Natalia Salvo, docente de la UBA y la UNPAZ, integrante de Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio, conversó en el aire de Radio Gráfica sobre la oportunidad que se abre ante una reforma judicial. “Si tenemos una justicia social desfinanciada o donde no se pone énfasis, y tratamos de que la justicia se agote en cuestiones penales o administrativas, eso es un rumbo riesgoso”, sostuvo. En el mismo sentido marcó que “ningún integrante de la Corte Suprema de Justicia está versado en temas sociales, ambientales o tributarios”. Se refirió, además, a la Agencia Federal de Inteligencia: “Se demostró cómo desde el Estado se persiguió, se armaron causas”. “Fue una cuestión escandalosa de la AFI, pero también de la Mesa Judicial”, marcó.
“Los transcendidos que tienen que ver con la unificación del Fuero Contencioso Administrativo Federal y el Civil Comercial Federal, que de algún modo tratan todas las cuestiones atinentes con el Estado, o la unificación de los Fuero Federal Penales con el Penal Económico, es decir, de alguna forma la finalidad es licuar el poder que se le dio a los juzgados de Comodoro Py”, comenzó la abogada, también integrante del Frente Abogadxs Populares.
“Es una buena oportunidad también para sacar el foco de la justicia penal y poner el ojo en las justicias que se dedican a dirimir los conflictos sociales. Y lo digo como laboralista, pero también a tono con la evolución social, donde de algún modo esto queda relegado, o se están comercializando los vínculos -como sucedió con la modificación del proyecto de transporte, donde no trata a los repartidores de plataformas como en relación de dependencia”, delineó al respecto.
“Parece que no tiene nada que ver, pero en rigor de verdad sí lo tiene -siguió- Si tenemos una justicia social desfinanciada o donde no se pone énfasis, y tratamos de que la justicia se agote en cuestiones penales o administrativas, eso es un rumbo riesgoso“.
Al respecto de la Corte Suprema de Justicia, que está compuesta hoy por cinco integrantes, dijo que lo mismo pasa respecto a sus miembros, “ya sea tanto en cuanto a la cantidad como en cuanto a su capacitación de composición”. “No tenemos ningún integrante de la misma que sea versado en temas sociales, ambientales o tributarios”, ejemplificó.
Y sumó: “Una Corte Suprema, que es la última intérprete de la Constitución Nacional y el máximo tribunal, de cinco miembros se supone que tiene que resolver cuestiones de cuarenta y cuatro millones de ciudadanos y ciudadanas, lo cual parece bastante fantasioso. Además hay otra cuestión, que va de la mano con la celeridad del sistema, y es la cercanía de la justicia. Tienen acceso a los cortesanos determinados grupos económicos, pero nunca vas a ver a una organización social ‘pasilleando’ el tercer piso del Palacio de Justicia“.
Luego agregó que “en el Fuero Laboral habría que ampliar la cantidad de juzgados, y también el presupuesto”, que en “el Poder Judicial total es el 3% del Tesoro de la Nación” y que, “de esa cantidad, el 2,43% lo maneja el Consejo de la Magistratura y el 0,57% restante la Corte“.
“Ese fondo debería usarse para emergencias, pero la Corte no soltó un peso en estos meses para actualizar el sistema pensando en un escenario post-pandemia. Hay que ampliar los recursos y la distribución para que la Corte no tenga este poder de rogatoria sobre el Congreso”, agregó.
Y resumió que “los temas de la reforma pasan desde ampliar el número de juzgados hasta darle los ‘fierros’, como se dice en la jerga, a los integrantes de los mismos para poder implementar una justicia más cercana“.
La entrevistada -quien además es abogada del empresario Pedro Etchebest, causa que tramita en Dolores, y cuya denuncia por extorsión destapó la existencia de red de espionaje ilegal en la que aparecen implicados D´alessio, Santoro, Stornelli, entre otros- también se refirió al vínculo entre esta reforma judicial y el reordenamiento de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
Señaló que “fueron dos fusibles que se usaron, durante la gestión macrista, para cumplir el objetivo de perseguir opositores políticos, para articular el lawfare y para el armado de causas judiciales, algo que ahora parece naturalizado”. Y describió que “la AFI incorporó, durante el macrismo, seiscientos agentes más. Todos ellos fueron al sector de jurídicos, el que se dedicó a las escuchas, y que pasó de ser administrativo a operativo para armar causas”.
“Es decir, se demostró cómo desde el Estado se persiguió, se armaron causas, se establecieron lazos con los ministerios de Seguridad y de Justicia. Fue una cuestión escandalosa de la AFI, pero también de la ‘Mesa judicial’, que tramita en Comodoro Py. Van surgiendo todas las piezas del rompecabezas de persecución“, subrayó.
- Entrevista realizada por Úrsula Asta en Feas, sucias y malas (sábados de 9 a 12 hs, por Radio Gráfica).
- Redacción por Martín Gorojovsky y Úrsula Asta.
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