Panorama sindical. De aprietes y negociaciones ¿Nueva etapa?

Por Lucas Molinari y Leonardo Martín

Días muy vertiginosos. En Nuestra América, como la definió José Martí, las democracias están en peligro. Arrancamos la semana con la proscripción electoral de Rafael Correa y de Evo Morales. La guerra jurídica está a la orden del día y la embajada norteamericana tiene en su manual organizar las oposiciones a los gobiernos nacionales y populares, como el de Argentina. Esa es una práctica que existe desde hace décadas, pero que se va actualizando según los tiempos.

Cuando hablamos de las fuerzas de seguridad en nuestro territorio tenemos que plantear su vínculo estrecho con el Comando Sur de Estados Unidos. Relación que se potenció con el macrismo, que también profundizó el conexión con el Estado de Israel. Como ejemplo está el entrenamiento conjunto, que salió un millón y medio de dólares, de militares yanquis a las fuerzas de seguridad argentinas para el G-20.

En Gráfica fue entrevistado el pensador nacional Néstor Gorojovsky, que recordó charlas con el periodista sindical Máximo García Reyes sobre la historia de la Bonaerense: “Cuando el peronismo llegó al poder en los ‘40, en la Provincia de Buenos Aires había una policía particularmente corrompida. En esta institución podrida con las peores tradiciones de las policías bravas y antidemocráticas, el peronismo reemplazó la comandancia por una conducción respetuosa de los procedimientos electorales y la soberanía popular. Pero un año después del golpe de Estado de 1955, los fusilamientos de los basurales de José León Suárez fueron una maniobra destinada a embretar para siempre a la Bonaerense con los fines del Partido Militar oligárquico de la Fusiladora”.

Ahora bien, ese enemigo que tenemos desde Spruille Braden hasta nuestros días, sabemos que actúa sobre contradicciones sociales y políticas. Así como la Masacre de Curuguaty, que permitió destituir a Fernando Lugo, se dio a partir de la problemática de la tierra, aquí el problema salarial existe.

No sólo en la policía, sino en gran parte de nuestro pueblo, que cobra por debajo de la canasta básica. Con un Salario Mínimo Vital y Móvil que está en 16850 pesos.

Las reivindicaciones de los uniformados necesitaban una respuesta: aumento salarial, condiciones de trabajo, vivienda. Problemáticas que atraviesan a las mayorías.

El jueves se planteó una convocatoria popular para hacer frente a esas “patrullas perdidas” frente a Olivos. Alberto la desactivó con buen tino, porque no había posibilidad de Golpe.

Si bien analizamos las injerencias desestabilizadoras que tienen referentes políticos como Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, en nuestro país por ahora no tienen espacio.

Aunque son intentonas que tienden a instalarse en las calles, que la militancia popular tendrá el desafío de volver a ocupar.

Quitarle un punto de coparticipación a CABA para devolverle a Provincia de Buenos Aires fue “salir por arriba del laberinto”. Una maniobra que había sido anunciada y que abre interesantes discusiones sobre el federalismo.

La fragmentación del país en 24 partes, pactado en los años ´90 con la Constitución de 1994, es un tema a debatir. Sobre todo al ver las trágicas  diferencias de inversión pública per capita que hay en distritos tan cercanos como el porteño y el matancero.

Ya Cristina Fernández se había encargado en diciembre pasado, en los actos de asunción Espinoza y Ferraresi, de postular que había que modificar tanta desigualdad. Propuestas en línea con el “volver mejores”.

Ahora Larreta avanzó con la judicialización del conflicto, como apuntó Kicillof “porque no quieren discutir de cara a la sociedad”. Wado De Pedro, pidió sinceridad más que picardías. Pero lo cierto es que el Jefe de Gobierno Porteño se lanzó en la carrera presidencial. Y supo aprovechar el jueves el horario de los noticieros nocturnos en canales nacionales para responderle a Alberto (medios en los cuales pone mucha pauta).

Si este caso llega a la Corte Suprema y se expide contra el gobierno nacional, sería un hecho destituyente, que necesitará del pueblo movilizado para respaldar la democracia.

