Este jueves los trabajadores de la Defensoría del Público realizaron un acto frente a la sede del organismo para pedir el cese de la intervención a cargo de Emilio Jesús Alonso, un abogado sin ningún tipo de formación ni trayectoria en el campo comunicacional. El actual interventor, fue nombrado el año pasado por la Comisión Bicameral de manera irregular, y su gestión vació de políticas públicas a la institución creada por ley para proteger los derechos de las audiencias.
“A 7 años de la creación de la Defensoría, pedimos el cese de la intervención de Cambiemos hecha hace más de un año, que paralizó todas las políticas públicas del organismo”, denunció Xoana Delle Coste, delegada de los trabajadores del organismo por ATE Capital, en diálogo con Mario Sadras. La institución fue creada con la aprobación de la Ley 26.522 en 2009, pero comenzó a funcionar en 2012, con el objetivo de “promover, difundir y defender el derecho a la comunicación democrática de las audiencias de los medios de comunicación audiovisual en todo el territorio nacional”.
“Pedimos el cese de la intervención de Cambiemos hecha hace más de un año, que paralizó todas las políticas públicas del organismo”
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Manuel Carballo, delegado de la Junta interna de ATE en la Defensoría, entrevistado en Desde el Barrio, explicó que cuando Cynthia Ottaviano (periodista e investigadora que estuvo a cargo del organismo) finalizó su mandato en noviembre de 2016, la Comisión Bicameral no garantizó la continuidad de una designación formal: “Éste señor Jesús Alonso no tiene trayectoria en los medios de comunicación y fue aprendiendo en la medida que se sentó en el cargo de interventor, intentamos generar un diálogo para que continuaran las políticas públicas y quedamos a merced de un marketing político sin sentido”.
Por su parte, Luis Lázzaro, ex director General de AFSCA y docente en derecho de la comunicación, presente en el acto, sostuvo que con el cambio de gobierno y de autoridades legislativas “es más necesario que nunca acompañar a los trabajadores y alzar la voz para que los representantes del pueblo y las provincias vuelvan a crear herramientas democráticas y participativas para que la comunicación pueda ser ejercida como derecho y no sólo como actividad mercantil”.
“No queremos que se perpetúe esta mirada puramente mercantil de la comunicación, de una sociedad sin derecho a opinar o reclamar frente a los abusos de los medios de comunicación audiovisual”
Los trabajadores reclaman que finalice inmediatamente la intervención de Alonso, responsable del deterioro y asfixia de la Defensoría del Público y se regularice la situación con la asiganción de un nuevo defensor nombrado legítimamente como lo establece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
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