Por Lucas Molinari y Leonardo Martín
“Ningún hombre puede cruzar el mismo río dos veces, porque ni el hombre ni el agua serán los mismos”, planteaba Heráclito en el siglo VI antes de Cristo, para explicar el cambio que caracteriza la vida humana y la naturaleza.
Contra los razonamientos esenciales y estáticos, propios del pensamiento dogmático, este filósofo griego pateó el tablero. Como a su manera lo hizo la militancia patriótica ante el debate sobre la Red Troncal Fluvial, mal llamada Hidrovía (que es el nombre del consorcio que se beneficia de la privatización desde 1995).
“Volver mejores” fue la consigna del Frente de Todos en campaña. Más allá de la pandemia que trastoca todo, en la coalición de gobierno se dan las grandes discusiones, mientras la oposición juega el rol de la antipatria. “Nada nuevo bajo el sol”, diría alguno, pero vale apuntar la importancia de sectores del campo popular que militaban en el antikirchnerismo hace una década y hoy defienden la unidad. Los golpes del macrismo fueron realmente aleccionadores.
DE CONCESIONES Y NUESTRA SOBERANÍA
En la entrevista hace diez días con Pedro Rosemblat, Alberto Fernández se refirió a cómo piensa resolver dragado y balizamiento de la Red Troncal Fluvial y respondió a críticas: “Hay muchos compañeros que son muy virulentos conmigo y siempre digo lo mismo. Miren, la Hidrovía venció en el 2011 y le dieron diez años más de vida. Y son muchos compañeros que me piden que me haga cargo de la Hidrovía. Digo esto para que pongamos las cosas en orden, el problema de la Hidrovía no es un hecho revolucionario, es resolver un problema que tenemos nosotros para conectar el norte del país con la salida al Atlántico. Para que eso pueda ocurrir, necesitamos dragar mucho los ríos (Paraguay y Paraná). Ese trabajo de dragado no lo puede hacer cualquiera y si lo quisiera hacer el Estado tendría que hacer una inversión millonaria y hay muy pocas empresas en el mundo que hacen eso. Una es la belga (Jan de Nul), pero hay otras. Entonces, ¿qué he planteado yo? El río Paraná y Paraguay es un tema nodal para el desarrollo del norte, que todas las provincias ribereñas participen en la licitación, en la adjudicación y en la administración de esos ríos. Hasta ahora lo hacía el Estado Nacional, ahora no va ser así. Va a ser un Consejo donde están todas las provincias con el Estado Nacional administrando ese río. Vamos a llamar a licitación ¿Qué es lo que podemos cambiar? Hoy en día el peaje lo cobra el Concesionario y después lo rinde al Estado. Lo que podemos es cambiar esa regla, que el peaje lo cobre es Estado y después pague la concesión”.
Esta definición generó enojo en algunos sectores que plantearon: “Podemos dragar”, mientras que otros buscaron ver “el vaso medio lleno”.
Un referente expresa fuera de micrófono: “Que el estado recaude el peaje no está mal, pero no altera la naturaleza del sistema. Quizás sirva para poder usar esos recursos con más control. Y así hacer algo de mediano plazo equipando al Estado con lo que quede de ganancia. Habrá que verlo. Si Alberto dice “no podemos dragar hoy”, que no es verdad, pero agrega que “nos prepararemos para dragar mañana”, la discusión es otra y el primer error no importa. Porque sin dudas hoy faltan un montón de herramientas para comprar, poner a punto y construir. Y eso se puede hacer con la recaudación. Mientras se concesiona por un par de años. El tema es tener la manija”.
Según cuentan fuentes oficiales, cuando terminen los 90 días de la prórroga que se definió el 30 de abril, se estaría acordando una licitación de un año para luego armar lo que explicó Alberto: una concesión donde participen las provincias.
Quien quedaría afuera, después de 25 años, es Gabriel Romero, titular de EMEPA, socio local de Hidrovía S.A.
Romero, un empresario oriundo de Chascomús y amigo de la familia Alfonsín. Según cuenta el periodista Diego Genoud logró pasar de “empresario chatarrero a magnate sin fronteras” por su cercanía al poder en tiempos donde se cocinaban los pactos del coloniaje: “puso su departamento de Barrio Norte para que Luis Barrionuevo y Enrique Nosiglia comenzaran a amasar el Pacto de Olivos”, cuenta Genoud en un artículo.
