Por Emilia Trabucco*
El 12 de noviembre Cristina Fernández de Kirchner publicó un tuit que volvió a exponer el corazón político y económico de la causa Cuadernos. Escribió: “Ya lo habíamos dicho, en esta opereta judicial de los Cuadernos truchos a los llamados ‘arrepentidos’ habría que llamarlos ‘extorsionados’. Y la verdad, nos quedamos cortos. Porque ahora vemos que algunos de estos ‘extorsionados’ directamente fueron torturados. No hay operetas sin operadores judiciales ni mediáticos. Mucho menos sin un modelo económico impuesto a fuerza de colonialismo financiero con cómplices locales”.
Su mensaje ordenó una secuencia que avanzaba en paralelo. Mientras se conocían testimonios de empresarios que reconocieron presiones para acogerse al régimen del arrepentido, Julio De Vido, ex ministro de Planificación Estratégica, se entregaba en Comodoro Py tras quedar firme su condena en la causa de la tragedia de Once. Esa simultaneidad volvió a mostrar cómo la justicia federal se activa según las necesidades del poder político y económico dominante y cómo funciona como mecanismo de disciplinamiento sobre el campo opositor y la militancia organizada.
En este clima reaparecen las marcas estructurales de la causa Cuadernos. El pasado 6 de noviembre arrancó formalmente el juicio oral de la causa. No solo importa la magnitud de los hechos que se imputan, sino el trasfondo de debilidad institucional, manipulación mediática y sospechas de persecución política que acompañan desde siempre este proceso.
Los cuadernos que Oscar Centeno dijo haber quemado aparecieron fotocopiados. Los peritajes confirmaron múltiples manos escribiendo, faltantes de hojas y más de ciento cuarenta tachaduras. Los cuadernos 7 y 8 presentan un estilo, un nivel lingüístico y una velocidad de trazo distintos del resto. La pericia describió esa diferencia como incorporación de “discurso externo”.
Aunque esos elementos alcanzan para poner en duda todo el expediente, el show mediático siempre funcionó como blindaje. Filtraciones selectivas, cámaras en domicilios, titulares definidos desde el poder económico y una narrativa televisiva diseñada para presentar el caso como sentencia anticipada. Esa puesta en escena fue decisiva para convertir una causa técnicamente débil en un instrumento político.
El régimen del arrepentido revela el método. Ninguna declaración fue filmada, a pesar de que la ley lo exige. El Estado violó su propia norma para sostener un expediente armado. Calcaterra, Roggio, López, Pescarmona, Ferreyra y otros empresarios declararon bajo presión. El armado paralelo operado por Marcelo D’Alessio mostró que la causa se sostenía en una red de inteligencia ilegal conectada con operadores judiciales y mediáticos. Las audiencias actuales confirman presiones, amenazas y beneficios condicionados. La palabra “tortura”, usada por Cristina, describe la coerción psicológica sistemática que hoy empieza a ser reconocida incluso por quienes participaron del proceso.
La semana sumó otro capítulo. Estados Unidos y Argentina anunciaron el Acuerdo Quirno–Rubio, presentado por el gobierno de Milei como “histórico”. El documento es un marco de alineamiento económico y regulatorio sin equivalencias. Washington solo menciona la apertura para carne argentina sin especificaciones. El resto son exigencias hacia la Argentina. El texto establece la aceptación de normas estadounidenses, certificaciones externas para vehículos, medicamentos y dispositivos médicos, fortalecimiento del régimen de propiedad intelectual en favor de corporaciones, eliminación de licencias y controles sanitarios para exportadores norteamericanos y desmantelamiento de barreras no arancelarias. Estados Unidos no asume compromisos equivalentes y mantiene la discrecionalidad de “considerar” beneficios futuros.
Este marco afecta sectores sensibles como alimentos, medicamentos, vehículos y minerales estratégicos y deteriora el margen de negociación del Mercosur. La apertura unilateral y la cesión de soberanía regulatoria colocan al país en una posición subordinada. El Acuerdo Quirno–Rubio, que entrega capacidad estatal a cambio de promesas imprecisas, actualiza la definición de Cristina sobre el “colonialismo financiero con cómplices locales” y muestra su vínculo directo con la ofensiva judicial.
La aceleración del juicio contra Cristina, ya presa y proscripta en el marco de otra causa armada con impunidad, junto al recrudecimiento de la ofensiva contra referentes perseguidos como Julio De Vido, expresa un mismo movimiento del poder real. No se trata de procedimientos judiciales aislados. Es una estrategia que se profundiza en el contexto político actual y que acompaña el ordenamiento económico que busca instalar el acuerdo con los Estados Unidos. El lawfare funciona como estructura de control que habilita reformas regresivas, debilita al Estado y consolida un dispositivo destinado a disciplinar a la oposición política y a su base militante.
La causa “Fotocopias de los Cuadernos” fue construida para intervenir sobre el campo político. Las torturas, las extorsiones y el deterioro deliberado de las condiciones de vida de las mayorías trabajadoras exponen el funcionamiento de una mafia judicial, manejada por los mismos actores económicos, que retoma prácticas de la última dictadura militar y actúa para condicionar a la oposición en un escenario determinado por intereses ajenos a cualquier decisión democrática.
* Psicóloga, Magíster en Seguridad. Analista de la Agencia NODAL y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) en Argentina. Directora del Área de Universidad, Género y Trabajo del DesdeIEC-CONADU
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