Por Carlos Aira
La Asociación del Fútbol Argentino y sus clubes están, una vez más, en el centro de la mira. El botín en disputa no es un trofeo, sino la transformación compulsiva de las Asociaciones Civiles en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Nuestro fútbol, ese ecosistema díscolo que sostiene un modelo organizativo a contramano del mundo, es —como bien sabemos— una pieza vital para la contención deportiva y social de la Argentina.
Estamos a días de una situación inédita. Un conflicto en el cual han sido los propios directivos quienes, en una medida histórica y unánime, decidieron un cese total de actividades entre el 5 y el 8 de marzo. Esta decisión del Comité Ejecutivo de la AFA, que contó con el respaldo de todas las categorías – e incluye a pesos pesados como River y Racing —con la previsible excepción de Estudiantes de La Plata—, no es una pausa deportiva, sino una señal política y judicial de máxima tensión.
INDAGATORIAS Y DENUNCIAS
El aire está cargado de desinformación. En un escenario donde los tanques mediáticos bombardean con ambigüedades y las redes sociales operan desde un anonimato que martiriza la psiquis social con pulsiones de odio, la verdad suele quedar sepultada. Falta periodismo de análisis y sobra obediencia debida patronal. Por eso, hay que decir las cosas como son: esta avanzada del Gobierno de Javier Milei, sus medios asociados y los intereses del Grupo Clarín, se apoya en puntos de presión quirúrgicos:
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La Pinza Judicial: La suspensión coincide milimétricamente con las citaciones a indagatoria de Claudio Tapia y Pablo Toviggino.
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La ofensiva de ARCA: El organismo (ex AFIP) denuncia una presunta evasión de 19.000 millones de pesos. La AFA, en cambio, sostiene que la denuncia es “prematura e infundada” y que los pagos fueron voluntarios, denunciando una persecución para forzar el desembarco de las SAD.
Pero el corazón de la disputa es el Decreto 1212/03. Llegamos al punto que la mayoría de los medios prefiere no explicar: el Régimen Especial de Seguridad Social para el Fútbol. Firmado por el entonces presidente Eduardo Duhalde en 2003, este decreto es el pulmón económico de los clubes; permite pagar cargas sociales mediante un sistema de retención indirecta sobre ingresos (TV, entradas, transferencias). Para un club que sostiene escuelas, predios y disciplinas federadas, el 1212 es la diferencia entre la vida y la quiebra.
En 2019, el gobierno de Mauricio Macri aumentó la alicuota del 1212 y bajó los beneficios. En 2023, el ministro Sergio Massa – en su candidatura presidencial – reestableció el 1212 y amplió su régimen al fútbol femenino e Inferiores. El decreto 70/2023 firmado por Javier Milei en diciembre de 2023 derogó una vez más el 1212.
La batalla por el fútbol argentino ha entrado en una fase de guerra de posiciones donde la ley se interpreta según quién sostenga la lapicera. Ante el intento del Gobierno de Javier Milei de modificar el régimen mediante el Decreto 939/2024 —que buscaba elevar las alícuotas y podar beneficios históricos—, la AFA movió sus piezas en los tribunales y obtuvo una victoria estratégica: el 20 de mayo de 2025, el Juzgado Contencioso Administrativo N° 6 hizo lugar a una cautelar que suspendió los cambios por seis meses y, en febrero pasado, ratificó la vigencia del régimen anterior, mucho más oxigenado para las finanzas de los clubes.
Aquí es donde la controversia se vuelve un nudo gordiano. Por un lado, la AFA se ajusta a derecho y plantea la continuidad del Decreto 1212 bajo el amparo del fallo judicial de febrero. Por el otro, el Ejecutivo contraataca con un argumento administrativo: sostiene que el beneficio del Decreto 510/23 (la ampliación de la era de Alberto Fernández) tenía un plazo de vigencia que ya expiró y que el Gobierno decidió, por omisión deliberada, no renovar.
La trampa del gobierno es quirúrgica al esgrimir que “una cautelar no crea derecho, solo suspende una medida”. Bajo esa premisa, para ARCA (ex AFIP), la AFA está liquidando de menos. De este choque de interpretaciones nace la astronómica deuda de 19.300 millones de pesos: esa diferencia abismal entre el 7% que la AFA paga amparada en la justicia y el 31% del régimen general que el Gobierno pretende cobrar.
