El exfuncionario de la Cancillería durante la Guerra de Malvinas y ex Subdirector General de Malvinas y Atlántico Sur analizó la presentación argentina para frenar la explotación de hidrocarburos en las islas. Advirtió sobre las consecuencias que podría tener recurrir a un tribunal arbitral internacional y el peligro de comprometer la posición histórica argentina en la disputa de soberanía.
Guillermo Rossi, diplomático de carrera y ex Subdirector General de Malvinas y Atlántico Sur, analizó en Malvinas Causa Central, por Radio Gráfica, la presentación argentina ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para intentar detener la explotación petrolera británica en el Atlántico Sur, particularmente el proyecto Sea Lion (León Marino). Rossi, quien participó en 25 rondas de negociaciones con el Reino Unido, cuestionó las posibles consecuencias jurídicas de la iniciativa y advirtió que podría abrir un escenario desfavorable para la posición argentina.
Al explicar el procedimiento internacional, Rossi señaló que la presentación ante el Tribunal del Mar difícilmente pueda avanzar en esa instancia, debido a que el Reino Unido eligió a la Corte Internacional de Justicia como mecanismo de resolución de controversias, conforme al artículo 287 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Sin embargo, sostuvo que tampoco sería posible avanzar directamente ante esa Corte, debido a las reservas británicas respecto de su jurisdicción en determinadas controversias.
En ese escenario, el diplomático explicó que existe una tercera instancia prevista en el Anexo VII de la Convención sobre el Derecho del Mar, que establece un mecanismo de arbitraje obligatorio. Se trata de un tribunal integrado por cinco árbitros, uno designado por cada país y otros tres elegidos de común acuerdo. Para Rossi, es precisamente esta posibilidad la que representa el mayor peligro para la Argentina, porque implicaría someter una controversia vinculada con Malvinas a una instancia cuya decisión no podría ser apelada.
“Nosotros al acudir a una instancia así, perdemos el control sobre lo que se va a decidir”, advirtió Rossi. En ese sentido, explicó que uno de los problemas es que los tribunales internacionales pueden excederse en sus decisiones y pronunciarse sobre cuestiones que no fueron planteadas originalmente por las partes. Según su análisis, existe el riesgo de que, antes de resolver sobre la explotación unilateral de los recursos naturales, los árbitros comiencen a examinar los títulos de soberanía que invocan la Argentina y el Reino Unido.
El exfuncionario de Cancillería sostuvo que las consecuencias de un pronunciamiento desfavorable podrían extenderse mucho más allá del conflicto petrolero. “El primer problema es que esos fallos son inapelables, no hay a quien quejarse una vez que se emite un fallo”, afirmó. También advirtió que una resolución adversa podría convertirse en un antecedente jurídico de gran importancia para futuras controversias, debilitando la posición argentina construida durante décadas en los organismos internacionales.
Rossi recordó que la Argentina mantiene desde hace casi dos siglos su reivindicación de soberanía sobre las Islas Malvinas y destacó el respaldo obtenido en Naciones Unidas. En particular, reivindicó la Resolución 2065, aprobada por la Asamblea General en 1965, que reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido e instó a ambos países a negociar una solución pacífica. Para el diplomático, aquella resolución constituyó uno de los mayores logros de la política exterior argentina.
“Fue el más espectacular triunfo diplomático que consiguió la Argentina en esta materia”, sostuvo al referirse a la Resolución 2065. Rossi destacó la importancia de haber conseguido ese pronunciamiento frente a una potencia integrante del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con derecho a veto. Asimismo, recordó que el organismo internacional nunca reconoció la aplicación del principio de autodeterminación de los pueblos al caso Malvinas, pese a los intentos británicos por incorporarlo a las resoluciones de la Asamblea General.
Para fundamentar sus advertencias, Rossi mencionó como antecedente la opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia en 2010 sobre la declaración de independencia de Kosovo. Recordó que la Argentina intervino en aquel procedimiento en respaldo de Serbia, defendiendo el principio de integridad territorial. Según su interpretación, aquella decisión demostró los riesgos de recurrir a instancias judiciales internacionales que pueden producir pronunciamientos con consecuencias políticas y diplomáticas difíciles de revertir.
Hacia el cierre de la entrevista, Rossi insistió en la magnitud de los intereses territoriales y marítimos involucrados en la Cuestión Malvinas. “Los riesgos que estoy apuntando existen”, afirmó, y cuestionó la posibilidad de dejar una controversia de semejante importancia en manos de un tribunal arbitral. Su preocupación central es que una iniciativa destinada a frenar la explotación petrolera británica termine abriendo una discusión jurídica que afecte los fundamentos del reclamo argentino de soberanía sobre las islas y los espacios marítimos circundantes.
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