En agosto de 2018, Romero se presentó como “arrepentido” ante el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli y afirmó que había pagado 600 mil dólares por el decreto 113/2010 de Cristina Fernández de Kirchner. La actual vicepresidenta respondió a esta acusación con un texto titulado “Sobre pijamas, dormitorios y decretos en la Argentina macrista arrepentida”, explicando con detalle cómo se siguieron en su gobierno los pasos que dictan nuestras leyes y denunció el carácter extorsivo de la figura del arrepentido.
Pero no se trata de un tema judicial, sino de decisión política, proyecto de país, planificación de nuestro futuro.
Así como el Presidente al responder a críticas deja latentes chicanas para el ala kirchnerista, también es cierto que durante la llamada “década ganada”, faltaron espacios para discutir el “proyecto nacional”.
La amplitud del Frente de Todos tras la experiencia macrista, da cuenta entonces de un vivaz debate que enriquece la política. Seguiremos escuchando voces necesarias, como las de Astilleros Río Santiago, Universidades de las provincias ribereñas y dirigentes (como Jorge Taiana, Marilin Sacnum, Paco Durañona Axel Kicillof, Jorge Capitanich, entre otros) que vienen empujando para recuperar soberanía.
¿Y EL CLUB DE PARÍS?
Esta semana el Presidente la terminó junto a Vladimir Putin poniendo en marcha la producción de las vacunas Sputnik Vida en nuestro país. Todo un logro para quienes militan la necesidad de la Multipolaridad en un continente asediado hace más de dos siglos por el imperialismo inglés y yanqui.
Pero también hay urgencias que apremian como la deuda. El lunes pasado venció un pago con el Club de París.
¿A quién le debemos? En un excelente artículo de El Megáfono describen esta asociación de países prestamistas (representa menos del 3% del total que debe Argentina):
“El grupo es coordinado por Francia y nació en mayo de 1956, en París, por iniciativa de los bancos centrales de Alemania, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Holanda, Japón, Reino Unido y Suecia, al calor de las reuniones que el gobierno argentino de entonces (presidido de facto por Pedro Eugenio Aramburu) aceptó mantener con el conjunto de los acreedores de entonces”.
El integrante del directorio del Banco Nación, Claudio Lozano, plantea la necesidad de rechazar ese endeudamiento: “La deuda con el Club de París, prácticamente la mitad, está ligada a deuda específicamente tomada durante la dictadura militar. Por lo tanto es una deuda claramente inscripta en la tesis de la deuda odiosa y existe jurisprudencia internacional para que Argentina exija la condonación de ese endeudamiento y nos paremos de otro modo en la discusión global con estos países europeos. Es una barbaridad que Argentina, con la tradición que acumula en materia de Derechos Humanos no haya inscripto la negociación con el Club de París en el marco de los crímenes de lesa humanidad”.
El problema del planteo de Lozano es que el acuerdo con el Club lo hizo Kicillof como ministro de Economía. Fue en 2014: “Lo pactado por Kicillof había sido la devolución de 9.690 millones de dólares: 5.000 millones de capital adeudado más 4.700 millones en intereses sobre los mismos, en un plazo de 5 años sin intereses. De no cumplirse, el plan se estiraba 24 meses más pero con una tasa del 9% anual. Así fue como a aquel saldo de 1.941 millones de dólares de fines de 2019, se le sumaron 585 millones en dos años, por los intereses punitorios”, explican en El Megáfono.
Cuando Alberto viajó a Europa logró apoyos tanto para renegociar esta deuda como la que dejó Macri con el Fondo Monetario Internacional, que es la determinante.
El economista Horacio Rovelli afirmó esta semana en Gráfica: “Cuando Alberto Fernández fue a Europa no solamente se vio con Emmanuel Macron. Se vio con el CEO de Louis Dreyfus, una empresa transnacional que tiene puerto propio en el Paraná; se vio con uno de los hermanos de Jan de Nul, la empresa belga que hace el dragado del Río Paraná”, aseguró, y agregó: “Fue a hablar con el Club de París y lo que estuvo discutiendo fue lo que va a pasar con el Río Paraná”.
El planteo del querido tucumano Rovelli no lo podemos afirmar. Lo sumamos al análisis porque tuvo repercusión en nuestra audiencia y nos dejó pensando. No sobre una “conspiración antinacional”, como algunos suponen. Sino sobre la necesidad cómo visibilizar un debate nodal que está en cada conflicto: la encrucijada peronismo – desarrollismo.
Argentina es un gran país que tiene en su historia la integración latinoamericana como bandera del movimiento nacional. Llevarlo adelante implica un liderazgo que provoque mayor cohesión.
