Por Emilia Trabucco*
El gobierno de Javier Milei presentó el viernes 22 de mayo en Buenos Aires el primer “Gemelo Digital Social”, una plataforma de inteligencia artificial que cruzará información dispersa en organismos del Estado para diseñar y proyectar políticas públicas. El anuncio se hizo mediante un video institucional difundido en la red social X, sin ley habilitante, sin licitación pública conocida y sin protocolo de protección de datos. El lanzamiento coincide con la estadía en Argentina de Peter Thiel, fundador de Palantir Technologies, la empresa estadounidense que comercializa exactamente este tipo de servicios.
El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, definió al sistema como “un cambio de paradigma” en política social. El video oficial describe tres operaciones. La primera unifica bases dispersas en un repositorio único. La segunda modela escenarios predictivos. La tercera ejecuta órdenes en tiempo real sobre la realidad. Esa última capa es la que distingue al producto que Palantir vende bajo el nombre de Palantir Foundry. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿Quién manejará los datos de los cincuenta millones de personas que viven en el país y bajo qué jurisdicción quedarán?
El concepto gemelo digital proviene del mundo industrial como una réplica virtual de objetos o procesos físicos destinada a optimizar sistemas mediante simulaciones y análisis de datos. Mientras el gemelo industrial modela máquinas o infraestructuras en entornos controlados a través de sensores físicos e IoT, el Gemelo Social réplica comportamientos humanos, dinámicas socioeconómicas y servicios públicos utilizando registros digitales de la vida cotidiana, como transporte, salud o educación.
Su aplicación a políticas sociales en escala nacional tiene pocos antecedentes. El sistema integraría datos hoy dispersos entre el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), salud, educación, migraciones y telecomunicaciones. Sin embargo, el comunicado oficial no especifica qué empresa estará a cargo del desarrollo y provisión tecnológica del sistema, pese a la magnitud y sensibilidad de la información involucrada.
Está confirmado que la categoría “gemelo digital” forma parte del catálogo de Palantir Foundry, plataforma cofundada por Peter Thiel en Estados Unidos. La visita de Thiel a la Casa Rosada semanas antes del anuncio oficial y su permanencia en Buenos Aires adquieren relevancia en ese contexto, especialmente porque la descripción técnica difundida por el gobierno argentino reproduce de manera llamativamente similar los conceptos centrales presentados por la firma estadounidense
La participación de Palantir Technologies en la arquitectura del denominado “Gemelo Digital” argentino abre un debate de fondo sobre soberanía tecnológica, control de la información y dependencia geopolítica. La empresa, cofundada por Peter Thiel —integrante de la red “PayPal Mafia” y figura estrechamente vinculada al complejo político, militar y tecnológico de Estados Unidos— consolidó históricamente su expansión en articulación con el Pentágono, agencias de inteligencia y dispositivos de seguridad estatal. En ese marco, la posibilidad de que una corporación radicada en Estados Unidos administre o estructure una base unificada con información sensible de la población argentina implica que esos datos podrían quedar alcanzados por legislación extraterritorial norteamericana. Las normas estadounidenses de “seguridad nacional” habilitan al gobierno federal a requerir acceso a datos administrados por empresas de su jurisdicción, incluso sin orden judicial ni obligación de informar al país de origen. Esto coloca en tensión no sólo la Ley argentina 25.326 de Protección de Datos Personales —que mantiene al Estado como responsable frente a la ciudadanía— sino también la capacidad soberana de decidir quién controla, procesa y utiliza información estratégica sobre millones de argentinos y argentinas.
Además, la propia definición difundida sobre el sistema plantea la integración de múltiples bases de datos para “detectar patrones”, “proyectar escenarios” y “optimizar decisiones públicas” mediante IA, lo que abre interrogantes sobre su utilización para anticipar conflictos sociales, monitorear comportamientos políticos o intervenir sobre escenarios electorales en un contexto de creciente crisis económica y deterioro de la legitimidad gubernamental.
El anuncio del denominado “Gemelo Digital” no aparece como un hecho aislado, sino como parte de una secuencia más amplia de decisiones estratégicas que profundizan la subordinación política, tecnológica y territorial de la Argentina a los intereses de Estados Unidos. En la misma semana, la Armada Argentina firmó un acuerdo con la Cuarta Flota del Comando Sur estadounidense que define al Mar Argentino como un “bien común global”, una formulación que implica una clara cesión de soberanía sobre un territorio estratégico por sus recursos naturales, rutas comerciales y proyección geopolítica sobre el Atlántico Sur. El convenio —comunicado por la Embajada de Estados Unidos y no por el propio gobierno argentino— contempla transferencia tecnológica, entrenamiento conjunto y la posibilidad de apoyo operativo de marines norteamericanos para neutralizar las denominadas “amenazas marítimas” en la región.
A esto se suma la concreción de la privatización de la Hidrovía Paraná-Paraguay mediante una licitación fuertemente cuestionada, en torno a una de las infraestructuras estratégicas más importantes de América del Sur. La hidrovía concentra buena parte del comercio exterior argentino y del flujo regional de exportaciones agrícolas, minerales y energéticas, por lo que su control excede una discusión meramente económica: implica soberanía logística, capacidad estatal de regulación y control sobre recursos estratégicos. Leídas en conjunto, estas medidas configuran un mismo patrón: la cesión progresiva de capacidades soberanas —territoriales, tecnológicas, logísticas y de información— a actores privados y potencias extranjeras, en un contexto de debilitamiento deliberado del Estado nacional.
El “futuro” que anuncia el oficialismo llega con un panel de mando alojado, en los hechos, fuera del país, en la nube de propiedad privada de una empresa digital que tiene asiento en EEUU. En este contexto de cesión constante de soberanía sobre nuestros diferentes recursos, pareciera que los datos de la ciudadanía son una moneda de cambio significativa. La pregunta sobre si el Estado argentino conservará la capacidad de saber qué se hace con la vida estadística de sus cincuenta millones de habitantes, o si esa capacidad ya está siendo trasladada, junto con la Hidrovía y el Mar Argentino, a manos privadas extranjeras, pareciera ser, por los acuerdos anunciados, una incógnita con respuesta cerrada.
*Psicóloga, Magíster en Seguridad. Analista de la Agencia NODAL y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) en Argentina.
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