El 11 de junio de 2020 el Senado aprobó la Ley de Alquileres como resultado de la fuerte organización de inquilinos e inquilinas de todo el país, impulsada por la Federación de Inquilinos Nacional junto con movimientos sociales, organizaciones civiles y de derechos humanos, sindicatos y universidades públicas.
Desde 1984 que el Congreso Nacional no votaba una norma que mejorase el acceso a la vivienda por alquiler en Argentina. 36 años; de predominio de la lógica rentística y la desregulación especulativa fielmente representada por el bloque conservador que, ausente en la votación del año pasado, hoy interpone proyectos para la derogación de la ley que decididamente elevó el piso de derechos de millones de inquilnxs del país.
En estas décadas la Argentina experimentó un fuerte proceso de inquilinización, en momentos en que la construcción -pública y privada- alcanzó niveles históricos. Cada vez más personas acceden a la vivienda a través del alquiler, aun cuando la construcción especulativa -desanclada de la demanda habitacional- multiplicó los inmuebles inútiles, vacíos o deshabitados, se naturalizó la dolarización de la vivienda y el precio del alquiler incide como nunca en los ingresos de lxs inquilinxs.
En épocas de hiperinflación, de convertibilidad y exenciones impositivas, de crecimiento del salario, de crisis económica o, finalmente, en la peor crisis sanitaria y económica del siglo, la constante se repite: cada vez hay más inquilinxs y menos propietarixs con más propiedades.
La dependencia con el alquiler hizo de éste un negocio, ya no solo para los rentistas sino para los intermediarios y el propio sistema financiero. Todos sincronizadamente usufructuando la necesidad de vivir bajo un techo, que al inquilinx -además de la renta- le significa una suma arbitraria de complementos como el depósito, comisiones arbitrarias y sellados aun no siendo obligatorios; garantías al doble del valor que el alquiler, expensas en base a decisiones ajenas y el sometimiento inicial a perversos castings inmobiliarios de quienes tienen el poder de decidir qué persona accede a una vivienda y cual no.
Por eso la Ley N° 27.551.
Porque es un avance vital para los casi 3 millones de hogares que dependen del alquiler para acceder a la vivienda. Porque amplió a 3 los años del contrato; porque limitó el dinero de ingreso al alquiler; porque ordenó las expensas; porque determinó la obligación de preavisar con 3 meses la renovación del contrato; porque aceleró los arreglos a cargo del locador; porque limitó la exigencia de garantías y por tantas cosas más.
Pero, por sobre todo, porque se animó y avanzó en la construcción de un índice público para la regulación de la actualización del precio del alquiler y el registro de contratos de alquiler en AFIP, para que el Estado pueda saber quién y como se alquila en la Argentina y tenga la información necesaria para avanzar en políticas públicas para hacer del alquiler un modo adecuado y seguro de acceso a la vivienda.
La reacción en cadena del mercado inmobiliario se explica en lo anterior. Sencillamente, en que la Ley de Alquileres reconstruyó función pública ahí donde era negocio que no existiese.
No bien sancionada, los grandes usufructuarios de la necesidad de vivienda ajena produjeron un criminal desabastecimiento de inmuebles en pandemia, dispararon los precios a niveles prohibitivos a partir de sus ecuaciones en dólares y mandaron a incumplir la norma de todas las formas posibles. Todo esto, acompañado de una presencia multifacética en medios de comunicación en su objetivo de instalar, hoy como hace un siglo, que la razón de todos los males está en la regulación del Estado y que en el éxito de su negocio está el del prójimo.
En definitiva, aquí está en disputa la distribución del ingreso en un mundo cada vez más desigual. Lo que está en crisis no es el mercado, sino el sistema extractivista del inquilinx.
POR ESO, a un año de su sanción, la Federación de Inquilinos Nacional junto con diputados, senadores, organizaciones sociales, asociaciones civiles, ONG`s, universidades, sindicatos y referentes abajo firmantes:
– Reiteramos la defensa de la ley de alquileres porque es parte del acceso justo a la vivienda y un instrumento
– Denunciamos al mercado especulativo, que ni aún en pandemia renuncia a sus abusos y arbitrariedades siendo los grandes responsables de la crisis habitacional en Argentina.