Es decir, no se trata de reivindicar una “democratismo” que termina en la exageración de “cuidar las formas políticamente correctas” propias de la “política profesional”.
Arriesgamos a considerar que desde el movimiento obrero y popular se viene pensando otro modo de planificar ese país con soberanía política, independencia económica y justicia social que nos merecemos.
Finalmente una fecha para agendar: el próximo 14 de junio se hará un acto a tres años de la denuncia que encabezó Eduardo “Vasco” Murúa, del Movimiento de Empresas Recuperadas y actual funcionario del Estado Nacional. En sede judicial se presentaron en 2018 pruebas que fundamentan las irregularidades del préstamo que el FMI brindó al gobierno de Macri. Más allá de lo que ocurra en el Poder Judicial, será un nuevo pronunciamiento sobre la necesidad de investigar antes de pagar.
SUBE EL TECHO PARITARIO
Esta semana se firmó una paritaria poco relevante en términos cuantitativos por el número de trabajadores que alcanza, pero importante en términos del mensaje político que dejó. Especialmente porque los que pusieron el gancho del lado “patronal” fueron nada más y nada menos que Cristina Kirchner y Sergio Massa.
El miércoles acordaron la paritaria 2021/2022 con UPCN, ATE y la Asociación del Personal Legislativo (APL) con un incremento salarial del 40% en cuatro cuotas efectivas entre julio y octubre de este año. Varias son las interpretaciones que se pueden hacer al respecto, algunas muy interesantes para comprender el devenir y las visiones que conviven dentro del Frente de Todos.
En primer lugar lleva el techo un poco más alto, agrega 5 puntos al promedio de las paritarias de las últimas semanas que se cerraron en torno del 35%. Todas contemplaron cláusulas de revisión previendo una inflación más alta pero posponiendo la discusión y como una contribución a no desarticular prematuramente los números del presupuesto elaborado por Martín Guzmán (que proyectó una inflación del 29%).
La imagen de Cristina Kirchner y Sergio Massa junto a los referentes gremiales, más allá de ser la foto protocolar abre interpretaciones deja un mensaje político como para que el acuerdo trascienda.
En estos días se mezclan negociaciones salariales que cierran el período 2020/2021 y otras que se abren el 2021/2022. De allí que haya que agudizar el ojo para ver cada acuerdo. Por ejemplo, Telefónicos y SATSAID cerraron esta semana la paritaria 2020/2021 con un saldo final del 44 y un 41,5% respectivamente. Ambas llevaron arduas discusiones que se estiraron por semanas.
Otro caso particular es el de los bancarios que están pidiendo adelantar los tramos del acuerdo pactados en la paritaria 2021 que rubricaron a comienzos de año. Allí firmaron un 29% a hacerse efectivos en dos cuotas de 11,5% (enero y abril) y una restante del 6% para agosto, con cláusula de revisión en septiembre y noviembre. El reclamo que hicieron esta semana fue adelantar el pago de agosto a junio para no quedar rezagados frente a la inflación.
Pero la paritaria que promete encender el debate en las próximas semanas por peso número y político es la de Camioneros. Desde el gremio que conduce Hugo Moyano anunciaron que el número que pondrán sobre la mesa para negociar con las tres cámaras patronales del sector es del 45%.
Es una práctica común en las paritarias que los gremios y sector empresario oferten números iniciales para luego negociar. Pero el 45% de Camioneros corre un poco más la frontera en las negociaciones salariales y desafía los pronósticos económicos de Guzmán. Para seguir de cerca en las próximas semanas.
IMPSA, SALVATAJE ESTRATÉGICO
IMPSA, industria nacional y estatal, podría ser el slogan para la empresa metalúrgica mendocina de alto desarrollo tecnológico y estratégico que cuenta con 720 trabajadores, gran parte de ellos con conocimientos muy específicos y calificados.
El anuncio del salvataje con el Estado como accionista mayoritario se hizo oficial este jueves en la enorme planta que la empresa tiene en el departamento de Godoy Cruz, Mendoza. Allí estuvieron el presidente Alberto Fernández, del gobernador Rodolfo Suárez; el ministro de Producción, Matías Kulfas, y Antonio Caló, secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica.
Frente a una fuerte crisis financiera que atravesaba la empresa, el Estado nacional invirtió 15 millones de dólares, quedándose con el 63,7%, de las acciones, mientras que el Estado el provincial aportó 5 millones de dólares obteniendo el 21,2% del paquete accionario.