El escenario es binario y asfixiante: La AFA dice: “Tengo una cautelar a favor, por lo tanto el 1212 rige y no debo nada”. El Gobierno dice: “Tu cautelar es inaplicable a la deuda previsional; sos un evasor”.
En medio de este fuego cruzado, la deuda de los clubes se vuelve impagable de la noche a la mañana, empujando a decenas de instituciones hacia la quiebra técnica o la cesación de pagos. Es en este punto de asfixia inducida donde aparece el “salvavidas” del oficialismo: las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). El mensaje implícito entre líneas es tan claro como feroz: si no podés pagar las cargas sociales porque te quité el beneficio del 1212, la única puerta de salida para no desaparecer es entregar las llaves al capital privado y a inversores como Foster Gillett. Es, en esencia, una privatización por vía de la insolvencia.
Un detalle a la pasada: se dieron cuenta que en todo este bombardeo mediático, ningún medio y ninguna cuenta falopa de redes habla del 1212. Se se hablara del 1212 el debate sería distinto. Pero la desinformación está a la orden del día.
EL EFECTO TOFONI Y EL DESEMBARCO
En este juego de pinzas, la figura de Guillermo Tofoni emerge como el arquitecto técnico de la transformación. Aquel hombre que desde la era Grondona manejó los amistosos de la Selección a través de World Eleven, hoy es el aliado estratégico del Gobierno. Tras su ruptura con Tapia post-Qatar 2022 y una batalla de demandas cruzadas, Tofoni opera en tándem con la “mesa chica” del poder:
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Federico Sturzenegger: El autor intelectual de la desregulación vía DNU.
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Daniel Scioli: La cara política que vende la “libertad de opción”.
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Juliana Santillán: La armadora de las mesas técnicas para capitales privados.
Tofoni no solo aporta el know-how; fue él quien trajo al país a Foster Gillett, el magnate estadounidense presentado como el primer gran inversor interesado en comprar pedazos de nuestra pasión. Para la AFA, la conexión es obvia: las denuncias de la IGJ sobre “contratos fantasma” e “inconsistencias” buscan asfixiar la caja del fútbol para que los socios de Tofoni encuentren un terreno fértil y barato.
Un detalle que no debe pasar inadvertido. El fútbol global está trabajando para mejorar un tema sensible que es la procedencia de los flujos de dinero de un negocio cada vez más grande. La Argentina de Milei le ha abierto las puertas al desembarco de capitales sin preguntar procedencia ni forma de construcción. Hay gente muy apurada en la política argentina para ofrecer verdaderas catedrales del blanqueo que serían los clubes.
¿COMO SIGUE ESTO?
Es difícil otear el horizonte cuando el aire está tan viciado. La AFA ha decidido no dar la batalla mediática, refugiándose en su carácter de ente privado con normativas propias. En estos días se confimó la mudanza jurídica de la sede hacia la provincia de Buenos Aires, parte de su estrategia de cobertura política ante los diversos embates. Buenos Aires es un territorio más benigno que la Ciudad de Buenos Aires. Mientras tanto, la Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina en un mundo convulsionado, y la sociedad argentina, atravesada por la misma incertidumbre que el fútbol, mira sin saber si lo que viene es una modernización necesaria o el remate final de su identidad más profunda. En esta cancha, por ahora, el partido está suspendido y la pelota, más que nunca, está manchada por la política.
La del estribo: el Club Atlético Lanús – el club de barrio más grande del mundo – obtuvo la Recopa Sudamericana al derrotar a Flamengo en el Maracaná en un partido para todos los tiempos. Lanús no solo derrotó al club con mayor presupuesto del continente, en su camino por la Sudamericana 2024 eliminó a tres clubes brasileños. Un dato: el Club Atlético Lanús es el segundo empleador del Partido de Lanús.
(*) Periodista y escritor. Autor de Héroes de Tiento y Héroes en Tiempos Infames. Conductor de Abrí la Cancha. Radio Gráfica.
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