Alberto “Pepe” Robles, abogado del Instituto del Mundo del Trabajo Julio Godio, nos dio un análisis sobre la disputa legal que se abre: “Al inicio de su gobierno, el 18 de enero de 2016, Macri dictó el Decreto No. 196/2016, elevando en un 160% el porcentaje de coparticipación correspondiente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que pasó de 1,4 al 3,75%. El monto fue deducido de la parte de la coparticipación que corresponde a la Nación. El 28 de marzo de 2018, Macri dictó otro Decreto (No. 257/2018), reduciendo el porcentaje de la CABA 3,50%. Sí, Macri también redujo la coparticipación de la CABA, ¡Y a nadie se le ocurrió recurrir a la Corte! Alberto Fernández esta semana sancionó el Decreto No. 735/2020, derogando los dos decretos anteriores, asignando a la CABA un porcentaje del 2,32% hasta que el Congreso Nacional apruebe la transferencia de servicios no federales a cargo de la Nación y estableciendo que una vez sancionada dicha ley el porcentaje volverá al monto original del 1,4%. El Decreto No. 735/2020 creó también el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires formado con los fondos recuperados por la Nación. Macri también le bajó el porcentaje de coparticipación a la Ciudad por decreto. Primero se lo subió y después lo bajó 0,25%. Es un dato político y jurídico de primera magnitud. Teoría de los actos propios: si tus actos convalidaron una acción después no podés decir que no corresponde jurídicamente”.

Sobre la cobertura mediática, un apunte: El periodismo monopólico se cansó de hablar de la “legitimidad del reclamo” por sobre la “forma de protesta”. Exactamente al contrario de una toma de tierra, un corte de ruta o un paro obrero. Nada nuevo, “líneas editoriales patronales”. Merecemos como pueblo un nuevo mapa de medios.

SINDICALIZACIÓN DE LA POLICÍA. Una vez más vuelve el debate sobre la sindicalización de las fuerzas de seguridad, y en este caso se dio con la más numerosa del país: La Bonaerense.

Obturada la posibilidad de la sindicalización de los efectivos de la policía de la Provincia de Buenos Aires por un fallo de la Corte Suprema de Justicia en 2017, en este conflicto quedó en evidencia la dispersión de reclamos, así como la falta de referentes que puedan canalizar el diálogo. Se vio un cuentrapropismo de efectivos exonerados o retirados buscando tomar la palabra por el conjunto, pero sin real arraigo en una base compleja y numerosa.

La presencia amenazante en la residencia del gobernador Kicillof, y luego en la Quinta de Olivos, apunta un proceder rudimentario y que expone a un necesario sumario a sus participantes. En medio de eso se vio una insólita escena donde fueron invitados a ingresar a dialogar ¡con el Presidente! para lo cual ponían condicionamientos pidiendo que Fernández salga a la calle o ingresar con la condición de hacerlo con cámaras de TV.

Fernando Gómez, militante político y abogado penalista, conocedor del funcionamiento policial, opinó que está bien que haya un sindicato de la policía y dio su visión de porqué no existe uno, más allá del fallo de la Corte Suprema. “La negativa de la sindicalización viene de los mandos altos, que nunca se van, y de los que controlan el territorio. Un Comisario DDI no va a querer un sindicato que homogenice las realidad de todos los policías cuando él tiene mando de la tropa sobre una jurisdicción muy grande. Es un poder que se pierde. Es una disputa de poder interno, ese es el principal tema”.

Dentro de la posibilidad de sindicalización aparecen afirmaciones e interrogantes varios. Una corriente de opiniones marca como positivo la sindicalización porque permitiría la organización de lo que, en definitiva, con características especiales, son trabajadores, y poder lograr una centralización en los reclamos y demandas. Paralelamente, entre ellas la palabra de Eugenio Zaffaroni, las miradas ponen como objeciones que no tengan la capacidad de realizar medidas de fuerza “ya que es un servicio de primera necesidad”.

En diálogo con Radio Gráfica, el diputado provincial Jorge D´Onofrio, que preside la Comisión de Seguridad en la Legislatura Bonaerense, explicó que debe haber una ley que permita la agremiación de los policías. Opinó que la clave es que ese sindicato a crear esté conducido por los policías activos y no los retirados. Roberto Baradel de SUTEBA y la CTA, también se mostró a favor de la idea.

Interrogantes para continuar el debate. Hay aspectos positivos de la sindicalización, pero también es cierto que no sería un gremio más. En el caso de la bonaerense es de la fuerza de seguridad más numerosa del país, con un historial de “excesos” y con una vidriosa complicidad con negocios ilegales, entre algunos aspectos poco virtuosos. Un gremio fuerte puede ser una herramienta positiva de representación de los trabajadores, pero atención: dependiendo de la conducción, también puede ser un factor de poder con una enorme capacidad de desestabilización. Por lo pronto, por ahora no parece estar en el horizonte inmediato la materialización de una organización gremial ni de la Bonaerense ni de ninguna otra fuerza en el país.

