Por María Laura Morales*
La Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias, RUGE, cumplió diez años. Su orígen se remonta a septiembre del 2015 y en el 2018 se institucionalizó dentro del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). En la actualidad, casi la totalidad de las universidades públicas, nacionales y provinciales que forman parte del CIN tienen una persona designada como representante en la RUGE.
¿Qué se hizo durante todos estos años?, ¿salimos mejores de la pandemia de coronavirus?, ¿cómo repercute en las políticas de género este modelo de país?, ¿dónde están las feministas? Trabajadoras de distintas áreas de género de universidades nacionales y públicas se preguntaron, analizaron y reflexionaron sobre la situación del sistema educativo, el contexto social, político y económico en Argentina.
Victoria Primante, secretaria de Igualdad, Derechos y Diversidad de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) y coordinadora ejecutiva de RUGE-CIN, recordó que el momento de institucionalización de la red conllevó sus respectivos debates. “Fue toda una discusión, si bien en algunos aspectos facilita, en otros encajona o encuadra dentro del funcionamiento de red, es una decisión que sostenemos porque el CIN es el lugar donde tenemos que dar las discusiones si queremos lograr transformaciones“, señaló. Desde la Red están trabajando en una nueva publicación por los diez años del primer protocolo, explicó: “Nos hemos sorprendido de todo lo construido en este tiempo”.
Actualmente en RUGE cuentan con cinco comisiones de trabajo: formación, protocolo, comunicación, políticas de igualdad y diversidad y asuntos legislativos. Allí se producen estadísticas, documentos, informes, entre otros. En todo este tiempo de construcción, con todos los vaivenes políticos y económicos, las trabajadoras lograron trascender la barrera geográfica para encontrarse reunidas en torno a un problema en común con el objetivo de resolverlo o, al menos, caminar hacia ello: poder vivir mejor, en una sociedad libre de violencias y esto nos incluye a todos, todas y todes, personas adultas, adultas mayores, infancias, adolescencias, etc.
Marianela Cano Ponce, abogada y ex responsable de la Oficina de Género contra las violencias de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), considera que es muy importante lograr identificar que la universidad es un reflejo de lo que ocurre en la sociedad y que también allí se dan situaciones que tienen que ser abordadas desde la perspectiva de género.
Ileana Chirinos actualmente coordina el área de violencia de género y diversidad de la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe), de San Luis, y evalúa que en contextos regresivos en materia de derechos humanos es cuando las universidades deben sostener o hacer un mayor esfuerzo para la prevención, el acompañamiento y la garantía de derechos de las víctimas de las violencias por razones de género. “Nos debemos ocupar desde adentro de las universidades porque otro no lo hará”, añadió.
Rocio Cordones, socióloga, trabajadora no docente de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), integrante del programa por la Igualdad de Género, puso en valor el acompañamiento de la región tercera del Ministerio de Mujeres y Diversidades de la Provincia de Buenos Aires. “Frente al desfinanciamiento de las políticas de género que hay a nivel nacional, hemos sido muy acompañadas por el Ministerio, con mucho esfuerzo. Fue fundamental para que podamos seguir acompañando a personas que están en situación de violencias por razones de género”. Además, remarcó: “Como universidad volvemos a reivindicar el compromiso que tenemos con la igualdad de género y derechos humanos”.
Los primeros días de noviembre se realizaron las IV Jornadas nacionales “Haciendo universidades feministas 2025. Tramar, resistir, insistir: políticas de género que se construyen en red”, organizada por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), a través de la Unidad Central de Políticas de Género y RUGE. Estas actividades forman parte de una iniciativa impulsada por diversas universidades nacionales, que busca profundizar los intercambios y debates construidos colectivamente en ediciones anteriores. Participaron más de 500 asistentes, se presentaron 170 ponencias, 80 personas se anotaron para participar de la clínica federal de casos y 70 para el taller de herramienta para la recepción de denuncias desde una perspectiva de género.
María Sofía Ahumada, Licenciada en Comunicación Social, integrante del equipo técnico de la unidad central de políticas de género de la UNC, remarcó: “Estamos muy agradecidas porque este número de asistentes en sus diferentes modalidades nos demuestra que seguir encontrándonos para fortalecer y construir los vínculos institucionales y las redes nos permiten seguir promoviendo una universidad no excluyente y libre de violencias”.
