Por Leonardo Martín
El Poder Ejecutivo nacional junto a 12 provincias dieron el puntapié inicial para iniciar juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema nacional de Justicia. En un breve texto difundido tras finalizar una reunión de la cual participó Alberto Fernández junto a gobernadores apuntaron a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia por “mal desempeño” y “manifiesta parcialidad”.
Los apuntados son el presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti y los restantes integrantes del máximo tribunal Carlos Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti al cual se les iniciará el proceso que tiene una primera instancia de debate en la Comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados, para luego pasar poder pasar al recinto de ambas cámaras.
La decisión ya se venía configurando en las últimas semanas a partir de un rol abiertamente político del supremo tribunal que tuvo en la decisión de restituir al gobierno porteño recursos de coparticipación federal la gota que rebalsó el vaso. En 2022 también había tomado otra decisión que generó múltiples críticas al revivir una ley derogada en 2006 en relación a la composición del Consejo de la Magistratura, organismo que interviene en los nombramientos y destituciones de jueces, entre otras tareas.
De los gobernadores suscribieron el pedido Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).
Pese a que días atrás habían manifestado su disconformismo con la actuación de la Corte Suprema en torno al fallo a los fondos de coparticipación que benefició a CABA, en esta medida no acompañaron las provincias de Río Negro, Neuquén, Misiones, San Juan ni Salta. Críticas si, acciones no. Cada uno cuida su propia quinta. Tampoco acompañaron Córdoba ni Santa Fe, que habían evitado ser parte de las críticas a la Corte Suprema.
En la nota envíada a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados expresaron que los hechos “exponen una situación anómala en la que la cabeza de un Poder del Estado que decide, arbitrariamente, invadir las esferas de las competencias exclusivas y excluyentes de los restantes poderes de aquel, quebrantando así los pilares básicos en los que se asienta un sistema republicano de gobierno, en especial el principio de división de poderes”.
Por su lado, Jorge Capitanich, que junto al resto de los gobernadores hizo una conferencia de prensa posterior, manifestó: “Las provincias argentinas nos sentimos damnificadas por la asignación de recursos de una manera antojadiza. No es cierto que no nos afecta. Nos afecta. Consideramos que la defensa de los intereses de nuestras provincias argentinas y del federalismo es una bandera irrenunciable, porque es la base para lograr equidad e igualdad”.
EL PROCEDIMIENTO
El Poder Ejecutivo, junto a los gobernadores, envían la nota a la Comisión de Juicio Político como primer paso. Allí se abré un proceso de investigación que se extiende por 60 días y que si es aprobado por mayoría simpre pasa al recinto.
Para avanzar en la destitución el oficialismo debería lograr los 2/3 de los votos en las cámaras de diputados y senadores, una cifra que hoy está lejos de lograr. Juntos por el Cambio viene manifestando su rechazo a la medida a la que califica como un avance sobre el Poder Judicial del “kirchnerismo”, pero además es improbable, al menos hoy, del acompañamiento de legisladores del propio peronismo que responden a gobernadores que no son parte de la iniciativa.
Lo que sí logra la medida es visibilizar una situación que se ha tornado escandalosa en el último período por parte de la Corte Suprema de Justicia con fallo que avanzan sobre otros poderes del estado y con una evidente sintonía política con Juntos y sectores del poder económico.
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