistentes a aquella imposición, extensamente identificadas con la “barbarie” en la literatura política, la prensa y la historiografía decimonónicas. Práctica política que requirió del uso de la fuerza técnica de una dirección político-militar formada por una facción política en el ejercicio del gobierno del Estado en proceso de formación. En el espacio americano y, particularmente en el rioplatense, se reproduce, por tanto, la misma práctica política de la colonización española: toda forma de organización social que implicara modos de vida alternativos debía ser asimilada forzosamente o bien eliminada. Este espacio postcolonial reactualizaba y prolongaba las prácticas de la conquista ibérica en la construcción de los nuevos Estados en busca de la nación para la que aún no estaban presentes sus condiciones de posibilidad. Así lo escribía Alberdi: “La guerra en Sud América, sea cual fuere su objeto y pretexto; la guerra en sí misma es, por sus efectos reales y prácticos, la antirrevolución, la reacción, la vuelta a un estado de cosas peor que el antiguo régimen colonial, es decir, un crimen de lesa América y lesa civilización”[3].
Pasado siglo y medio desde aquellos trágicos sucesos, y habiéndose encendido la llama de la polémica en distintos momentos y latitudes, ahora los crímenes “de lesa América y de lesa civilización” comienzan a develarse en el marco institucional y multilateral del Parlasur (el Parlamento del Mercosur). Organizadas por la Subcomisión de Verdad y Justicia sobre la Guerra de la Triple Alianza -presidida por el parlamentario Ricardo Canese-, que forma parte de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlasur -presidida por la parlamentaria Elena Corregido-, durante el segundo semestre del año pasado, en las ciudades de Asunción, Caacupé, Buenos Aires, Montevideo y Foz de Iguazú, se llevaron a cabo sucesivas Audiencias Públicas sobre la Guerra de la Triple Alianza que tuvieron como objetivo la construcción de criterios comunes alrededor de los eventuales crímenes de lesa humanidad y genocidio durante la guerra[4].
En noviembre pasado, fueron publicadas las conclusiones y el Relatorio Final que anexa, además, la totalidad de las exposiciones en las respectivas audiencias. Este Relatorio se basa en treinta (30) exposiciones, en audiencias públicas realizadas en todos los países del Mercosur, salvo Brasil[5], las que posteriormente fueron analizadas por la Presidencia de la Subcomisión de Verdad y Justicia de la Guerra de la Triple Alianza del Parlasur. Algunas de sus principales conclusiones y recomendaciones fueron las siguientes:
- la Triple Alianza llevó a cabo al menos veinte (20) diferentes tipos de masivos y sistemáticos gravísimos crímenes de guerra y de lesa humanidad contra el pueblo paraguayo
- la Triple Alianza impuso siete (7) medidas que agravaron la situación, de por sí ruinosa, del pueblo paraguayo después de la guerra
- efectivamente ocurrió un exterminio, o genocidio según términos actuales, que hizo desaparecer, por muerte o exilio forzado (para esclavitud o servidumbre), a 2⁄3 de la población paraguaya anterior a la guerra, como mínimo, o más probablemente a 3⁄4 partes de tal población; y, dado que después de la guerra había apenas un hombre en edad adulta por cada cuatro mujeres, desapareció como mínimo el 92% de la familia paraguaya con padre existente antes de la guerra
- la Guerra de la Triple Alianza fue planificada por el liberalismo triunfante en el mundo y la región, que entendía que la disyuntiva era entre “civilización o barbarie” y que los crímenes y exterminios de “bárbaros” estaban más que justificados para implantar la “civilización”
Memoria, Verdad y Justicia sigue siendo un emblema de la política de Derechos Humanos que la República Argentina, de la mano de los organismos surgidos en su defensa y de las políticas públicas implementadas a lo largo de los cuarenta años de restauración de la institucionalidad democrática, ha permitido avanzar sobre la impunidad de los ejecutores del Terrorismo de Estado y los crímenes de lesa humanidad cometidos a la sombra de la dictadura del Proceso de Reorganización Nacional. Las acciones implementadas por la Subcomisión del Parlasur habilitan una mirada retrospectiva sobre los otros crímenes invisibilizados a lo largo de nuestra historia reciente y ocultados por la historiografía hegemónica. Retomando las palabras resumidas en el Relatorio: “es importante enfatizar que la verdad y la justicia sobre la Guerra de la Triple Alianza, lejos de ser una cuestión del pasado, es imprescindible para construir una América Latina con memoria de su pasado, para no volver a repetir la misma tragedia –como algunos autoritarios nostálgicos y otros desmemoriados siguen proponiendo– que causó un verdadero genocidio, el más grave de toda América Latina en los dos últimos siglos y, porcentualmente, uno de los exterminios más graves de todo el mundo”[6].
En vísperas de su asesinato, pronunciaba el presidente Francisco Solano López la siguiente frase: “vendrán otras generaciones y nos harán justicia”[7]. En el marco institucional del Parlamento del Mercosur, aquellas palabras premonitorias adquieren entidad y trascienden la frontera de la acción justiciera de una nación en solitario.
(*) Historiador. Investigador en el INDEAL – Facultad de Filosofía y Letras (UBA). Docente en el IUNMa, en el ISP “Joaquín V. González” y el IES 1 “Alicia Moreau de Justo”.
(**) Historiadora. Investigadora en el INDEAL – Facultad de Filosofía y Letras (UBA). Docente e investigadora en la Universidad de Morón.
“lesa américa, lesa civilización”: Alberdi, Juan Bautista. El crimen de la guerra. Homenaje del Honorable Concejo Deliberante en el cincuentenario del fallecimiento de Juan Bautista Alberdi. 1934, p. 115
[1] Álvarez, Juan. Las Guerras Civiles Argentinas. Varias ediciones
[2] La expresión corresponde a Bartolomé Mitre en sus instrucciones a Sarmiento del 29/03/1863, en: Correspondencia Mitre-Sarmiento, Buenos Aires: Museo Mitre / Imprenta Coni Hermanos, 1911, p. 106.
[3] Alberdi, Juan Bautista. op. cit., p. 115
[4] Pueden consultarse en el siguiente link: https://www.parlamentomercosur.org/innovafront/search.jsp
[5] La Universidad de Integración de Latino América (UNILA), en Foz, programó realizar dos audiencias públicas sobre el tema el 15 y el 16 de septiembre, pero fueron suspendidas debido a que se recibieron amenazas.
[6] Relatorio. Subcomisión de Verdad y Justicia sobre la Guerra de la Triple Alianza. Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos. Parlasur. Los ejemplares pueden ser solicitados en formato digital (PDF) a través del correo electrónico subcom.verdadyjusticia@gmail.com.
[7] Mariscal Francisco Solano López Carrillo, Campamento en marcha, Cerro Corá, 28 de febrero de 1870.
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