Por Ramiro Coelho
Dos reclamos, un mismo problema
En un contexto de creciente suba de los precios de los alimentos, los movimientos sociales se movilizan en reclamo por mayores recursos para sostener a quienes más sufren los efectos de la inflación. El Frente Popular Darío Santillán junto al Movimientos de Trabajadores Excluidos y Nuestra América se movilizaron este jueves a la Dirección de Asistencia Crítica, de la que depende la entrega de alimentos a comedores/merenderos en zonas de vulnerabilidad de todo el país, para “exigir que se respete el acuerdo de alimentos”. Así lo expresó Dina Sanchez, militante del FPDS y Secretaria Adjunta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).
Las organizaciones denuncian que desde diciembre de 2021, en las localidades salteñas de General Mosconi y Tartagal, entre otras del país, no se reciben alimentos. Hacia la tarde del jueves funcionarixs de la Dirección se comprometieron a regularizar la entrega en los próximos días. Las organizaciones otorgarán un tiempo a la institución gubernamental para que normalice la situación y aclararon: “si no avanza volveremos a reclamar”.
El mismo jueves, miles de manifestantes de las agrupaciones que integran la Unidad Piquetera se movilizaron al Ministerio de Desarrollo Social y mantuvieron un acampe sobre la Avenida 9 de Julio hasta el viernes al mediodía. El reclamo se centra en el recorte del altas en el programa Potenciar Trabajo, la falta de mercadería en comedores populares y “la decisión a dedo de las unidades de gestión donde tienen que trabajar las y los compañeros”.
Ambos reclamos tienen como eje central la necesidad de mayores recursos para quienes “han tenido que inventarse el trabajo” y, ante la alta inflación, no logran alcanzar niveles mínimos de subsistencia, con una asignación del programa Potenciar Trabajo que llegará a algo menos de veinte mil pesos en el mes de abril y que alcanza a casi dos millones de personas, sobre cerca de diez que no tienen un trabajo asalariado. La ausencia de altas en dicho programa tensiona la relación del gobierno, tanto con la izquierda opositora, como con los movimientos sociales aliados que integran la UTEP pero que, si bien sus cuadros forman parte de espacios de gestión gubernamental, no acuerdan con parte de los lineamientos que han seguido las políticas sociales, al no universalizar los programas de promoción de trabajo popular.
Funcionarios del Ministerio de Agricultura visitan mercados populares en Navarro
El martes 29 Walter Martín, Director de Producción y Abastecimiento loca, y Daniel Yusé, Coordinador Nacional de Municipios Sustentables, visitaron la localidad bonaerense para observar los efectos que está dando el Programa de Trabajo Arraigo y Abastecimiento Local (PROTAAL). Tanto en el Pueblo de Navarro como en Las Marianas, Villa Moll y J. J. Almeyras, la UTEP, a través del Movimiento Evita Rural, viene desarrollando mercados populares, integrando productores familiares y cooperativistas beneficiarixs del Programa Potenciar Trabajo. Según Yusé, esta articulación entre programas apunta a “reconvertir los programas en trabajo”. Una estrategia que “El Evita” viene desarrollando en varios municipios rurales y que cuenta con apoyo estatal, gracias a la gran capacidad de incidencia política que ha logrado este movimiento en el Gobierno Nacional, fundamentalmente a través de la Secretaría de Economía Social coordinada por Emilio Pérsico.
Se levantó la clausura del Mercado de Economía Solidaria de Bonpland
El miércoles al mediodía el Gobierno de la Ciudad levantó la clausura de este histórico mercado de la economía popular y solidaria. Después de haber sido inspeccionado por la Agencia Gubernamental de Control (AGC) ayer por la tarde, finalizó este conflicto iniciado la semana pasada. “Estamos convencidos y convencidas de que la organización colectiva siempre vence”, señala el comunicado difundido por las organizaciones que integran el Mercado. Seguidamente afirmaron que “gracias a vecinos y vecinas de CABA, a cada consumidor y consumidora que siempre nos apoya” fue posible generar suficiente presión para lograr el levantamiento de la clausura. Conflicto que tuvo cobertura de medios empresariales y, fundamentalmente, populares.
“Reflexionamos que la Economía Solidaria debería tener una legislación que avale nuestros productos. Un Sistema de Garantías Participativas donde todos los actores, incluidos los grupos productivos, intervengan” expresa el cierre del comunicado. La propuesta no está aislada del horizonte de lo posible. Desde hace varios años, movimientos campesinos y demás productorxs familiares y pequeños propietarios vienen discutiendo la necesidad de políticas que apoyen a estos sectores, cada vez más articulados con mercados de estas características. Los veintiseis puntos del documento, elaborado hace ya tres años por la Frente Popular Agropecuario, plantean ejes políticos en un sentido similar.
Reclaman apoyo estatal a la Feria Makipura
Organizaciones Sociales y Políticas de Avellanera reclaman al gobierno municipal que se reconozca a esta feria ubicada en la Plaza Aristóbulo del Valle. Según relatan las organizaciones firmantes del documento, el gobierno local no permite que las cincuenta familias que participan en ella desarrollen su actividad. Las organizaciones plantean que, si bien apoyan al gobierno municipal y sus medidas para el sector, “es necesarios señalar lo que no está bien”. De esta manera se refirieron a dicha gestión la cual, desde hace muchos años, desarrolla múltiples políticas para el sector.
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