Natalia Kisman está a cargo del área de género de la Universidad Nacional de Moreno (UNM). Ella recordó que desde el 2016 cuentan con un programa de atención, con un protocolo de erradicación de las violencias y que en el 2019 se creó un espacio interseccional de género integrado por distintas representaciones: estudiantiles, docentes, no docentes, trabajadoras y trabajadores de distintas áreas de gestión donde definen la agenda para ir trabajando con la comunidad. Analizó que gracias a todos esos espacios de participación se armó un grupo de mayor militancia e interés con el que impulsan la consolidación de una agenda con encuentros para reflexionar sobre la actualidad desde la perspectiva de la equidad e inclusión. “Desde las universidades seguimos haciendo atención, formación con la Ley Micaela, con actividades de sensibilización abiertas a la comunidad que son un lugar de referencia para seguir dando la discusión de qué tipo de país queremos”, enfatizó.
Julia Saldaño, trabajadora social, secretaria de Género, Diversidades y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), puso en valor los ejes en los que están trabajando: la formación en perspectiva de género y el abordaje de la violencia de género en la universidad. Además de las propuestas de formación en derechos humanos, especialmente hacia las escuelas pre universitarias, y la formación en género con abordaje en la prevención de la violencia hacia las mujeres y las disidencias sexo genéricas. “Este año, la UNT tiene un nuevo protocolo, logramos la reforma del instrumento anterior luego de un arduo trabajo de la comisión. En agosto se aprobó el nuevo protocolo y estamos en una campaña de difusión y capacitación”, remarcó.
En términos generales, el 2025 ha sido un año muy hostil, con acciones de visibilización en las comunidades universitarias y con movilizaciones en defensa del sistema educativo. Desde la Red, entre los desafíos, construyeron datos que contrarrestan fake news y contraargumentos sobre los discursos negacionistas. En RUGE evaluaron que solo con comunicados de repudio no alcanzaba para desarmar la violencia simbólica, mediática e institucional y se dieron a la tarea de construir esos datos que el Estado dejó de registrar y publicar.
El sistema educativo en general y las universidades en particular continúan visibilizando las consecuencias de los discursos de odio, la importancia de las políticas de género e inclusión y exigen al Poder Ejecutivo que adecúe el presupuesto en base a las necesidades de las instituciones y del país. Desde el CIN señalan: “El proyecto enviado no contempla diversos factores críticos, tales como la inflación correspondiente al período restante de 2025; las actualizaciones salariales pendientes; el financiamiento de ciencia, técnica y artes; la ejecución de un plan de obras y equipamiento universitario; y la actualización y ampliación del sistema de becas estudiantiles”.
La pandemia de coronavirus, aunque probablemente no se ha analizado aún con la dedicación que amerita, reforzó prácticas individuales. La digitalización de la cotidianidad terminó por penetrar en lógicas de la propia vida modificando hasta formas de consumo, de vinculación y de percibir la vida misma. Las universidades son uno de los bastiones que aún siguen en pie donde, más allá de las “ofertas virtuales”, lo que se privilegia es el encuentro, el cuerpo a cuerpo, con periodicidad, sin anonimatos. Allí nos pensamos, repensamos, cuestionamos, construimos. Las universidades se encuentran en la mayor parte del territorio nacional, conocen las problemáticas de cada lugar donde están insertas y la forma de resolverlas.
Las políticas de género dentro de las universidades, ya sean de formación, capacitación, construcción de datos, visibilización, acompañamiento y escucha, tienen un impacto positivo en la vida de las comunidades en general, no solo ayudan a las víctimas directas, sino que transforman la vida de todas las personas que habitamos el suelo argentino. Para poder seguir construyendo un país libre de violencias es necesario que el Estado también deje de desfinanciar las universidades.
Ante la pregunta por el lugar donde se encuentran los feminismos, una de las posibles respuestas es: donde siempre, construyendo una patria libre, justa, soberana.
(*) Licenciada en Comunicación Social. Conductora de ¡HEU! Hecho en la Universidad
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