AUMENTO PARA LA POLICÍA, ¿QUÉ PASA CON EL RESTO? Con sus características especiales, el conflicto con la Policía Bonaerense puso sobre la mesa la necesidad de actualizar salarios deteriorados ante la doble pandemia, la amarilla y la de Covid-19.

En promedio, durante el gobierno de Cambiemos, los salarios perdieron un 20%. En los trabajadores estatales e informales, la cifra trepa aún más. Es decir, la expectativa era que con el cambio de rumbo político comenzaría la recuperación, que tuvo durante el verano una primera medida con la incorporación de sumas fijas. Luego llegó la pandemia y el resto es historia conocida.

Los primeros meses de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) tuvieron un nivel de inflación bajo, lo que sumado a la situación sanitaria, generó condiciones para posponer negociaciones. En las últimas semanas, numerosos gremios (especialmente de actividades esenciales) cerraron paritarias, pero la demanda de tantos otros continúa en alza. La rápida respuesta a la Policía, entre otros sectores, puede funcionar como disparador para otras paritarias, entre ellas la de los trabajadores estatales nacionales, provinciales y municipales, así como docentes. Ello en un contexto de baja en las recaudaciones en términos reales.

Los gremios estatales UPCN y ATE ya están tocando la puerta para volver a la negociación. En Santa Fe, la Federación de Trabajadores Municipales (FESTRAM) viene de realizar un paro de 72 horas esta semana. La postpandemia ya llegó, aunque sea en el contexto de mayor cantidad de contagios desde su comienzo.

Lo mismo ocurre en el sector privado, esta semana la Federación Argentina del Petróleo, Gas y Biocombustible lanzó un paro por tiempo indeterminado en refinerías reclamando una revisión salarial de la paritaria 2019. La conciliación obligatoria evitó el paro efectivo, pero aún no está resuelto.

Los trabajadores de televisión, nucleados en SATSAID, también están en un conflicto con las cámaras ATA y CAPIT; con una Conciliación Obligatoria ya dictada que está semana, se extendió por cinco días hábiles más. En un comunicado advirtieron que “agotada la misma, y sin una solución que conforme a lxs trabajadorxs del sector, continuará con un plan de acción que abarque todas las medidas gremiales necesarias para alcanzar el objetivo de aumento salarial”.

La postpandemia ya está en debate. Desde los reclamos salariales, conflictos y planes en marcha para su salida. También desde los planteos para generar un crecimiento y desarrollo económico de diversos actores en el país. Ni hablar del ámbito político, donde el diálogo del oficialismo con Horacio Rodríguez Larreta ingresó en frase de confrontación con la quita de un punto de coparticipación en una disputa que continuará en la arena política y en el frío devenir de las roscas de los pasillos judiciales.

Esta semana, también en diálogo con Radio Gráfica, Héctor Amichetti, referente de la Corriente Federal de Trabajadores, planteaba: “Se ha iniciado una nueva etapa donde durante la renegociación de la deuda, el gobierno buscó mostrar señales de consenso con aquellos sectores de poder que monopolizan la economía, pero ahora se abrió una nueva etapa. Es el momento donde hay que consolidar la alianza con aquellos sectores que van a acompañar las decisiones del Gobierno. Hay que mostrar una decisión firme y confrontar ahora”.

“Hay necesidad política de que el gobierno consolide alianzas. Las políticas sector por sector o parciales no alcanzan. Seguimos confiando en que el Consejo Económico y Social es la gran herramienta para la construcción del frente nacional que permita darle espalda al gobierno en este momento”, sumó el dirigente sindical.

En ese sendero, Amichetti, además, enfatizó la importancia de «consolidar la organización», promoviendo al Gobierno como factor que una las piezas del rompecabezas del movimiento nacional. “La construcción tiene que venir de arriba para abajo”, subrayó.

“Todavía estamos desperdigados. Tenemos al movimiento obrero fragmentado, a las pymes atomizadas, a las cooperativas peleando por las cuestiones básicas. Todavía no hemos amalgamado a esos sectores. Es el Gobierno el que puede unir a todos esos sectores. Allí están los intereses de la coyuntura y el compromiso más a fondo. Con una fuerza común vamos a abrir el camino para las reformas estructurales como el control del sistema financiero, el del comercio exterior, las desmonopolización y la reforma impositiva”.

La pospandemia ya llegó. Aunque, pensándolo bien, quizás siempre estuvo entre nosotros.

