El coordinador del Programa de Atención a Inquilinos, Fernando Muñoz, en diálogo con Radio Gráfica, explicó que según el relevamiento del organismo, hay tres grandes franjas de reclamos: preocupación por el riesgo a desalojos, firma de contratos ilegales y aumentos especulativos. “Nosotros habíamos advertido el año pasado cuando estaba vigente el decreto presidencial de protección de la vivienda y congelamiento de alquileres, que había una especie de ánimo vengativo del mercado que decía ‘cuando se termine, vas a ver la que te espera’. Y cumplieron con la promesa”, señaló el referente.
La inseguridad de vivienda se manifestó en 4 de cada 10 inquilinos, y no sólo está relacionada con los desalojos judiciales, sino también con prácticas de hostigamiento y amenazas por parte de dueños e inmobiliarias: “se dio con mucha frecuencia en el último mes (abril), por ejemplo, que se den cortes compulsivos de servicio, como cuando quitan el medidor y te dejan sin luz”, sostuvo Muñoz al tiempo que resaltó: “hay una especie de desalojo económico, no como los que conocemos con muebles en la calle; es el apriete para que te vayas”.
Otras de las problemáticas señaladas por los inquilinos ante la Defensoría incluyeron: planteos de aumentos de hasta el 150% para firmar renovaciones; exigencias de firmar contratos de 12 meses (cuando el plazo mínimo legal es de 3 años); y la existencia de cláusulas de aumentos semestrales (de hasta el 50%), cuando legalmente solo se pueden realizar ajustes anuales y por el índice que publica el Banco Central (que en 10 meses acumula un 28%).
“Hay una especie de desalojo económico, no como lo conocemos con muebles en la calle, es el apriete para que te vayas”
Por otra parte, se realizaron 242 consultas (32%) sobre el costo del alquiler a la firma inicial del contrato. Se denunció, por ejemplo, la formulación de contratos bajo la forma de temporales: “si te hacen contratos cortos, lo hacen como si fueran turísticos, y por lo tanto pueden cobrarte comisión inmobiliaria o te exigen un seguro de caución. Eso implica dos meses o más de gasto adicional”, explicó Muñoz, y remarcó que el gasto inicial se limita al pago del “primer mes y depósito”.
“El seguro de caución es el negocio de las financieras. Se incorporaron al alquiler de viviendas hace poco, ante solo existía para comercio”
Finalmente, 234 consultas (31%) fueron por incumplimiento a los derechos inquilinos, tales como: la negativa a realizar arreglos, filtraciones o humedades; Negativa de cuenta bancaria o CBU para depositar el alquiler; Retención ilegal del depósito; Negativa a recibir las llaves del inmueble por deuda acumulada durante la pandemia, y corte de gas por desperfectos en las instalaciones del inmueble.
En este marco, es evidente la necesidad de poner en marcha un órgano estatal que controle el cumplimento de la Ley de Alquileres, para evitar el abuso del mercado en un país donde más de 2.200.000 de hogares viven pagando una renta mensual.
- Entrevista realizada por Lucas Molinari en Punto de Partida (lunes a viernes de 8 a 10hs)
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