Un poco de historia para comprender la importancia de IMPSA. Su origen se remonta a 1907, año en que Enrique Pescarmona funda un taller metalúrgico. En las décadas siguientes fue consolidándose como una empresa muy potente y con tareas de mayor complejidad. Componentes para proyectos hidroeléctricos, centrales nucleares y la industria del petróleo y el gas es la especialidad de la empresa.
¿Por qué entró en crisis? Enrique Aurelli, referente de la Mesa de Trabajo por la Recuperación Nacional, explica: “Las históricas y reiteradas prácticas de la patria contratista hacia los estados, prácticas como refinanciar sus deudas, obtener subsidios y otros complejos mecanismos de financiarización que permitan los rulos que les dieron las bases para hacerse de grandes fortunas y cautivas porciones del mercado a costa de dineros del pueblo, a veces salen mal. Como con IMPSA con los Estados de Venezuela, Brasil y Argentina que llevaron a la empresa a la crisis financiera actual – una de tantas- , con una deuda de 1.000 millones de dólares”.
Quien condujo desde el gobierno el salvataje para construir esta nueva empresa semi estatal fue el ministro Kulfas, que expresó: “IMPSA es una empresa estratégica para el desarrollo nacional. Debemos trabajar para que con profesionalismo podamos volver a colocar a IMPSA en los principales mercados del mundo. Industria es investigación, desarrollo, tecnología y trabajo. Industria es un desarrollo nacional posible con justicia social. Industria es IMPSA. Hoy es un día feliz para este ministerio, el país recupera las capacidades productivas de IMPSA y comienza una etapa que esperemos nos permita ofrecerle al mundo trabajo argentino con alto valor agregado”.
En diálogo con el programa Feas, Sucias y Malas en Radio Gráfica, el secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Mendoza, Marcelo Corvini, dio su visión sobre el tema y explicó el derrotero de la empresa en el último período.
“IMPSA viene con problemas graves desde 2015, donde comienzan despidiendo a 30 trabajadores. En ese momento el gerente de IMPSA nos dijo que para que la empresa pueda seguir existiendo tenía que despedir 200 trabajadores más. Desde la UOM, nos propusimos sostener los puestos de trabajo”, apuntó el referente gremial.
“No sabemos si es una solución o no, pero es una vuelta de tuerca importante. Sería terrible perder todo ese capital humano, una mano de obra superespecializada. Además, hay más de 100 pymes que trabajan junto a IMPSA”.
“La visión a futuro es pasar de 700 trabajadores a 1400 volver a la media de IMPSA en la década del 70. Volver a tener empresas nacionales que perdimos después del menemismo”, destacó.
Una política correcta del gobierno que tiene proyección. Enrique Aurelli, destaca la importancia de la definición oficial: “Podemos afirmar que en manos del estado IMPSA es una herramienta clave, que puede ser el eje de un plan nacional de infraestructura energética, ya sea hidráulica, eólica o nuclear. Con ella el país posee un enorme capital humano y de experticia con capacidad de exportar tecnología de primer nivel. Si la gestiona exitosamente como el caso de INVAP. O la transforma en una Empresa sociedad del estado, impenetrable al capital privado, factor fundamental por su rol estratégico nacional e internacional. IMPSA es una de pocas empresas en el mundo que desarrolla tecnología de turbinas hidráulica, fabrica torres eólicas, generadores para la industria nuclear así como la fabricación y colocación de grúas portuarias. IMPSA fabricó más de 100 unidades emplazadas en los puertos del planeta. En 2006, fabricó la grúa portuaria más grande existente, fue diseñada íntegramente por la compañía y colocada en un puerto de Malasia. De altura equivalente a un edificio de 26 pisos, un peso de 1.700 toneladas y un costo de fabricación de 7 millones de dólares”.
Finalmente, Aurelli agrega: “En su capital humano que la hace tan importante está compuesto de 720 trabajadores de las más diversas áreas, de los cuales 250 son ingenieros altamente capacitados. Argentina podría cumplir con muchos de estos objetivos sumado la capacidad del gobierno para obtener nuevos contratos internacionales que proveen de divisas a la empresa. IMPSA sería uno de los postulantes para la construcción de la represa Portezuelo del Viento en Mendoza. También puede lograr la adjudicación de obras previstas en Yacyretá, tiene oportunidades en Malasia, Paquistán y Tanzania y continúa con la fabricación y montaje de los principales componentes del reactor nuclear CAREM 25 en Argentina. Las capacidades de IMPSA ahora en manos del Estado -63% de las acciones y Mendoza tomará otro 21%- son un activo muy valioso para la economía, el desarrollo y bienestar del pueblo Argentino, una compañía que exporta y genera divisas. Es uno de los colosos en grandes obras, y demuestra, como lo hace INVAP, que la tecnología que generan lxs Argentinxs es de las mejores a nivel mundial”.
