Barcesat: “Es posible modificar el Poder Judicial ahora mismo”

Entrevistado por Gabriel Fernández en La Señal, Barcesat explicó que la guerra jurídica o también llamada lawfare “significa elaboración de causas ficcionales, aquello que no corresponde con ningún hecho real o probado en debido proceso judicial. Esto se alimenta y circula a través de los medios masivos de comunicación que se encargan de responsabilizar y acusar, además de dar certificados de inocencia cuando les conviene. Los servicios de informaciones couchean a los testigos “arrepentidos” que tienen que usar un libreto para ser medianamente coherentes en aquello que declaran”.

“En esta madeja se mezclan poder económico, político, espías, jueces corruptos y la embajada de los Estados Unidos. Como lo ha confesado el propio D’Alessio, al referir el uso de los medios y hacer gala y ostentación de su carácter de agente de Drug Enforcement Administration (DEA). Este mecanismo según los creadores de la academia militar estadounidense es la forma de perseguir y destruir al enemigo, reemplazando formas drásticas como los bombardeos, las desapariciones forzadas y los asesinatos en supuestos enfrentamientos”, añadió.

Lawfare “significa elaboración de causas ficcionales”

Este mecanismo, desde la ciencia jurídica tiene un trasfondo, el cual fue resaltado por el letrado. “Quita la supremacía y la estructura jerárquica del orden jurídico, cuyo vértice lo ocupa la Constitución Nacional y los tratados interestatales de derechos humanos, para sostener que no hay derecho. Con esto se aplana la estructura jerárquica y el orden jurídico de los países que seguimos el sistema escrito y constitucional, para hacer prioritaria la sentencia judicial. Y que, por eso, se siente autorizada a pasar por sobre garantías constitucionales, garantías convencionales y dispositivos procesales de las leyes de las nación”.

Sobre la declaración y las denuncias realizadas por Cristina, Barcesat aseveró: “Comparto esto y conduzco una causa penal contra el juez Bonadío, el fiscal Stornelli y todo funcionario de mayor jerarquía que convalidara los hechos ilícitos en el curso de la causa de las fotocopias de los cuadernos. Son hechos gravísimos porque es privación ilegal de la libertad agravada, amenaza extorsiva, violación de los deberes de funcionarios públicos y prevaricato“.

“Es la forma de perseguir y destruir al enemigo, reemplazando formas drásticas como los bombardeos, las desapariciones forzadas y los asesinatos en supuestos enfrentamientos“

El abogado vinculado a los organismos de Derechos Humanos señaló qué medidas deberían ser tomadas en cuenta por el próximo gobierno para salir de la actual situación judicial. “Hay medidas de fondo que requieren de una convocatoria de reforma constitucional. Y otras medidas que se pueden adoptar mediante leyes, una de ellas sería unir todos los juzgados penales con igual competencia de manera que desaparezca la justicia ordinaria penal de la capital, la justicia de lo penal económico y la justicia correccional. Otra sería ampliar el ente de ministros de la corte, dividirlos en salas y que haya un tribunal constitucional que se encargue de juzgar la constitucionalidad de las normas que emanen de los otros poderes. Con esto podríamos pensar en una mejora, sería un señalamiento para otros jueces del fuero general, pero no penales, que son los Contenciosos Administrativos, Civiles y Comerciales que también tendrían que ser unificados”.

Por último, Barcesat expresó su mirada respecto a las operaciones mediatico-judiciales, a la cuales Alberto puso en el centro de la escena al desmentir una presunta vinculación con casos de corrupción. “Creo que algún momento tenemos que establecer un código de ética periodística para evitar la malicia de los periodistas y poder generar corrientes críticas dentro del pensamiento periodístico, que no responda a los medios hegemónicos y que puedan darnos una información más idónea”, sintetizó.

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