Federico Bernal, interventor de ENARGAS, explicó en el aire de Radio Gráfica la denuncia penal que se presentó contra ex funcionarios del área de energía del gobierno de Mauricio Macri, entre ellos el ex ministro del sector, Juan José Aranguren. También se refirió a los lineamientos generales que seguirá el Ente bajo su gestión.
Un rasgo por el cual se recordará a la presidencia de Mauricio Macri, serán los brutales y abusivos aumentos de las tarifas de los servicios públicos. La sensación de que las empresas del sector tuvieron vía libre para imponer las condiciones con el aval del Gobierno, acumulando enormes beneficios y donde los organismos de control fueron vaciados de sus tareas y responsabilidades. Miraron para el costado mientras las facturas crecían a niveles impagables en los hogares y se convirtieron en una de las principales razones que llevaron a la quiebra de miles de PyMES y cooperativas que no pudieron afrontar la suba de costos.
Con el triunfo del Frente de Todos, los entes de control de energía y gas, volvieron a cumplir la funciones para las cuales fueron creados: regulación, control, fiscalización y resolución de controversias. En el ENARGAS asumió Federico Bernal como interventor, a su vez que en el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) lo hizo Federico Basualdo.
“Asumí el 17 de marzo. Nos encontramos con un Ente desmantelado, arrasado, de espaldas a su pueblo y a su gente, avalando toda una serie de irregularidades y violaciones del marco regulatorio“, dispara sin miramientos Bernal sobre el estado en que encontró al Ente.
A raíz de este descalabro en el sector, el ENARGAS avanzó con una denuncia contra el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, el funcionario a cargo de (des) regular en favor de las empresas energéticas. Promotor de los tarifazos y de una transferencia de recursos hacía el puñado de compañías del sector. La denuncia también incluye al ex secretario de Recursos Hidrocarburíferos, Mario Pourtau, y a los cinco directores del ENARGAS.
“Los cargos son incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública. En el caso de Aranguren habría una violación al marco regulatorio. Se vincula con una decisión de asegurarle a las productoras precios en dólares, en una escala ascendente a partir de 2018, fijados por el Poder Ejecutivo. Eso en los hechos implicó la dolarización del precio de la energía”, resumió Bernal.
“En la denuncia, informamos que el gobierno no podía a comienzos de 2018 fijar los precios del gas. Debían hacerlo las empresas negociando, y el Estado debía regular a través del ENARGAS, pero en ese momento no tenía esa misión. El precio debería haber bajado porque la producción estaba estancada y la producción de energía crecía”, añadió.
Posteriormente, el entrevistado agregó que “con la megadevaluación de 2018, Macri no tuvo mejor idea que cargarle por DNU(1053) (1) al Estado la deuda, unos 400 millones de dólares, que ese salto en el tipo de cambio generó entre las distribuidoras y las productoras de energía. Esa estatización de deuda, es el perjuicio que decimos que existe para la Nación. Luego tenemos un perjuicio a los usuarios y usuarias del servicio público, de aproximadamente 165 millones de dólares por el salto injustificado del precio del gas, a comienzos del mismo año”, detalló Bernal. La suma total alcanza los 560 millones de dólares. Gobierno de CEO´s que no olvidaron su vínculos con el sector privado al asumir como funcionarios públicos.
Sobre la actualización de las tarifas en 2018, Bernal apuntó: “Hubiese sido muy interesante que los precios surgieran de una negociación y no los fijara el Poder Ejecutivo porque en 2018 aumentaba muy fuertemente la producción, pero la demanda comenzaba a caer. Cuando hay una sobreoferta de un recurso tiene a bajar su precio”.
“Aranguren violó el marco regulatorio en favor de las empresas en vez de que esos precios surjan de una negociación como debería haber ocurrido en el marco de la ley del Gas“, concluyó sobre el tema.
EL ENARGAS HACIA ADELANTE
Finalmente Bernal habló de sus tareas para cuando finalice el escenario de pandemia: “yo quiero cincurscribirme a lo que es mi competencia, hacerme cargo del ENARGAS, y hacer la revisión y auditoría de lo que fueron las tarifas de servicios públicos de gas entre 2016 y el 16 de marzo pasado, cuando asumí el cargo. Tiene que con ver con el accionar de los anteriores funcionarios del Ente”.
Una de las primeras medidas que tomó Alberto Fernández fue declarar la Emergencia Tarifaria, que tenía inicialmente un plazo de seis meses y en el marco de la pandemia se extendió hasta el 31 de diciembre.
“Cuando hay un desbalance donde millones de hogares no pueden pagar la tarifa y del otro lado se ven ganancias más que importantes, algo está funcionando mal. Por eso se decreto la Emergencia Tarifaria. Las irregularidades están y hay muchas”.
Las tarifas están congeladas no desde que asumió Alberto Fernández, sino desde antes, Macri lo había dispuesto. Por eso elevaré los informes al Presidente de la Nación cuando estén terminados, y él decidirá en función de la Ley de Solidaridad, donde están previstas las medidas a tomar. Mientras tanto, el congelamiento seguirá hasta diciembre”, finalizó.
- Entrevista por Lucas Molinari en Punto de Partida (Lunes a Viernes de 8 a 10 hs.)
- Redacción: Martín Gorojovsky y Leonardo Martín
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