El presidente Alberto Fernández firmó un DNU mediante el cual se prohíbe los despidos y suspensiones “sin causa, por fuerza mayor y falta o disminución del trabajo” por los próximos 60 días. El Gobierno también lanzará un paquete de medidas para sostener PyMES ante el parate económico.
Por Leonardo Martín
“Resulta indispensable garantizar la conservación de los puestos de trabajo por un plazo razonable, en aras de preservar la paz social y que ello solo será posible si se transita la emergencia con un Diálogo Social en todos los niveles y no con medidas unilaterales”, expresa el DNU publicado en las últimas horas del lunes, en un anexo al Boletín Oficial.
La reacción del Gobierno busca frenar un efecto dominó despidos producto de la pandemia del Covid-19 y de las medidas de aislamiento que han provocado una parálisis en la economía. Que las empresas no justifiquen despidos y suspensiones aduciendo “causas de fuerza mayor” contempladas los artículos 221 y 247 de la Ley de Contratos de Trabajo. El artículo 221 habilita suspensiones y el 247 permite a las empresas despedir pagando el 50% de la indemnización argumentando “causas de fuerza mayor”.
En los últimos días y horas hubo anuncios resonantes de despidos. Comenzó la empresa de Paolo Rocca, Techint, no renovando 1450 contratos de trabajadores de la construcción. Decisión a la que muchos interpretaron como una presión de la empresa de mayor facturación del país al Gobierno nacional.
Alberto Fernández recogió el guante respondiendo en el mensaje donde anunció la extensión de la cuarentena: “voy a ser duro con los que despiden gente. No podemos en semejante crisis desamparar a alguien y dejarlo sin trabajo”, cerrando con “muchachos, les llegó la hora de ganar menos, no de perder”.
En la mañana de este lunes,también se conoció la decisión de la empresa Mirgor que opera en Río Grande, Tierra del Fuego, de despedir 750 trabajadores. Mirgor es propiedad de Nicky Caputo, “el amigo del alma” de Mauricio Macri.
En las últimas horas, también se conoció la decisión de la gráfica IPESA y la empresa asociada Publiexpress de cerrar intempestivamente despidiendo 100 trabajadores gráficos y de prensa.
El temor del Gobierno es que esta situación escale en las próximas semanas generando una profunda crisis social que se suma a la emergencia sanitaria por el COVID-19. Un combo que podría ser explosivo de no detenerlo rápidamente. Sostener la economía hasta que pueda comenzar a funcionar con la normalidad habitual.
Los funcionarios del Gobierno son conscientes del complejo panorama laboral por delante. Con una economía que hasta el 13 de abril continuará paralizada y que luego, en el mejor de los casos, avanzará con un progresivo descongelamiento a partir de la flexibilización de la cuarentena, lanzaron el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción.
Para la ejecución de ese Programa, el Gobierno dispondrá de 380 mil millones de pesos que tendrán como destino empresas que se comprometan a no despedir trabajadores.
Allí se busca auxiliar a las PyMEs afectadas por la crisis con una serie de medidas para sostenerlas hasta atravesar la pandemia y el parate de la economía. Entre las medidas están la postergación y reducción de cargas patronales, recursos directos para el pago de salarios con montos mayores en minipymes.
A ella se suman medidas previas con una línea de crédito de 320 mil millones de pesos con una tasa del 24% para que las empresas puedan pagar salarios o comprar insumos para cuando sea posible volver a operar con normalidad. Sobre estos créditos había quejas por parte de las entidades PyMEs en relación a las entidades financieras a partir de obstáculos en el otorgamientos de dichos préstamos.
Otra medidas que había tomado el Gobierno era ampliar la cantidad de REPRO (Programa de Recuperación Productiva) para ayudar al pago de salarios en momento de una drástica merma de los ingresos.
Según un estudio del Centro de Economía Política (CEPA), la batería de medidas para sostener la economía alcanzada los 677 mil millones de pesos incluyendo las medidas descriptas sumando al bono de $3000 para jubilados y AUH y los $10.000 para los trabajadores informales y monotributistas categoría A y B. Para percibir ese ingreso se anotaron 9,6 millones de personas, inicialmente el Gobierno calculaba un universo de 3,6 millones de beneficiarios. Los últimos anuncios puede haber llevado el monto en un número más alto con un cifra que alcanzará el 2% de Producto Bruto Interno nacional.
Un presente y un panorama muy duro en lo económico y lo social, pero un Gobierno que busca capear al temporal desplegando políticas y herramientas hasta que despeje el momento más duro de la tormenta.
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