LA CÚPULA DE LA CGT SE REUNIÓ CON ALBERTO FERNÁNDEZ. El jueves al mediodía, una comitiva de la conducción de la CGT integrada por Héctor Daer, Carlos Acuña, Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez, José Luis Lingeri y Antonio Caló, visitó la quinta presidencial de Olivos. Allí, almorzaron con Alberto Fernández, Gustavo Béliz (Secretario de Asuntos Estratégicos), Julio Vitobello (Secretario General de la Presidencia) y el jefe de Asesores, Juan Manuel Olmos.

Dentro de los temas que trascendieron estuvieron el previsible análisis de la situación del país frente a la pandemia, el pedido de los dirigentes de CGT de participar en el diseño de políticas para la postpandemia y un tema central para el día a día: recursos para sostener el funcionamiento de las obras sociales.

Al día siguiente, se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 1070/2020 de la Superintendencia de Salud con una transferencia de más de 500 mil millones de pesos al conjunto de obras sociales que vieron reducir en forma drástica o severa sus ingresos. Una medida que tuvo antecedentes en meses previos. Lideró el ránking con amplitud la Obra Social del Personal del Turismo, Hotelero y gastronómico con 141 millones de pesos, la actividad más golpeada y con fecha incierta de apertura plena.

Vale recordar que, aproximadamente un tercio de los argentinos se atiende por el sistema solidario de salud. En una situación sanitaria crítica por la pandemia, y dada la responsabilidad gremial en la salud de sus afiliados, es razonable el apuntalamiento de recursos que se vieron socavados por el parate económico y la demora en el pago de aportes. Con un cápita promedio muchísimo más baja que lo que cobran las prepagas, las obras sociales deben afrontar las mismas responsabilidades funcionando, a su vez, como un alivio a la recargada salud pública.

También trascendió que la charla en Olivos discurrió sobre el presente político y económico, así como de una demanda de la mesa chica de la CGT de tener presencia en el debate por la postpandemia. Algunos dirigentes aún recuerdan por lo bajo aquella frase de Alberto en el salón Felipe Vallese de la CGT en noviembre pasado, donde afirmó “van a ser parte del gobierno desde el 10 de diciembre”.

En esa línea, aún espera la conformación del Consejo Económico y Social que a esta altura ya nadie supone que se conforme en este 2020. ¿Será en 2021? Quizás, pero lo cierto es que no se ven movimientos efectivos en su concreción.

LA YAPA. CAUSA PEAJES, ¿HACIA LA IMPUNIDAD MACRISTA? Es escandaloso lo que ocurre con el Poder Judicial Federal. Esta semana se conoció el desprocesamiento de los ex-ministros Dujovne, Dietrich, Iguacel y el exprocurador Saravia Frías. Los jueces son conocidos macristas: Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun, que declararon nula la decisión de Canicoba Corral que ya se jubila, por lo que quedará la causa en manos de Julián Ercolini.

El proyecto de reforma que fue aprobado en Senado y será debatido en Diputados no va a legislar sobre causas que ya están en curso, por lo tanto, ¿habrá impunidad? La vicepresidenta opinó vía twitter. Recordó que se investiga una “estafa de más de USD 600 millones” y se preguntó: “¿Se dan cuenta que han convertido al Poder Judicial en un instrumento para atacar al peronismo y a los gobiernos populares y darle impunidad a los poderosos que siempre manejan los hilos de la economía y la comunicación en nuestro país?”.

La Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) fue pionera en exponer la corruptela a diputados como Rodolfo Thailade, que hicieron la denuncia penal. En comunicación con Gráfica, su secretario general, Fabián Cattanzaro expresó, tras el fallo de la Cámara Federal: “Esta es una maniobra que hacen personajes que son serviles al poder hasta la última instancia. Nosotros sabemos que hay pruebas para seguir con las investigaciones. Sobre todo, el abogado Ricardo Stoddart (ex jefe de Asuntos Jurídicos de Vialidad Nacional), que estaba de los dos lados del mostrador. Y la deuda también tiene que ser auditada, porque según el criterio de técnicos de Vialidad, AUSOL le debe plata al Estado Nacional. Por otro lado, creemos que se van a abrir muchas líneas de investigación, como la procedencia de los fondos con que se compran las acciones del Grupo Socma, ya que en la causa aparece que es una sociedad que no podía explicarlo. Confiamos en que la Justicia pueda avanzar para poder saber la verdad y que se sepa lo que el macrismo hizo con la Obra Pública durante su gestión”.