– Y convocamos a una discusión más integral del acceso a la vivienda, que salga de su lógica estrictamente mercantil y comience a discutirse en términos de un derecho que debe ser garantizado frente a la lógica meritocrática que impone el mercado inmobiliario.
Federación de Inquilinos Nacional- Víctor Bazán Asociación de Locatarios de San juan – Lorena Nuñez Inquilinos Agrupados Tucumán – Gervasio Muñoz Inquilinos Agrupados – Matías Solano Inquilinos Santa Cruz – Fabiana Happel Inquilinos La Pampa – Juan Arrizabalaga Red inquilinos Tandil (Prov de Bs As) – Lisandro Sastre Inquilinos Agrupados Salta – Adrian Canteros Inquilinos Corrientes – Celeste Arzani Inquilinos Agrupados Mendoza – Diego Solano Unión de Inquilinos de Córdoba – Federico Prior Inquilinos Agrupados Neuquén – Jonathan Villanueva Inquilinos Agrupados Entre Ríos – Juan Natalizio Inquilinos Agrupados Avellaneda (Prov de Bs As) – Gastón Morón Inquilinos La Plata (Prov de Bs As) – Sebastián Artola Inquilinos Agrupados Rosario – Valeria Bianco Inquilinos Agrupados Bahía Blanca.
ADHIEREN:
SENADORES Y DIPUTADOS NACIONALES:
Senadora Nacional Silvina García Larraburu (FdT Río Negro), Senadora Nacional Ana Almirón (FdT Corrientes, Senador Nacional Roberto Mirabella (FdT Santa Fe), Diputado Nacional José Luis Gioja (FdT San Juan), Diputada Nacional Paula Penacca (FdT CABA), Diputada Nacional Fernanda Vallejos (FdT Buenos Aires), Diputado Nacional Federico Fagioli (FdT Buenos Aires), Diputado Nacional Itaí Hagman (FdT CABA), Diputada Nacional Mónica Macha (FdT Buenos Aires), Diputado Nacional Carlos Alberto “Beto” Vivero (FdT Neuquén), Diputado Nacional Walter Correa (FdT Buenos Aires).
SENADORES Y DIPUTADOS PROVINCIALES:
Senadora Provincial María Reigada (FdT Buenos Aires), Senador Provincial Francisco Durañona (FdT Buenos Aires), Diputada Provincial Matilde Bruera (FdT Santa Fe), Diputado Provincia Luis Rubeo (FdT Santa Fe), Diputado Provincial Leandro Busatto (FdT Santa Fe), Diputado Provincial Ricardo Olivera (FdT Santa Fe), Diputada Provincial Paola Bravo (FdT Santa Fe), Diputado Provincial Carlos Del Frade (FSyP Santa Fe), Diputada Provincial Dámaris Pacchiotti (C. Futura Santa Fe), Diputado Provincial Rubén Giustiniani (Igualdad y Participación Santa Fe), Diputada Provincial Agustina Donnet (Igualdad y Participación Santa Fe).
CONCEJALES:
Concejal Andrés Lorusso (FdT San Vicente), Concejala Sol Deatorre (FdT Mar del Plata), Concejal Marcelo Zuñiga (FdT Neuquén), Concejala Norma López (FdT Rosario), Concejala Alejandra Gómez Sáenz (FdT Rosario), Concejala Caren Tepp (C. Futura Rosario), Concejal Pedro Salinas (C. Futura Rosario), Concejala Jesica Pellegrini (C. Futura Rosario), Concejala Cecilia Cecchini (FdT Alte. Brown), Concejala Elena Armendáriz (FdT Saladillo), Concejala Fernanda Monteros (FdT Morón), Concejala Bibiana Giglio (FdT San Nicolás), Concejala Claudia Gutiérrez (FdT Carmen de Areco), Concejala Viviana Lodos (FdT Hurlingham), Concejala Adriana Grandoli (FdT Lomas de Zamora), Concejala Karen Lestarpe (FdT Laprida), Concejala María José Parejo (FdT San Fernando), Concejala Teresa Veras (FdT Mar Chiquita), Concejal Julio Alvarez (FdT Chivilcoy), Concejala Alicia Chulia (FdT Salto), Concejala Mónica Romero (FdT Florencio Varela), Concejal Claudio Ravagnan (FdT Rojas).
SINDICATOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES:
Colectivo Nacional Ni Una Menos, Hugo Yasky (Secretario General CTA de los Trabajadores), Juan Grabois (dirigente social), Héctor Amichetti (Secretario General Federación Gráfica Bonaerense), Hugo Godoy (Secretario General ATE Nacional), Pablo Moyano (Secretario General Adjunto Camioneros), Esteban “Gringo” Castro (dirigente social), Daniel Catalano (Secretario General ATE Capital), Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), Paulo Juncos (Secretario General CTA Rosario), Sergio Calderón (Secretario General CTA de los Trabajadores San Juan), Lorena Almirón (Secretaria General ATE Rosario), Lic. Luis Martínez (Pte. Bloque de Sindicatos de Trabajadores Municipales Región Patagónica), Andrea Nova (Delegada Regional UPSRA Río Negro-Neuquén), Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), Industrias Metalúrgicas y Plástica Argentina (IMPA), Cooperativa Farmacoop, Christian Alvarez (Delegado General Asociación Argentina de Actores Rosario), Matías Layús (Secretario General Asociación Bancaria Rosario), Francisco Dolmann (Secretario General ATE INTI), Marcela Alvarez (delegada UTE).
UNIVERSIDADES E INVESTIGACION:
Jorge Calzoni (Rector de la Universidad Nacional de Avellaneda – UNDAV), Ernesto Villanueva (Rector de la Universidad Arturo Jauretche), Liliana Elsegood (Secretaria de Extensión Universitaria UNDAV), Facundo Harguinteguy (Docente y Coordinador del Programa Organización Popular, Memoria Colectiva y DDHH de la UNDAV), Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales (Escuela IDAES), Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC), Francisco Verbic (docente UNLP), Anabella Lucardi (Directora, Carrera Abogacía UNDAV), Tamara Damonte (Docente UNDAV), Mara Espasande (directora del Centro Ugarte, Universidad de Lanús), Ana Cardoso (directora de Megafón UNLa), Cesar Trejo (Combatiente de Malvinas, Coordinador del Observatorio Malvinas, UNLa), Juan Natalizio (docente de UNLa), Juan Godoy (docente de UNLa), Dionela Guidi, trabajadora no docente UNLa, Facundo Di Vincenzo (docente de UNLa), Emmanuel Bonforti (docente de UNLa), Marcos Mele (docente de UNLa), Ernesto Dufour (docente de UNLa), Carlos Avondoglio (trabajador no docente UNLa), Germán Hiralde (docente UNDAV).
ORGANISMOS Y ASOCIACIONES CIVILES:
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Coordinadora de Abogaxs de Interés Público (CAIP), Colectivo de Intervenciones Regionales Asociación Civil (CIRAC), Julián Axat, Director de Acceso a la Justicia (ATAJO, MPF Nación), Luis Arias (ex juez La Plata), Federico Kuledjkian (Coordinador de Alquileres Prov. De Buenos Aires), Fernando Muñoz (coordinador Inquilinos Defensoría del Pueblo CABA), Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Sebastián Teddeschi (profesor adjunto UBA),
Alfredo Zaiat, Lucía Cavallero (NUM), Pablo Caruso, Revista Crisis, Catalina Briski, Verónica Gago (NUM). Lucas Molinari (Radio Gráfica), Movimiento Federal de Danza, Daniel Payero Zaragoza (Coordinador del Movimiento Santafesino de Danza), Lía Inés Mazza – Julieta Rodríguez Grumberg – Laura Peña Núñez – Analía Sonimsky (Codirectoras Movaq Aquelarre en Movimiento), Samanta Verónica Pereyra (Movimiento Federal de Danzas), Patricia Gomes (Organización Afrodescendiente para la Formación y el Asesoramiento Jurídico), Miriam Gomes (Sociedad Caboverdeana y Agrupación Todos con Mandela), Federico Mariano Fernandez Casal (Nuevo Encuentro Chascomus), Pablo Ferreira (Legislador MC).
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