“ESTADO DE ALERTA” EN LA BANCARIA
Semana muy activa para el gremio que conduce Sergio Palazzo que desplegó una serie de reclamos sobre la actividad declarándose en “estado de alerta” y advirtiendo por posibles medidas de fuerza.
Revisión de los protocolos por coronavirus, fin a la política de ajuste y cierre de sucursales, adelantamiento del pago de paritarias (descrito líneas arriba) y una efectiva regulación de la modalidad de teletrabajo, son los ejes de los reclamos.
Con 13.000 bancarios contagiados (sobre 101.000) desde el comienzo de la pandemia y en plena segunda ola desde el gremio exigen modificar los protocolos sanitarios, al menos mientras exista el actual nivel de contagios.
“Hemos planteado la necesidad de que generen burbujas cada siete días, cuando hay un caso sospechoso aislar la burbuja, reducir al máximo posible el trabajo presencial, mantener la distancia y bajar los turnos a la mitad sin afectar a los beneficiarios de seguridad social”, explicó Palazzo adelantando que de no haber respuesta sobre este tema puntual habrá medidas de fuerza.
Un tema más de fondo es la situación estructural y mutaciones que existen en el modelo de negocios financiero, que la pandemia aceleró. Desde el 2020 cerraron 213 sucursales con 2.600 despidos/retiros voluntarios.
El avance de la digitalización, la menor afluencia de los clientes a las sucursales, fue la oportunidad que vieron las entidades bancarias para avanzar con un ajuste. Ello en una actividad donde también irrumpieron con fuerza en el últimos años los actores fintech como Mercado Pago.
“Hay dos temas para explicar el cierre de sucursales, uno es la digitalización, pero el mayor impacto tiene que ver con resoluciones vigentes de la época de Sturzenegger que permiten la externalización de servicios”, comenzó explicando Palazzo.
“Esa resolución permite la creación de Agencias Complementarias que permite a toda persona física o jurídica que tenga como principal otra actividad, pedir apertura y funcionamiento de cuentas, retiro de efectivo, pago de servicios y pedido de tarjetas de crédito, pago de prestaciones sociales y comprar y vender moneda extranjera. Por eso se pierden puestos de trabajo”, agregó. Teléfono para Miguel Pesce.
El lunes habrá una nueva audiencia con las cámaras empresariales, si no hay respuesta positiva en tema protocolos adelantaron que realizarán medidas de fuerza.
YAPA. PERIODISMO, SIN SOBREACTUAR.
Esta semana surgió una polémica, sobre todo en el campo nacional, por el despido de Tomás Méndez de C5N. Hemos reflexionado desde Gráfica sobre la palabra “censura”, a partir de un interesante artículo de Gabriel Fernández y charla posterior en “Punto de Partida”.
Sólo algunos apuntes más. Ese canal es privado y quienes manejan el medio de producción definen la línea. Por eso, hace quince años construimos Radio Gráfica y buscamos que crezca día a día. Es que necesitamos medios fuertes que contesten las preguntas básicas de nuestro oficio: qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué.
Nuestra tradición es la de FORJA, cuyos cuadernos siguen siendo actuales y el Periódico de la CGT de los Argentinos. Los “corresponsales por fábrica” que ideó Rodolfo Walsh, tenían en aquella experiencia una premisa que nos sigue guiando. No se trata de ser “la voz de los sin voz”, sino de abrir el juego para que las expresiones silenciadas por los medios del poder financiero sean conocidas.
Es por eso que tantos gremios confían en Gráfica. No sólo no sobreactuamos sino que “dejamos hablar”. Esto último se valora porque muchas veces quien entrevista interrumpe con la velocidad que dicta la “rabiosa actualidad”, impidiendo que el mensaje llegue con fidelidad.
Este lunes 7, en el día del periodista, saldrá un video por redes sociales y una solicitada con el apoyo de las principales corrientes sindicales de Argentina a una propuesta que venimos motorizando como medio: “Federalizar las comunicaciones en defensa de la democracia”. Habrá nuevamente un llamado de atención con la voz de dirigentes nacionales hacia el Estado nacional, que sigue direccionando la distribución de la pauta pública publicitaria hacia multimedios patronales.
De haber un criterio de reparto razonable de esos recursos, la comunicación popular puede proyectarse en puestos de trabajo y presencia en el mapa comunicacional nacional.
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